Usted está aquí: jueves 9 de noviembre de 2006 Política Más muestras de solidaridad con el movimiento oaxaqueño

Manifestaciones de protesta en Sonora y Querétaro

Más muestras de solidaridad con el movimiento oaxaqueño

CRISTOBAL GARCIA, MARIANA CHAVEZ, ISRAEL DAVILA, ELIO HENRIQUEZ

Integrantes del Frente Amplio Democrático Educativo de Sonora se manifestaron en Hermosillo frente al palacio de gobierno y el Congreso local, en demanda de la salida de la Policía Federal Preventiva (PFP) de Oaxaca, la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz y castigo por los asesinatos ocurridos en esa entidad.

"Nuestro país no puede volver a los viejos tiempos del diazordacismo como método de gobierno, a menos que el Ejecutivo federal y sus aliados del gobierno espurio pretendan hacer estallar mayor violencia y aniquilar a la población", advirtió David Guadalupe Valenzuela, dirigente de la agrupación magisterial.

En tanto, más de 40 organizaciones sociales, así como maestros y estudiantes de diversas escuelas de la Universidad Autónoma de Querétaro, solicitaron al presidente municipal de la capital del estado, el panista Manuel González Valle, que destituya a los secretarios de Seguridad Pública Municipal, Amadeo Valladares, y de Gobierno, Jorge Luis Alarcón, por impedirles manifestarse, detener y golpear a los manifestantes que preten-dían expresar su rechazo a la intervención de la PFP en Oaxaca los días 9 y 10 de octubre, así como el primero y el 2 de noviembre pasados.

De igual forma, los inconformes exigieron que sean sancionados y consignados los elementos policiacos que amenazaron y torturaron a los ciudadanos Antonio Flores, Fidel Vallejo, José Luis Aguilar, Agustín Vilchis, Genaro García y Omar Isaí López tras ser detenidos y acusados de incurrir en faltas administrativas en días pasados.

En un documento que turnaron al edil capitalino, con copia al gobernador, el también panista Francisco Garrido Patrón, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a Amnistía Internacional, los firmantes manifestaron su preocupación de que en Querétaro no se respete el artículo 9 de la Constitución, en el cual se establece que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito para tomar parte en los asuntos políticos del país.

De su lado, el pleno del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) avaló sumarse de lleno a la lucha para lograr la salida del gobernador Ulises Ruiz y con ello distender la presión para buscar una salida pacífica al conflicto en Oaxaca.

Camilo Valenzuela, secretario general del PRD, manifestó que pugnarán por la salida de las fuerzas federales del estado, ya que se demostró que no son la solución al conflicto, sino al contrario, se han convertido en un agravante más.

El pronunciamiento se dio en la reunión previa del CEN del PRD celebrada en Ixtapan de la Sal, estado de México, donde también se convino respaldar a los seis legisladores del sol azteca que han iniciado una huelga de hambre en el patio central del Senado, en demanda de la renuncia del gobernador oaxaqueño.

En Chiapas, la diócesis de San Cristóbal de las Casas pidió al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, que renuncie "en aras de la paz social", ya que "en momentos como el que vive esa entidad no basta invocar la legalidad".

En un documento firmado por los obispos Felipe Arizmendi Esquivel y Enrique Díaz Díaz, y por los siete vicarios, la diócesis manifestó que "es tiempo de generosidad, de renunciar a uno mismo para el bien común".

A la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y a los maestros oaxaqueños les pidió que "en la exigencia de sus justos derechos no caigan en acciones violentas que sólo les exponen a la represión y a que muchos ciudadanos consideren ilegítima su lucha". A los profesores les recordó que "el regreso a clases es un derecho de los niños y de las familias que no se puede lesionar".

Indígenas chiapanecos envían víveres

En esa misma localidad chiapaneca, la organización civil Las Abejas solicitó al presidente Vicente Fox que "garantice las condiciones de acceso en los retenes policiales" a la caravana que este jueves enviará a Oaxaca para entregar víveres a la APPO y para "romper el cerco en que se encuentra la capital" del estado.

"El gobierno mexicano ha recurrido a la fuerza pública y de las armas, agravando la violencia y deteriorando la seguridad pública de la sociedad oaxaqueña en vez de promover e impulsar la paz y la solución justa a las demandas de los pueblos" de ese estado, añadió la agrupación, la cual se prepara para enviar este jueves una caravana de indígenas tzotziles, acompañados por integrantes de la sociedad civil.

 
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