Establece la fiscalía en "informe histórico" que el Ejército no cometió crímenes de guerra
Durante la guerra sucia el gobierno violó el derecho internacional: Femospp
Desde antes de la llamada guerra sucia, el gobierno mexicano sustituyó a la policía con el Ejército en tareas de "represión de alto impacto", por lo que se incurrió en violaciones al derecho internacional humanitario, considera la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), en el denominado Informe histórico a la sociedad mexicana 2006.
En el documento del organismo que dirige Ignacio Carrillo Prieto se menciona que "Luis Echeverría como presidente de la República asumió el mando del Ejército, inició con la estrategia política de contrainsurgencia en el estado de Guerrero", mientras "José López Portillo consideró (para 1982) que había ganado la guerra y que había eliminado al contrincante, (por lo que) adopta una estrategia que busca preservar la imagen del Ejército, alejándolo de las acciones directas de guerra sucia, transfiriendo estas tareas a las policías políticas".
De acuerdo con el contenido del documento de 864 páginas y que ya puede ser consultado en la página web pgr.gob.mx, la fiscalía considera que hubo "perversión de la justicia por parte del régimen autoritario", y que en ese contexto se inscribió el hecho de que se penalizaran los derechos civiles y políticos; se inventaran delitos utilizando la legalidad como mascarada para actos de represión, y se combatiera ilegalmente a los integrantes de los grupos armados, "incurriendo en crímenes de Estado".
Según la Femospp, "no obstante que México no ha ratificado el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 y en consecuencia no está obligado a su observancia, por las circunstancias en que se desarrollaron los hechos investigados, se puede considerar que se incurrió en violaciones al derecho internacional humanitario, por lo que tendrán que ser juzgados", sin señalar una vez más a los personajes políticos que deberían ser sancionados.
Sin embargo, y de acuerdo con fuentes gubernamentales, esta situación podría cambiar en los hechos con la consignación que ya se alista en la fiscalía y que incluye acusaciones contra ex integrantes de la llamada Brigada Blanca que actuaron en Guerrero para terminar con los grupos armados que ahí operaban en los años 70 y 80, principalmente seguidores de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
La Femospp sostiene en su informe que el Ejército enfrentó de tres maneras a los grupos guerrilleros; la primera de ellas, haciendo "tareas de sustitución de la policía y de represión de alto impacto como parte de sus funciones", con apego al llamado Plan DN-II, que contiene las estrategias de contrainsurgencia que las fuerzas armadas deben implementar en casos como ese.
Según el informe, "desde antes que se detectara la actividad guerrillera hasta 1970, el Ejército fue utilizado como uno de los recursos ordinarios tradicionales de uso de la fuerza para dirimir asuntos de política interna y de contención de los delitos.
"Caciques y gobernadores lo requerían para dirimir conflictos sociales de diversa índole, como los suscitados entre las compañías madereras y comunidades, siempre a favor de los primeros; o cuando el gobierno estatal respondía a la protesta popular cancelando las vías de diálogo y negociación, optando por la vía de la fuerza.
"Esta forma de resolver los conflictos sociales, en la que el Estado involucraba al Ejército para sustituir a la policía, culminó varias veces en homicidios masivos. En esta lógica, el Ejército combatió a la guerrilla de la la misma forma con la que enfrentaba a las llamadas gavillas de cuatreros".
A pesar de esa argumentación, la Femospp consideró que lo sucedido fue analizado en su informe como "violaciones al derecho humanitario internacional, y no como crímenes de guerra, a pesar de la participación en ellas del Ejército Mexicano, debido a que no se reunían todas las condiciones requeridas para que aplique el derecho de guerra en conflictos internos".
Una segunda manera en que el Ejército habría sido utilizado por las altas esferas del poder político, según el texto de la fiscalía, fue que durante el gobierno de Luis Echeverría dio inicio la estrategia de contrainsurgencia, y como parte de ésta se cercó a la población y se asedió a la guerrilla de 19721973, y de 1973 a 1978 se cometió "genocidio sistemático".
Así, durante la llamada guerra sucia, según la Femospp, "el móvil de la rebelión" que se vivió en México en esos años "se encuadra dentro de los valores universalmente reconocidos de libertad, justicia, defensa de los derechos, búsqueda de un bienestar al que tienen derecho", mientras que "el móvil del Estado puede caracterizarse que era, consistentemente, egoísta y vil, ya que buscaba preservar un autoritarismo que atropellaba la dignidad humana, y era innoble por los métodos utilizados, fuera de toda legitimidad y legalidad".