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Es urgente reorientar las políticas, afirma el Consejo de Organizaciones Campesinas

La mayoría de las comunidades rurales, excluidas de los servicios financieros

JUAN BALBOA

Ampliar la imagen Al menos 4.5 millones de productores no tienen acceso a los servicios financieros * Archivo

La mayoría de las comunidades y familias de las zonas rurales de México están excluidas del sistema financiero, lo cual ha contribuido a la polarización económica y a la desigualdad de 37 por ciento de la población ­cerca de 35 millones de mexicanos­ que vive por debajo del índice de pobreza, con ingreso menor a dos dólares por día, destaca un estudio realizado por ocho agrupaciones integradas al Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, el cual promueve el acceso a los servicios financieros básicos mediante alguna institución comercial, de desarrollo o social.

Las agrupaciones de dicho consejo (Amucss, ANEC, CNOC, Cepco, Maiz, Red, Mocaf y Unofoc) consideran que es urgente y prioritario crear una política de Estado que se base en una estrategia de sistemas financieros vinculados con una política de desarrollo rural, pues aseguran que al menos 4.5 millones de productores no tienen acceso a dichos servicios.

En la mayoría de las 190 mil localidades de menos de 2 mil 500 habitantes ­un total de 32 millones de personas­ no existen sucursales bancarias y hay escaso desarrollo de organismos de banca social, mientras la de desarrollo, destaca el informe, ha llegado sólo al estrato más desarrollado del sector.

"Se estima que en la última década entre 30 y 60 por ciento del ingreso de las familias rurales ha provenido de fuentes no agrícolas. Lo anterior expresa la enorme diversificación de las economías rurales y la emergencia de microempresas, pequeñas industrias y empresas de integración, que también requieren formas específicas de financiamiento. Existen 219 mil firmas rurales, de las cuales 95 por ciento son generadoras de empleo", señala.

En contraste, asegura que sólo 20 por ciento de productores rurales tienen acceso a crédito con el apoyo de la banca de desarrollo y menos de 6 por ciento de la población accede a alguna forma de sistemas de ahorro.

El análisis resalta que en México existe una banca privada de alta rentabilidad, sin compromiso con el desarrollo: "el moderno sistema financiero tiene índices de rentabilidad que están entre los más altos del mundo, pero su contribución a la economía es pobre y tiene un bajísimo nivel de penetración en el territorio, de apenas 6 por ciento en zonas rurales y de 15 a 25 por ciento en las urbanas".

El sistema bancario mexicano, siempre según el documento, ha generado bajo nivel de ahorro (6.5 por ciento) y escaso índice de crédito (equivalente a apenas 34.9 por ciento del producto interno bruto, contra 80 por ciento que tienen otros países en vías de desarrollo; o el extremo: 221 por ciento del PIB en Estados Unidos), asociado con su concentración en los estratos corporativos de la economía.

Recuerda que durante más de 50 años el sistema financiero rural estuvo dominado por la banca comercial y la de desarrollo. Ambas vías, afirma, fracasaron por su concentración en sectores privilegiados.

Rafael Rodríguez Mayorga, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, expresó que la banca privada no sólo no llega al campo, sino tampoco proporciona créditos a grupos vulnerables. "La falta de servicios financieros afecta el desarrollo de las zonas rurales y la economía de los productores", sostiene.

Para Isabel Cruz Hernández, directora general de la Asociación Mexicana de Uniones de Créditos del Sector Social, es necesario que las organizaciones que tienen visión amplia, autónoma y plural, y que trabajan y luchan por la revalorización de la agricultura campesina y la soberanía alimentaria, hagan una reflexión amplia sobre el tema.

Considera que el acceso a los servicios financieros es condición ineludible para el desarrollo y el combate a la pobreza. La realidad de la economía rural, incluidos los sectores más vulnerables, debe ser atendida por nuevas instituciones mediante diversos servicios financieros: crédito a la producción, crédito rural, ahorro y cambios de cheques, entre otros.

Por ello, las ocho organizaciones campesinas proponen un nuevo esquema de financiamiento para el agro, basado en el orden económico y financiero, así como en la equidad. El sentido de la iniciativa es una "banca para todos en el campo", que posibilite la participación en el desarrollo mediante el acceso al crédito y a formas institucionales de ahorro para amplios grupos, en particular a grupos vulnerables que habitan regiones marginadas y comunidades indígenas.

"Banca para todos permite, sobre todo, imaginar fórmulas de organización financiera no clásicas, como sistemas financieros descentralizados o sistemas solidarios ­mutuales con productos de microfinanzas­, capaces de llegar a los más pobres."

Para lograr viabilidad en el sistema financiero nacional proponen emprender a corto plazo una profunda reforma que permita a las familias rurales, campesinas, comunidades indígenas, productores, organizaciones económicas y sociales, así como a los gobiernos locales, tener la oportunidad de participar organizadamente en el sistema financiero del país.

 
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