Usted está aquí: martes 28 de noviembre de 2006 Política Tareas pendientes en educación superior

José Blanco

Tareas pendientes en educación superior

Con un abrazo afectuoso para Carlos Monsiváis por su reconocimiento, y por sus palabras. Monsiváis dijo que el mayor enemigo de la cultura es "la catástrofe educativa en la enseñanza pública y, quién lo dijera, en la privada". Anoto algunas tareas pendientes en la educación superior (ES).

Una meta central del Programa Nacional de Educación (Pronae) 2001-2006 fue incrementar anualmente el financiamiento de la ES hasta alcanzar uno por ciento del PIB en 2006. Esta meta fue derivada de la adición que se hizo al artículo 25 de la Ley General de Educación. Ni los compromisos del Pronae, ni lo dispuesto por la ley, fueron cumplidos.

Tampoco fue cumplido lo dispuesto por la Ley de Ciencia y Tecnología, la que, de acuerdo con su artículo 9 bis, la inversión anual nacional destinada a la investigación científica y al desarrollo tecnológico, no podría ser menor también al uno por ciento del PIB.

Menos aún fueron atendidos los acuerdos de los trabajos de la primera Convención Nacional Hacendaria, que se comprometió 1) a hacer de la ES un política de Estado, 2) que reiteró el compromiso del Pronae de alcanzar la meta de inversión equivalente a uno por ciento del PIB en 2006, y 3) aún menos, que las entidades federativas incrementaran su aporte a la ES para que, en el mediano plazo, alcanzaran 0.5 por ciento del PIB.

En este año la inversión federal en ES fue 0.55 por ciento del PIB, muy lejos de la meta; en 2005 el gasto estatal fue de 0.15, aún más lejos; y el realizado en ciencia y tecnología, más lejos aún, de 0.21 por ciento del producto.

Es preciso subrayar con fuerza el incumplimiento de hacer de la ES una política de Estado. Enfaticémoslo: no existe política de Estado sin una ley vinculante específica que la sustente, y una institución que la opere. Es inexcusable una coordinación eficaz de las autonomías de las instituciones de ES, sin lo cual no es posible construir una oferta educativa nacional coherente con un proyecto de desarrollo.

La ANUIES ha propuesto llevar la cobertura de ES de un 23 por ciento, que ha alcanzado en nuestros días, a 30 por ciento al final del mandato del presidente electo, quien ha asumido esa propuesta. Se trata de una meta adecuada desde un punto de vista estratégico para el desarrollo, aunque aún está por debajo de la media de la OCDE, de la que formamos parte.

Para alcanzar la cobertura referida sería indispensable hacer constitucionalmente obligatorio el bachillerato. Sólo el cumplimiento de este objetivo elevaría significativamente la instrucción media de la sociedad mexicana.

Téngase presente que la eficiencia terminal actual del bachillerato es de 60 por ciento. Para alcanzar la meta de 30 por ciento de cobertura en ES requerimos elevar sustancialmente la demanda proveniente del bachillerato, conjuntamente con el crecimiento de la oferta educativa.

Adicionalmente, es indispensable llevar a cabo una transformación de fondo en la estructura de la oferta educativa. Un crecimiento mecánico, lineal, de la misma, sería un error inconmensurable. Ya en 2000, con la actual oferta educativa (los cambios habidos no son de gran alcance), sólo 55 por ciento de los egresados podían emplearse en las profesiones que estudiaron. Como resultado de ello, las percepciones cayeron significativamente, dado que una alta proporción pasaron a laborar en ocupaciones que no requieren el nivel de formación universitaria y la dispersión de los ingresos en los profesionales aumentó. Requerimos reconvertir la oferta educativa al modelo 3-2-3 adoptado por el espacio común de la ES diseñado en Bolonia.

En un país necesitado de ampliar sustancialmente la ES, las instituciones educativas, frente a la sobreoferta de profesionales en 10 carreras principalmente, hasta ahora casi solamente se han limitado a establecer topes al nuevo ingreso en esas carreras llamadas saturadas. El propósito de frenar esa sobreoferta no se consiguió porque se tradujo, en gran medida, en la proliferación de instituciones privadas que difícilmente pueden ser llamadas universidades.

Una nueva ley de ES debe asumir entre muchas otras esas reformas y los compromisos financieros que las mismas exigen. Actualmente la asignación de recursos a las instituciones de ES corre por dos vías: una institucional en la que están de por medio diversas formas de evaluación de su desempeño, y otra de carácter discrecional, en el que las Instituciones de Educación Superior (IES) buscan negociar incrementos a sus presupuestos por la vía del lobby; esta segunda vía, por tanto, está sujeta a la fuerza relativa de cada IES. Esta doble vía debe cesar y esa nueva ley debe crear criterios transparentes para asignar recursos de manera equitativa entre las IES públicas, elevando la calidad, cerrando brechas, reformando la estructura de la oferta educativa, ampliando sustancialmente la cobertura, creando criterios claros para la asignación de las aportaciones de las entidades federativas. La planeación de la educación es, por definición, planeación del futuro de la sociedad. Nada más pero nada menos.

 
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