Usted está aquí: jueves 9 de noviembre de 2006 Política Si Abascal tiene miedo de aplicar la ley es él quien debe renunciar: Ruiz

La arquidiócesis de Oaxaca asila a cuatro de los principales dirigentes de la APPO

Si Abascal tiene miedo de aplicar la ley es él quien debe renunciar: Ruiz

El mandatario se deslinda de los bombazos en la ciudad de México y pide abrir una línea de investigación contra el secretario de Gobernación

Su visión es muy corta, afirma

ENRIQUE MENDEZ, GUSTAVO CASTILLO; OCTAVIO VELEZ

Oaxaca, Oax., 8 de noviembre. Acremente, antes de ser convocado a Bucareli, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz respondió desde muy temprano a la convocatoria que le hizo el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, de lograr un acuerdo de gobernabilidad o renunciar a su mandato, y dijo que si el funcionario foxista ''tiene miedo de aplicar la ley'' contra el movimiento social oaxaqueño, debe ''abrirse, renunciar y dar paso a otro que sí cumpla''.

Al final de una jornada que se caracterizó no sólo por un temblor de 5.1 grados, sino por nuevas desapariciones forzadas de estudiantes, amenazas y persecución, la arquidiócesis de Antequera-Oaxaca dio refugio y asilo a cuatro de los principales líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), quienes tienen órdenes de aprehensión por la presunta comisión de delitos de sedición, ataques a las vías generales de comunicación e incitación a la violencia.

Flavio Sosa Villavicencio, Zenén Bravo, Florentino López ­vocero del movimiento­ y Macario Otalo Padilla fueron recibidos poco después de las nueve de la noche en el Centro de Pastoral, ubicado en Macedonio Alcalá y Cosijopii, donde dormirán.

Los cuatro dirigentes llegaron a las instalaciones católicas con sus maletas y una computadora; antes de entrar esperaron sentados al pie del busto de Alvaro Carrillo ubicado en la plazoleta del Centro de Pastoral. Los acompañará un integrante de la comisión de seguridad de la Asamblea Popular.

''Corren peligro nuestras vidas y las de nuestras familias''

Dos horas antes, en conferencia de prensa en el atrio de Santo Domingo, los líderes habían hecho pública su convocatoria a la Iglesia católica, a partir de que ­denunciaron­ el gobierno del estado echó a andar una ''guerra de baja intensidad'' para descabezar el movimiento.

''La solicitud de refugio es para continuar realizando nuestras actividades, que son legales. Corren peligro nuestras familias y nuestras vidas. Hay una persecución infame contra familiares y amigos. Es terrible. Y esto da al traste con cualquier posibilidad de diálogo, porque hay una política de terrorismo de Estado contra la APPO'', declaró Flavio Sosa Villavicencio, integrante de la dirección colectiva.

Sosa también informó que se le han concedido diversos amparos contra cualquier orden de aprehensión, por lo que este día reapareció en Ciudad Universitaria, primero, y más tarde en Santo Domingo. Ayer se había resguardado luego de que le filtraron la información de que era buscado por agentes federales.

Por su parte, el gobernador Ulises Ruiz endureció las posiciones y acusó al secretario de Gobernación, Carlos Abascal, de tener miedo de aplicar la ley y ejercer el estado de derecho contra ''quienes violentan la ley, amenazan, condicionan y no quieren el diálogo. Si no cumple con la función, lo que tiene que hacer es abrirse, renunciar y dar paso a un funcionario que sí cumpla'', sostuvo.

Inclusive, luego de que Abascal aseguró que una de las líneas de la Procuraduría General de la República (PGR) para esclarecer los bombazos en la ciudad de México involucra a Ruiz Ortiz, éste reviró en una entrevista con Carmen Aristegui: ''Me deslindo totalmente de ello. Hay que abrir todas las líneas; yo abriría una contra el secretario, porque este tipo de apreciaciones son muy delicadas''.

Para el mandatario, la disyuntiva planteada por Abascal, en el sentido de que si no logra construir un pacto de gobernabilidad, debe solicitar licencia, es ''una visión muy corta'' y la ubicó como parte de ''una embestida sistemática contra mi gobierno''. Según Ruiz Ortiz, para el conflicto en Oaxaca existen más de dos salidas, e insistió que si Abascal ''tiene miedo a la aplicación de la ley y a ejercer sus funciones, si no se buscan alternativas para llegar a acuerdos, quiere decir que la mesa de Gobernación fracasó y que el secretario lo que debe hacer es presentar su renuncia y retirarse del cargo que no puede ejercer correctamente. Si se va a dejar llevar por posiciones radicales, tiene que irse''.

