Enfrenta déficit de $600 millones al año por la crisis global, afirma el director del IPE
Amaga inminente bancarrota al sistema de pensiones veracruzano
La debacle financiera, por administración ineficiente y fraudulenta, aducen sindicalistas y diputados
Por años fue la "caja chica" de campañas priístas y de jubilaciones jugosas para gobernadores, dicen
Jalapa, Ver., 21 de noviembre. El Instituto de Pensiones del Estado (IPE), que llegó a tener uno de los fondos de ahorro más prósperos del país, se encuentra en inminente bancarrota. Sus directivos atribuyen la deblacle financiera a la crisis mundial derivada del incremento de la expectativa de vida entre los trabajadores.
Con casi 17 mil trabajadores jubilados, que al año absorben casi 2 mil millones de pesos en pensiones, el IPE acumula también, en ese periodo, déficit de entre 500 y 600 millones de pesos.
La situación que vive el sistema de pensiones vercruzano se ha convertido en una amenaza económica para el erario de la entidad, como expuso en su reporte más reciente la calificadora financiera Fitch Ratings, que definió la crisis del IPE como "una contingencia" para las finanzas estatales.
Pero el desbalance financiero del organismo, en opinión de dirigentes sindicales y legisladores, no tiene su principal origen en la estadística de envejecimiento de la población, sino en su "administración ineficiente y fraudulenta".
Durante décadas, el IPE fue considerado la "caja chica" de las campañas electorales del PRI, y cobijo de pensiones privilegiadas para funcionarios que fueron "premiados" por los gobernadores en turno con jubilaciones mensuales hasta 15 veces mayores a la que recibía el resto de los empleados.
Paciente en terapia intensiva
Creado en 1921 con el nombre de Instituto de Compensaciones de Retiro, con el propósito de que los trabajadores al servicio del estado contaran con prestaciones y protección en la vejez, el IPE se convertido en un "paciente que requiere terapia intensiva", dice el diputado panista Sergio Méndez Mahé, presidente de la Comisión de Salud en el Congreso local.
El instituto tiene 75 mil 157 trabajadores activos que aportan una cuota de 11 por ciento de su salario, la cual se suma a la aportación patronal de 13.53 por ciento.
Si bien es la quinta cotización más elevada a nivel nacional, sólo debajo de San Luis Potosí, Guanajuato, Coahuila y Aguascalientes, su situación financiera está catalogada por sindicatos y legisladores en "crisis extrema".
Los fondos recaudados por las cuotas mensuales son insuficientes para cubrir los gastos en pensiones y prestaciones como seguros de vejez, incapacidad, invalidez, muerte, funerales y créditos para adquisición de casas.
Para cubrir estas obligaciones marcadas en la Ley del IPE, la institución ha recurrido en los últimos cinco años a la aportación extraordinaria de recursos por el gobierno estatal para no caer en parálisis de liquidez.
En 2002 fueron asignados 110 millones de pesos; en 2003, 115 millones; en 2004, 220 millones; en 2005, 897 millones, y en este año el monto aportado será de 914 millones de pesos. Para 2007 se calcula que deberá ser de mil 200 millones de pesos, según el estudio Perspectivas y vialidad financiera del régimen de pensiones del estado, difundido por la legislatura local
En 2005 ingresaron por cuotas mil 483.4 millones de pesos; sólo para pago de pensiones a 16 mil 645 jubilados se ocuparon mil 581.6 millones, y con el resto de prestaciones la cifra se elevó a 2 mil millones de pesos.
Los fondos perdidos
"El déficit anda en 600 millones de pesos cada año", reconoce Abel Cuéllar Morales, actual director del IPE, quien asegura que la insuficiencia de fondos es resultado del incremento de la expectativa de vida de los trabajadores; "el problema de los fondos de retiro no es exclusivo de Veracruz, sino mundial", aduce.
Sin embargo, para los diputados de PRD y Convergencia, y para el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en Veracruz (SITEV), la crisis en el instituto tiene origen en la "administración ineficiente" y "corrupción" que ha imperado en décadas.
Ismael Canseco Flores, secretario general del SITEV, asegura que en Veracruz parte de las "reglas no oficiales" es que los gobernadores en turno utilizan el IPE como "caja chica para financiar las campañas del PRI pues sólo hemos tenido gobernantes priístas y para enriquecer los bolsillos de los titulares en turno".
Ejemplifica que antes de las reformas a la Ley del IPE, en 1997, los trabajadores acumularon con aportaciones mensuales desde 1967 una reserva técnica de 3 mil millones de pesos de ese entonces, que se denominó reserva de la primera generación. "Se desconoce el paradero de esos fondos, que ascenderían a 6 mil millones de pesos", apunta.
Los reclamos para esclarecer su destino, añade, nunca fueron atendidos por el consejo de administración del instituto, cuyo presidente es paradójicamente el mismo director del IPE en turno.
A lo anterior se suma la utilización del IPE para premiar los servicios que algunos funcionarios principalmente magistrados, integrantes del gabinete estatal, rectores y catedráticos de la Universidad Veracruzana, por citar algunos han hecho a los gobernantes en turno.
Uno de los secretos mejor guardados es la lista de pensiones de por lo menos 26 personas que cobran al mes hasta 10 o 15 veces más que un jubilado promedio. Su mensualidad, aseguran, es superior a 50 mil pesos.
De los 16 mil 645 trabajadores jubilados en el esquema del IPE, mil 121 absorben 20. 4 por ciento de los recursos destinados al pago de pensiones. Es decir, 6 por ciento de toda la plantilla de jubilados, cobraría casi 400 millones de pesos por año.
Ante el riesgo de un colapso financiero, legisladores del PRD, PAN y Convergencia pugnan por una reforma integral a la Ley del IPE que no sólo modifique los términos de jubilación y fijen un plan emergente para capitalizarlo, sino que acabe con las pensiones privilegiadas e imponga candados para que los ahorros de los burócratas no continúen a voluntad de los gobernantes en turno.