Usted está aquí: Inicio Opinión Punta Colonet y el cártel del Pacífico

Jaime Martínez Veloz/ III
radioveloz@gmail.com

Punta Colonet y el cártel del Pacífico

Cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se dio cuenta de que la Secretaría de Economía en forma inexplicable, sospechosa o cuando menos imprudente entregó una concesión dizque minera en el mismo lugar donde se pretende construir el puerto en Punta Colonet, recurrió a la torpeza que caracteriza a los funcionarios incompetentes. Sin embargo, las penurias de Pedro Cerisola, titular de la SCT; de Eugenio Elorduy, gobernador de Baja California, del ahora promotor y agente de ventas Ernesto Ruffo y de quienes están detrás de ellos se multiplicaron al asociarse el Grupo Minero de Baja California (GMBC) con el consorcio Stevedoring Services of América (SSA) para constituir la empresa Baja California Puerto Enterprise (BCPE), la cual, respaldada por la concesión que le otorgó el gobierno federal para la explotación minera del subsuelo marino, pretende realizar una negociación donde ella administre y opere la tercera parte del puerto de Punta Colonet. Es obvio que a los que se dicen mineros les interesa el negocio portuario, no el minero, por lo que habría que preguntar a los funcionarios de la Secretaría de Economía la justificación que tuvieron para entregar una concesión que se dice minera y está siendo utilizada como arma de presión para obligar a una negociación ilícita para que le entreguen parte de la operación del puerto en una negociación mafiosa y extralegal dirigida por Cerisola.

La respuesta del gobierno a la participación de SSA ha sido de rechazo tajante, aunque aduce que "tiene la seguridad de que al ser una de las principales operadoras de la carga en los puertos de Los Angeles y Long Beach, lo menos que quiere es desarrollar Punta Colonet". Pero además afirman en la SCT que "si se entregaran las concesiones de Punta Colonet a empresas americanas, pudiera ocurrir un bloqueo a los barcos de bandera china, como ya ocurre en algunos puertos estadunidenses".

Sin decir "agua va" y sin consentimiento de los mexicanos, de repente nos damos cuenta de que nuestro territorio ya forma parte de los intereses geoportuarios de extranjeros con las consecuencias que esto implique. Lo contradictorio es que la Secretaría de Economía quiere negociar cuotas antidumping contra las importaciones chinas, pero el gobierno federal, a través de la SCT, aceptó que el consorcio chino Hutchinson Port Holdings posea 60 por ciento de la capacidad portuaria del país.

No obstante la complejidad judicial que pesa sobre el terreno y las playas donde se pretende instalar el puerto, la SCT convenció al presidente Vicente Fox de que emitiera un decreto presidencial que habilita la bahía de Punta Colonet como puerto, sólo que, debido al pleito judicial con el GMBC, la SCT se ha visto impedida para lanzar la licitación pública, lo cual tiene desesperados a los inversionistas chinos y a los amigos japoneses del consorcio Mitsui, de Ernesto Ruffo, porque se les escapa de las manos la gallina de los huevos de oro.

César Patricio Reyes Roel, coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la SCT, durante el tercer Congreso Portuario, organizado por la Asociación Nacional de Terminales Marítimas, informó que ya existe un comité ejecutivo que se encargará de sentar las bases de licitación, que estarán listas este mes, para dar inicio al proyecto portuario de Punta Colonet en Ensenada. La pregunta obligada es: ¿las famosas bases de licitación están diseñadas con sustento en el proyecto formulado por Hutchinson, avalado por la SCT y pactado por el entrometido gobierno de Baja California? De ser así, nos veremos envueltos en un escándalo internacional de consecuencias inimaginables. Sin embargo, justo es reconocer la ignorancia y la avaricia de los funcionarios panistas.

El 1º de agosto pasado el gobernador Eugenio Elorduy anunció la creación de un consejo consultivo para dar transparencia a la licitación de la obra portuaria, pero no informó quiénes eran sus integrantes. Al mismo tiempo, en un intento por desmarcarse de las denuncias, cada vez mayores, declara que el gobierno de Baja California está dedicado sólo a la licitación del puerto y del ferrocarril, y se deslinda de cualquier negocio ligado a la especulación con los terrenos de la zona. Aquí cabe otra pregunta de nuevo: ¿sobre qué bases el gobierno del estado participa como licitador del puerto y del ferrocarril? ¿En qué disposiciones legales se sustenta firmar como gobierno una carta de confiabilidad (sic) con una empresa trasnacional? ¿Tiene esto repercusiones legales para la administración estatal panista de Baja California?

Es evidente que nadie sabe quién integra este "comité ejecutivo" ni tampoco si se destrabará el conflicto con el GMBC, pero lo que se percibe es que a toda costa quieren sacar las bases de licitación antes de que termine el presente sexenio. La próxima semana la SCT hará el último intento por lanzar la convocatoria.

La codicia de los impulsores mexicanos, tal como se ha venido manejando hasta hoy, les ha impedido dimensionar el conjunto de variables que intervienen en el tema y que tienen que ver no sólo con su ganancia como coyotes, o con cuestiones mercantiles, sino también con aspectos más profundos que implican asuntos de seguridad nacional para nuestro país y de relaciones internacionales.

 
Compartir la nota:

Puede compartir la nota con otros lectores usando los servicios de del.icio.us, Fresqui y menéame, o puede conocer si existe algún blog que esté haciendo referencia a la misma a través de Technorati.