El gobierno ante la ONU
Como informó La Jornada, los pasados jueves y viernes el gobierno compareció en Ginebra ante el Comité contra la Tortura, para dar cuenta de las medidas adoptadas en nuestro país para prevenir y erradicar ese crimen de lesa humanidad, desde su anterior informe, en 1997. Durante las audiencias, el relator para México, el chileno Claudio Grossman, catedrático de la American University y decano del Colegio de Leyes de Washington, encomió entre otras cosas el valor de las organizaciones civiles de derechos humanos nacionales y extranjeras para documentar minuciosamente casos paradigmáticos de tortura y malos tratos en nuestr nación, teniendo en cuenta los estándares internacionales, señalando además con profesionalismo las causas institucionales y estructurales que la propician a nivel administrativo, y en los sistemas de seguridad pública y de procuración y administración de justicia.
Desde octubre ya se encontraban en la página de Internet del comité los informes de Amnistía Internacional, Global Initiative y la organización nacional Sin Fronteras, dedicada a la protección de los derechos de los migrantes y refugiados en México y Centroamérica, así como las respuestas enviadas con anterioridad por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Este mes el comité recibió también las respuestas de varias organizaciones civiles nacionales de derechos humanos que integran la red Todos los Derechos para Todas y Todos, a la lista de cuestiones presentadas al gobierno sobre la materia.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, junto con la Organización Mundial contra la Tortura, presentaron además un documentado informe adicional sobre el paradigmático caso de Atenco, con un importante anexo de la sección mexicana de la organización Acción de los Cristianos contra la Tortura sobre el mismo caso.
Es importante hacer notar que, como ha sucedido en otros casos y sobre otras materias de derechos humanos en la ONU, los diagnósticos de todas estas organizaciones civiles han servido a los 10 integrantes internacionales del comité para hacerle preguntas oportunas y pertinentes al gobierno sobre la situación real de la tortura en México, y seguramente para hacerle posteriormente las observaciones y recomendaciones que se consideren necesarias. Según estas organizaciones, la tortura en México sigue siendo una práctica común en la mayor parte de las entidades federativas, ocasionada entre otras cosas por la carencia de un marco legal uniforme que la tipifique en los mismos términos en toda la República, de conformidad con los estándares internacionales, y sobre todo por la falta de voluntad política de los organismos de procuración y administración de justicia para investigarla, consignarla y sancionarla.
Perviven además factores que la propician, como la carencia de un sistema penal acusatorio, la ausencia del principio de presunción de inocencia en la Constitución, la falta de autonomía y el monopolio de la acción penal por parte del Ministerio Público, la no independencia de los servicios periciales, la práctica anticonstitucional y el abuso del arraigo, las graves deficiencias en la actuación de la defensoría de oficio, la ambigüedad en la tipificación del delito de delincuencia organizada y el régimen legal de excepción que se le otorga, así como el grave error de pretender combatir la inseguridad pública aumentando las penas y violando derechos humanos.
A estos habría que añadir, igualmente, que no se ha incluido este delito en el Código de Justicia Militar, la noción expansiva que en él se mantiene para extender la jurisdicción castrense más allá de los delitos o faltas contra la disciplina militar, el abuso de la prisión preventiva y de la figura jurídica de flagrancia, y prácticas viciadas, como la ausencia de registros para documentar las detenciones, el no advertir a los detenidos sobre sus derechos en el momento de la detención, el incumplimiento de los plazos establecidos para ponerlos a disposición de un juez o para que éste emita sentencia, y la carencia de estadísticas oficiales coherentes y confiables sobre este delito, etcétera. Todo lo cual configura una situación de impunidad, que en definitiva denota la falta de voluntad del Estado mexicano para erradicar este aberrante delito, punta del iceberg de muchas otras violaciones graves a los derechos humanos.
"Las denuncias penales por tortura han dado pocos, sino es que nulos resultados en la práctica dice el informe proporcionado al comité por la red Todos los Derechos para Todas y Todos, principalmente por la falta de imparcialidad y disposición de las autoridades para sancionar a funcionarios de su propia institución, y paralelamente reconocer la existencia e institucionalidad de la práctica. Normalmente sólo se han iniciado investigaciones por tortura a raíz de recomendaciones de las comisiones públicas de derechos humanos, pero en el transcurso se cambia el tipo penal por delitos menos graves. En el caso de torturas sicológicas, por ser más difíciles de probar, son completamente ignoradas."