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El sexenio foxista fue reprobado en esta materia

Persistente, la violación a derechos humanos: ONU

Pobreza, discriminación e impunidad, causas principales

EMIR OLIVARES ALONSO

Ampliar la imagen Rupert Knox, el padre Miguel Concha y Amerigo Incalcaterra, durante el foro sobre derechos humanos en México Foto: Carlos Ramos Mamahua

Durante la administración foxista fueron persistentes las violaciones a los derechos humanos, sobre todo en temáticas como migración, discriminación hacia los pueblos indígenas, violencia contra las mujeres, precarización del trabajo, ''enorme'' desigualdad de oportunidades, seguridad pública, en casos concretos como feminicidios en Ciudad Juárez, así como represión en Atenco y en Oaxaca, aseguró Amerigo Incalcaterra, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Al presentar un balance del comportamiento del actual gobierno en la materia ­en el contexto del foro Defensores de Derechos Humanos­, Incalcaterra señaló que las tres causas principales que generan violaciones a las garantías fundamentales en México son la pobreza, la discriminación y la impunidad.

Explicó que la pobreza continúa alcanzando ''niveles preocupantes en el país'', y que sumada a las ''enormes desigualdades'' socioeconómicas entre los mexicanos provoca que muchos no accedan al goce y ejercicio de sus derechos. ''La pobreza limita y restringe todos los derechos de una persona, incluidos los civiles y políticos'', por lo que es preocupante que incida en derechos como un nivel de vida adecuado, a la educación de calidad, a la salud, al trabajo y a una vivienda digna.

En torno a la discriminación, el representante de la Oficina del Alto Comisionado refirió que ''se traduce en desigualdades en el ejercicio de los derechos, genera asimetrías y margina y excluye a un número importante de mexicanos de diversos mecanismos públicos de toma de decisiones''. Agregó que este fenómeno genera dificultades en el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, violaciones constantes a los derechos de los reclusos, violencia contra las mujeres, abusos contra migrantes, la trata de personas y restricciones a la libertad de expresión.

Al referirse a la impunidad, Incalcaterra subrayó que provoca desconfianza de los ciudadanos hacia las instancias de procuración de justicia, por lo que los retos son: la modificación del sistema de justicia penal, el combate a la tortura, la seguridad pública, las agresiones contra periodistas y el esclarecimiento de los crímenes del pasado.

En su balance, el representante de la ONU hizo un análisis del comportamiento del Estado mexicano en los ámbitos nacional e internacional. Recalcó que el gobierno foxista continuó con la firma y ratificación de instrumentos universales y regionales de derechos humanos. ''Al día de hoy, México es parte de los siete instrumentos centrales del sistema de Naciones Unidas y de todos los del sistema interamericano.''

Señaló además que es positivo que el país haya ''abierto sus puertas'' al escrutinio internacional de diversas organizaciones de defensa y protección de las garantías fundamentales, por lo que es un reto para la futura administración federal fortalecer la transparencia internacional.

Otro de los logros externos, agregó, fue el reconocimiento de la competencia de los diversos comités universales; de esta forma, cuando algún quejoso agote las instancias nacionales podrá acudir a las internacionales para exigir justicia. Sin embargo, destacó, tras la ratificación del Estatuto de Roma, en México se añadió un párrafo al artículo 21 constitucional, en el que se otorga que en cada caso el Ejecutivo federal, con la aprobación del Senado, podrá reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

''Esta disposición resultaría contraria al espíritu mismo del estatuto, pues deja al arbitrio del Ejecutivo permitir o no a la corte ejercer su jurisdicción sobre aquellos delitos que el Estado fue incapaz o no tuvo la voluntad de juzgar'', expresó.

En cuanto al ámbito nacional, aunque existieron algunos avances como reformas a la ley indígena, la integración de una cláusula para la no discriminación y la ampliación de los niveles de educación obligatoria y gratuita, entre otros, los pendientes que deja la administración del presidente Fox son: ''La sustitución del término garantías individuales por el de derechos humanos a nivel constitucional; el reconocimiento expreso del nivel jerárquico de los instrumentos internacionales de derechos humanos sobre las leyes federales y estatales; el reconocimiento al debido juicio a favor de los extranjeros en los procesos de expulsión, y a la competencia del gobierno federal en relación con los delitos del fuero común relacionados con derechos humanos y que trasciendan el ámbito estatal''.

Asimismo, el balance refiere que ''existen importantes temas que deben ser legislados'', como derechos de personas con VIH/sida; la desaparición forzada; la trata de personas; la protección de los derechos de los defensores de garantías individuales; la violencia contra las mujeres, así como los derechos de personas refugiadas y apátridas.

Una meta pendiente es conseguir que el juicio de amparo ''recupere su naturaleza originaria de garantía de protección de derechos humanos'', por lo que se debe retomar el debate sobre las reformas a la ley de amparo, además de que se debe otorgar mayor autonomía a los organismos públicos de defensa de esas garantías para eliminar sus limitaciones de competencia en torno a derechos laborales y políticos.

En su turno, Rupert Knox, encargado para México de Amnistía Internacional (AI), aseguró que aunque durante el gobierno de Fox hubo avances en la materia, ''aún están pendientes las reformas de justicia'' en las cuales se ha fracasado.

Coincidió en que hacia el exterior se presentaron avances importantes, pero ''en el ámbito nacional no ha habido transformación ni actuación para la protección de los derechos humanos (...) hay una desilusión en estos logros''.

Consideró que en los casos de Guadalajara, en 2004, y San Salvador Atenco y Oaxaca, durante este año, se advierten las deficiencias de los operativos de la Secretaría de Seguridad Pública federal, ''pues éstos no están apegados al respeto a los derechos humanos, por lo que es importante documentar y realmente sensibilizar los hechos mencionados para que las autoridades actúen conforme a sus responsabilidades'', además de que se investiguen y castiguen los abusos, lo cual ''hasta el momento, no hemos visto''.

 
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