Marchan en favor de testigo en el juicio contra el ex represor Miguel Etchecolatz
Miles en Argentina exigen presentación del primer desaparecido en democracia
Buenos Aires, 18 de noviembre. Dolor, indignación y desconcierto expresaron hoy miles de manifestantes que marcharon a Plaza de Mayo, para reclamar la aparición con vida de Jorge Julio López, sobreviviente de varios centros clandestinos de detención durante la pasada dictadura militar (1976-1983), quien desapareció hace dos meses después de dar testimonio en un juicio en el que se condenó a uno de los mayores represores de ese periodo.
La desaparición de López fue un golpe contra los organismos de derechos humanos que luchan contra la impunidad para los responsables de más de 30 mil desapariciones forzadas en el país, delitos imprescriptibles. Es el primer caso de un detenido-desaparecido sobreviviente de la dictadura que ahora desaparece en democracia.
Hasta el momento no hay pistas sobre el caso con sólo algunos testigos que lo vieron caminando en la mañana del 18 de septiembre, lo que hace difícil para los esquemas de la justicia caratular su búsqueda como "secuestro forzado", algo que explicó el secretario de Derechos Humanos del gobierno, Eduardo Luis Duhalde. Sin embargo, organismos humanitarios solicitan el cambio de carátula y que ésta pase a la justicia federal.
La desaparición de López también es analizada como un golpe contra la política de derechos humanos del gobierno de Néstor Kirchner, bajo cuyo mandato finalmente se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, lo que fue refrendado por la nueva Corte Suprema, otro cambio fundamental en el marco jurídico nacional.
La marcha de hoy fue convocada, entre otros, por Espacio 30 Años, Memoria, Verdad, Justicia; Abuelas y Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, e HIJOS, en el contexto de una jornada de movilización en todo el país.
López, albañil jubilado de 77 años, testificó en el juicio para condenar al ex comisario Miguel Etchecolatz su victimario, quien fuera jefe de inteligencia policial en la provincia de Buenos Aires y segundo del general Ramón Camps, considerado uno de los mayores criminales de la pasada dictadura. Durante tres años, de 1976 a 1979, López vivió el horror de los centros clandestinos de detención y fue testigo de los crímenes allí cometidos.
Ayer se produjeron cortes de calles y diversas protestas en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, y también los transeúntes pudieron ver anoche aquí, en las blancas paredes del obelisco monumento emblemático de esta ciudad, la imagen de López en un video y escuchar su voz mientras declaraba en el juicio contra Etchecolatz.
"Otra vez el dolor, otra vez el horror", decían algunos de los carteles que portaban los manifestantes. También los comentarios giraban en torno a las amenazas que sufrieron y sufren diversos organismos humanitarios, a partir de esa desaparición.
A su vez, Kirchner ayer instó a jóvenes militares de una escuela de suboficiales de la Armada a "no cargar con la mochila ensangrentada" del pasado, y sostuvo que debían concebirse a sí mismos como "la nueva generación de nuestros militares (...) el futuro de las instituciones armadas".
Kirchner hizo el exhorto durante la inauguración de la Escuela de Suboficiales de la Armada, que remplaza a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde fueron desaparecidas más de 5 mil personas.
Hace más de dos años el presidente dispuso que la ESMA se convirtiera en el Espacio de la Memoria, con museos y otros destinos en los que trabajan organismos humanitarios.
Satisfacción por la captura de Bordaberry
No todo fue tristeza esta tarde, porque dirigentes de organismos humanitarios se congratularon por la detención del ex presidente de la dictadura que gobernó Uruguay (1973-1985), Juan María Bordaberry, acusado por secuestro y asesinato en Buenos Aires de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como los militantes Carmen Barredo y William Withelaw, en mayo de 1976.
Bordaberry y su canciller, Juan Carlos Blanco, están acusados de delitos de lesa humanidad, enmarcados en la Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur.
En la misma causa hay varios altos militares ahora procesados en Uruguay implicados en crímenes, secuestros e intercambio de prisioneros dentro de esa misma operación, algunos de los cuales se efectuaron en el temible centro clandestino de Automotores Orletti, en esta capital.
El operativo contra Michelini y sus compañeros de tragedia estuvo coordinado por fuerzas uruguayas y argentinas, y comenzó el 18 de mayo de 1976, cuando en distintos procedimientos secuestraron a las víctimas, las que aparecieron ejecutadas y con señales de terribles torturas el 20 de mayo en un automóvil abandonado.
Se comprobó entre otros muchos elementos que en el régimen de Bordaberry (1973-1976), mediante acciones del canciller Blanco, se canceló la validez de los pasaportes de los dos legisladores para cerrarles la posibilidad de salir de Argentina, donde estaban refugiados.
Los crímenes de la dictadura uruguaya permanecieron sin castigo gracias a la Ley de Caducidad de 1986, que permitió instalar la impunidad, rota en estos dos últimos años, cuando el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, demandó investigar la verdad y quedaron exhibidos estos imprescriptibles delitos de lesa humanidad. Actualmente organismos humanitarios uruguayos piden que se anule aquella ley que convalidaron todos los antecesores de Vázquez.
Hoy se conoció también aquí que dos famosos ex fiscales de Milán Giuliano Turone y Gherardo Colombo donaron a las Abuelas de Plaza de Mayo algunos lingotes de oro que pertenecieron a Licio Gelli, el "gran maestro" de la logia masónica Propaganda Due, personaje siniestro con vínculos con dictadores y criminales a los que se investigó y logró condenar.
Los fiscales italianos fueron resarcidos con parte del tesoro escondido en la casa de Gelli y decidieron donarlo a las víctimas
de los crímenes cometidos en los laberintos de mafias y dictaduras; por eso entregaron a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, esta donación, con el fin de ayudar en la búsqueda de unos 500 niños nacidos en cautiverio y robados por militares de la pasada dictadura.