Envía recomendación a Sedena, Gobernación, Marina, PGR, gobernadores y el GDF

Policías y militares, involucrados en captura ilegal de migrantes: CNDH

Denuncia abusos de elementos de seguridad privada en instalaciones ferroviarias de Chiapas

Algunos indocumentados pierden extremidades al ser bajados de trenes en movimiento, señala

VICTOR BALLINAS

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, exigió a los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional y Marina, así como al procurador general de la República, a los gobernadores y al jefe de Gobierno del Distrito Federal el cese inmediato de "las verificaciones ilegales ­detenciones­" contra migrantes que realizan elementos policiacos federales, estatales y municipales, y miembros de las fuerzas armadas sin estar facultados para ello, ya que constituyen violaciones a las garantías individuales.

Al presentar ayer la recomendación número 13 de la CNDH, dirigida a las autoridades referidas, el quinto visitador general del organismo, Mauricio Farah Gebara, resaltó que las únicas instancias facultadas para "detener a personas con el fin de constatar su estancia legal en el país son el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal Preventiva (PFP)".

No obstante, denunció, autoridades municipales realizan operaciones en las inmediaciones de las instalaciones ferroviarias para constatar la presencia de indocumentados que se trasladan en los vagones del ferrocarril hacia el norte del país; "los interceptan, los interrogan sobre su nacionalidad y destino, y al percatarse de que son extranjeros proceden a su detención y puesta a disposición del INM".

Advirtió que estas "verificaciones" ilegales realizadas por elementos no facultados propician que se abra un espacio para que "los migrantes sean objeto de otra clase de vejaciones, como abusos sexuales, principalmente en agravio de mujeres y niños; lesiones, robos y extorsiones, entre otras".

"Sin facultades"

Asimismo, Farah Gebara subrayó que para la CNDH resulta de especial gravedad la conducta de empleados de las empresas de seguridad privada que vigilan las instalaciones ferroviarias nacionales, "que de manera frecuente ­sin tener facultades­ detienen a extranjeros que viajan a bordo del ferrocarril, con el argumento de que no acreditan su estancia legal en México, y los ponen a disposición del INM o de corporaciones policiacas.

"Al privar indebidamente de la libertad a los migrantes, los elementos de seguridad privada incurren en la comisión de diversos delitos, por lo que el INM, al tener conocimiento de esta situación, debe realizar la denuncia respectiva ante la autoridad ministerial competente", dijo.

En conferencia de prensa, el quinto visitador de la CNDH, que tiene a su cargo la atención de los migrantes, aseveró que "se han documentado casos de extorsión, amenazas, maltrato, robo, agresiones, violaciones sexuales y otros abusos, a partir de más de 800 expedientes de queja de indocumentados, abiertos en 2005 y lo que va de este año".

También expuso que en ese lapso se formularon 90 propuestas de conciliación por haberse acreditado violaciones a derechos humanos en las secretarías de Defensa Nacional, en tres casos, y de Marina, uno; la Procuraduría General de la República, un caso; el INM, 32; Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Chiapas, con cinco y dos, respectivamente, entre muchos otros.

Dijo que el gobierno de dicha entidad no ha aceptado las propuestas de conciliación ni las recomendaciones 5/2005, 27/2005 y 14/2006 por verificaciones migratorias ilegales y detenciones arbitrarias de 127 indocumentados efectuadas en su territorio.

Advirtió que la CNDH pide el cese inmediato de esas verificaciones migratorias ilegales, "tanto por razones de orden legal como humanitario", pues el menor de los delitos que cometen esos elementos de seguridad particular es la privación ilegal de la libertad, además de que es frecuente que los migrantes sufran mutilación de brazos o piernas al ser bajados violentamente de los trenes en movimiento.

Asimismo, el visitador hizo un reconocimiento a la Secretaría de Gobernación y al INM "por su disposición a trabajar conjuntamente con la CNDH en favor de los derechos de los migrantes; también elogió que la Sedena haya girado instrucciones a su personal para que se abstenga de realizar esas verificaciones migratorias ilegales, aunque algunos elementos continúan efectuándolas, pero ya es en mucho menor medida".

Resaltó que "la impunidad con que actúan las autoridades encuentra terreno fértil en la medida en que el marco jurídico mexicano considera delito la migración indocumentada, y a los migrantes como delincuentes". Por ello, la CNDH "urge a que se reforme la Ley General de Población".

Aseveró que el andamiaje legal e institucional con que el Estado mexicano enfrenta este fenómeno es obsoleto, ya que dicha ley data de hace tres décadas, con un resultado grave, y en muchas ocasiones trágico, ya que el migrante se ha convertido en víctima idónea de los tres órdenes de gobierno y de las delincuencia común y organizada.