Editorial
Las profundas raíces de la tortura en México
Las cuentas alegres del gobierno del presidente Vicente Fox no sólo se refieren a asuntos socioeconómicos, sino también a temas de gobernabilidad y desempeño de las instituciones y funcionarios públicos, como la tortura. Esta semana, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas cuestionó el informe que las autoridades mexicanas presentaron sobre este flagelo en el país. La conclusión de los expertos es que en México los malos tratos y las violaciones a los derechos humanos siguen siendo prácticas comunes de cuerpos policiacos y funcionarios encargados de la procuración de justicia, lo que revela la incapacidad o la falta de voluntad, según sea el caso para resolverlos y ponerles fin.
Las cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) son francamente irreales: de todas las quejas presentadas entre 2001 y el 31 de octubre de 2006, únicamente 2.27 por ciento (92 reclamos) fueron por supuesta tortura. Además, de unas 75 denuncias, sólo se comprobó tortura física y sicológica en nueve y en ninguna se involucró a algún funcionario público o federal.
Estas cifras son más chocantes si se tienen en cuenta los graves sucesos ocurridos durante este sexenio que son del dominio público tanto a nivel nacional como internacional. Uno es el caso de los altermundistas en Guadalajara, Jalisco, detenidos ilegalmente y torturados en instalaciones de la policía estatal: si bien se presentaron 73 denuncias por los abusos cometidos contra los jóvenes manifestantes algunos violados sexualmente, ninguna ha derivado en una acción penal, por lo que estos casos permanecen impunes, de acuerdo con Claudio Grossman, uno de los relatores de la ONU.
Otro caso que tuvo repercusiones internacionales fue el de los ejidatarios y pobladores de San Salvador Atenco. A principios de mayo de este año, la policía del estado de México realizó un operativo que inicialmente buscaba recuperar una carretera bloqueada por los inconformes y derivó en la toma del poblado, acción en la cual los uniformados incurrieron en detenciones y cateos ilegales, uso excesivo de la fuerza lo que quedó registrado en videos y violaciones sexuales y otros maltratos contra 13 mujeres. Hasta el momento las investigaciones prácticamente no han producido ningún resultado.
En el reciente caso del conflicto en Oaxaca, una vez más se ha incurrido en prácticas ilegales, donde ciudadanos arrestados permanecen desaparecidos sin que las instituciones revelen su paradero. Los detenidos no tienen acceso a un defensor de oficio, y las personas que han sido liberadas han denunciado haber sido víctimas de tortura física y sicológica.
Pero estos casos no son los únicos en donde ocurre la tortura: las diversas policías suelen aplicarla para obtener confesiones falsas y fabricar culpables. Las autoridades suelen mal informar a los detenidos sobre los cargos que se les imputan y aplicar regímenes de incomunicación, entre otras irregularidades. En tal contexto, la afirmación de la PGR de que no existen desapariciones forzadas, que las víctimas pueden llevar su propio médico para constatar lesiones sufridas, que ningún detenido declara sin la presencia de un defensor y que las mujeres agredidas no son objeto de interrogatorios hostiles constituye una burla a la ciudadanía y al estado de derecho.
Este panorama indica que la tortura se ha agravado con un peligroso componente de indiferencia cuando no complicidad de los gobiernos estatales y federal, lo que ha llevado al experto Martín Almada, premio Nobel Alternativo de la Paz, a comparar la situación en Oaxaca con los "horrores de la operación Cóndor", pacto criminal que permitió a los gobiernos militares de América del Sur secuestrar, torturar y asesinar a sus opositores en los años setenta.