Culpa el gobernador a Fox de ''fallecimientos innecesarios''

Asimismo, en un comunicado de prensa, su gobierno respondió a la posición del responsable de la política interna del país y sostuvo que la gobernabilidad en el estado de Oaxaca ''no puede quedar sujeta a un personaje, aunque éste sea el propio gobernador. Pretender condicionar la gobernabilidad a la situación personal de Ulises Ruiz es atentar contra el Estado mexicano y su Constitución''. Inclusive, responsabilizó de ''la escalada de violencia y el fallecimiento innecesario (sic) de varias personas'' a la falta de atención del gobierno de Vicente Fox, el cual ''fue requerido para que interviniera y restableciera el orden en la ciudad de Oaxaca y, sin embargo, no actuó oportunamente''.

Y agregó: ''A pesar de las múltiples promesas que el jefe del Ejecutivo (Vicente Fox) hizo con respecto a que resolvería el conflicto antes de terminar su gestión, la realidad es otra. Al verse rebasado opta por abandonar el asunto y responsabilizar de todo al gobernador. Es responsabilidad del Estado mexicano, de sus tres órdenes de gobierno y no sólo de Ulises Ruiz hacer prevalecer la gobernabilidad'' en la capital oaxaqueña.

Mientras, estudiantes e integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STUABJO) realizaron este mediodía una marcha a la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que la dependencia deje de bloquear la señal de Radio Universidad, y en repudio a la desaparición forzada, ocurrida en las primeras horas de hoy, de jóvenes que participan en el movimiento. Entre ellos se encuentra Mauricio Marmolejo Rivera, hermano de un diputado federal del PRD por Nayarit.

El sector estudiantil de la APPO denunció que la detención y desaparición de tres de sus compañeros habría sido hecha por presuntos policías locales o paramilitares ''al servicio del gobierno estatal''. En conferencia de prensa en Radio Universidad, Carlos, estudiante de la UABJO, informó que los autores de los hechos sacaron de su domicilio a su compañero Jesús René Trujillo Martínez, ubicado en el tradicional barrio de Xochimilco, quien se encontraba con los universitarios Benito Pereda Fernández y Mauricio Marmolejo Rivera.

Según vecinos, dijo, seis o siete presuntos agentes policiales o paramilitares armados llegaron en varios vehículos, ''golpearon salvajemente'' a los tres estudiantes y luego se los llevaron. Responsabilizó de esta acción al comandante de las Fuerzas Policiales de Alto Rendimiento (FPAR) de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Pedro Hernández, y al director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), Alejandro Barrita Ortiz, así como al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, ''por ser quienes encabezan a los grupos paramilitares''.

El sector estudiantil, en alerta roja ante la desaparición de tres universitarios

Ante ello destacó que el sector estudiantil se declaró en alerta roja porque los tres desaparecidos participaban en las transmisiones de Radio Universidad, y emplazó a Ruiz Ortiz y al gobierno federal a presentar mañana con vida a sus compañeros antes de las 12. De lo contrario, subrayó, los universitarios realizarán ''acciones contundentes y nuevas formas de lucha'' para responder a las agresiones del gobernador. ''Vamos a radicalizar nuestras acciones, no vamos a permitir más ataques'', señaló.

A su vez, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Héctor Pablo
Ramírez Puga, acusó al PRD y a la APPO de las agresiones a las oficinas del partido, que fueron reabiertas este miércoles, después de casi 45 días en que permanecieron cerradas.

Denunció que un grupo de personas ingresó a las instalaciones el 29 de
octubre pasado para saquear los cubículos y originar un incendio, y anunció que presentará una denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables de los daños. El ex vocero del gobierno estatal resaltó que su partido se defenderá ''de todas las formas posibles de quien se atreva a cruzar la puerta del comité y no sea bienvenido''. En la primera evaluación de las afectaciones, dijo que los agresores robaron teléfonos, computadoras y televisores, entre otras cosas.

 
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