Usted está aquí: sábado 25 de noviembre de 2006 Opinión Agendas ciudadanas de derechos humanos

Miguel Concha

Agendas ciudadanas de derechos humanos

La Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), conformada por 56 organizaciones en todo el país, presentó el pasado jueves su agenda a la opinión pública. Destaca por su concepción integral, actualizada y contextualizada de los derechos humanos en el ámbito internacional; por su análisis de la situación del país al final del sexenio, desde esta perspectiva; por su defensa lúcida de lo que significan para la construcción de un Estado auténticamente democrático, y por su caracterización de los movimientos sociales que los reivindican hoy en México. Al fin y al cabo son ellos los que desde hace muchos años y desde distintas trincheras los vienen reclamando en el país.

Sobre todo destaca porque desde el principio fue concebida y elaborada para dirigirla precisamente a todas aquellas personas y colectivos que los defienden y promueven en sus diferentes actividades, y a aquella parte de la sociedad a la que se los han negado, o han tenido un acceso mínimo y limitado a ellos. Destaca igualmente porque denuncia de forma clara que a pesar de la proliferación de oficinas de gobierno que de algún modo están relacionadas con ellos, y de que el discurso sobre los derechos humanos se ha difundido y extendido en los últimos años, como un tema políticamente correcto e incluso necesario, no se ve sin embargo reflejado en acciones políticas o resultados administrativos eficaces. Por ello la red plantea con acierto su agenda no sólo sobre la base de una transformación de las instituciones encargadas de hacerlos valer, sino antes que nada desde la perspectiva de la participación activa de una sociedad crítica, creativa y comprometida en la construcción de un nuevo modelo de Estado, como es la que ha venido surgiendo en México.

El documento de 140 páginas se compone de diversos temas relacionados con el trabajo especializado y realizado por los distintos grupos que conforman la red: derechos humanos de las mujeres; derechos colectivos de los pueblos indios; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; seguridad y justicia; sistema público de derechos humanos, y defensores y defensoras de derechos humanos. Estos son igualmente los capítulos que contiene este texto, orientado a que la sociedad rescate el discurso de los derechos humanos, del que el gobierno y los partidos han pretendido apropiarse, y refuerce su compromiso con ellos.

Por otro lado esta semana se presentaron también en la Secretaría de Gobernación dos documentos relacionados con los derechos humanos. El segundo informe de ejecución del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH), que recopila las acciones que el gobierno consideró positivas en la materia en el último año, el miércoles; y ayer el primer informe del Comité Coordinador de Seguimiento y Evaluación de dicho programa, en el que participan las organizaciones de la sociedad civil. A diferencia del programa de ejecución presentado por el gobierno, este último señala las fallas estructurales que impiden que el PNDH sea un verdadero instrumento que fije las políticas públicas en la materia. Reitera recomendaciones precisas sobre la necesaria vinculación entre los diferentes poderes del Estado y niveles de gobierno, y subraya la exigencia de diseñar el presupuesto que debe contemplar cualquier programa de este tipo para que pueda ser llevado con éxito a la práctica.

Esta semana comenzó a difundirse también en la Cámara de Diputados la memoria de los encuentros y diálogos que 24 organizaciones civiles de derechos humanos realizaron entre febrero y junio con candidatos y candidatas a la Presidencia de la República y al Congreso. Lleva igualmente por título el de Agenda pública ciudadana de derechos humanos, y señala con precisión los cambios institucionales y legales que se tendrían que implementar por fin en el país para garantizar una verdadera política de Estado en la materia. Plantea, además, los cauces que tendría que seguir la participación ciudadana en las tareas de gobierno, para asegurar la transición democrática en México.

Como es lógico, en estos documentos, que se complementan y muestran las diferentes formas de lucha que las organizaciones civiles han venido emprendiendo en México en los últimos años para promover los derechos humanos, existen muchos puntos comunes, que se señalan como carencias o retos de toda la sociedad en el futuro: la necesidad de una reforma constitucional que los reconozca plenamente y con una mayor jerarquía; el establecimiento del principio de presunción de inocencia como eje del sistema de justicia; el reconocimiento constitucional y legal del derecho a la alimentación y del derecho al agua, así como la necesidad de que las dependencias encargadas de la seguridad incorporen la perspectiva de derechos humanos en sus labores, entre otras.

 
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