Usted está aquí: viernes 1 de diciembre de 2006 Política Absurdos e ilógicos, los arrestos indiscriminados de la PFP

Crean Comité de Familiares de Presos y Desaparecidos

Absurdos e ilógicos, los arrestos indiscriminados de la PFP

A. URRUTIA, G. CASTILLO, O. VELEZ

Oaxaca, Oax, 30 de noviembre. Las aprehensiones indiscriminadas de ciudadanos que la Policía Federal Preventiva (PFP) realizó el sábado pasado han causado la indignación de la Comisión Diocesana del Arzobispado, la cual consideró los arrestos "absurdos e ilógicos". De igual forma, quedó conformado el Comité de Familiares de Presos y Desaparecidos Políticos, que intentará que los detenidos sean devueltos a Oaxaca ante la imposibilidad de visitarlos en Nayarit.

En conferencia de prensa, Arturo Calvo, integrante de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz cuestionó el desempeño de las corporaciones policiacas y aseveró que en las aprehensiones el criterio aplicado fue la mera apariencia ­el pelo o la vestimenta­, pues al menos han corroborado seis casos en que existe evidencia y claridad de que nada tienen que ver con organizaciones sociales y movimientos; sin embargo, ya fueron trasladados a Nayarit.

Por otro lado, en la explanada de la Iglesia de la Virgen de la Soledad, los familiares externaron su indignación ante la evidente incomunicación en que tienen a los detenidos, el hecho de que hasta su traslado fuera de la entidad se les ofreció asistencia médica, pese a las condiciones en que iban y los cargos que enfrentan.

Los detenidos enfrentan los siguientes cargos: sedición, robo, robo de vehículo, terrorismo, en su modalidad de incendio y "lo que resulte".

La organización de familiares recién creada analiza un plan de acción que implicaría una solicitud de audiencia con el nuevo secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña; una asistencia masiva a Nayarit, y una posible huelga de hambre, todo en función de cómo respondan a sus demandas.

En la concentración aparecieron las fotografías de los familiares detenidos o desaparecidos. Según el abogado que estaría a cargo de coordinar las acciones legales, Casiano Ruiz, aún hay 100 personas que no se conoce exactamente su paradero. Subrayó que a los familiares les ponen condiciones sumamente difíciles para acceder a verlos: acta de nacimiento del detenido y el familiar, acta de matrimonio, en su caso, dos copias certificadas ante notario; identificación de ambos, entre otras.

En rueda de prensa, Calvo dio a conocer que en esta situación se encuentran un albañil, un mecánico, dos trabajadoras de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y un trabajador de una joyería. En todos los casos eran ajenos al movimiento y fueron aprehendidos en condiciones de violencia, por lo que "exigimos" que sean liberados por carecer de culpabilidad.

Calvo señaló que en los seis casos en los que asumirán la defensa jurídica en coordinación con la diócesis de Nayarit, se trata de personas en alto grado de vulnerabilidad, pues inclusive hay un menor de edad que fue trasladado a aquella entidad.

Presentes en la conferencia, los familiares externaron sus preocupaciones por las condiciones en que estén sus familiares y cuestionaron que ni siquiera cuando estuvieron en los penales oaxaqueños de Miahuatlán y Tlacolula se les permitió verlos. Inclusive, dijeron, el personal de los reclusorios llegaron a amenazarlos con que podrían detenerlos a ellos si no se alejaban del lugar.

El representante de la Comisión Diocesana consideró preocupante la situación de derechos humanos que prevalece en la entidad, e insistió en la exigencia de que sean revisadas las condiciones de todos los detenidos, pero especialmente estos casos, por el poco sustento legal y lógico en que se fundamentó su detención.

Es el caso de un albañil de nombre Juan Martínez, originario de San Francisco Coatlán, distrito de Miahuatlán, tiene 12 años viviendo en Oaxaca, tres hijos menores de edad. El sábado pasado tuvo la mala suerte de no encontrar transporte y decidió caminar hasta su casa. En el centro de Oaxaca le tocó ver a mucha gente corriendo y lo agarraron, lo golpearon con toletes, lo lesionaron, le quitaron sus pertenencias y 2 mil 650 pesos que era el sueldo de su semana, le quitaron sus identificaciones, una chamarra y un radio.

José Luis Ramírez trabaja en una joyería y cuando terminó de trabajar iba su casa, pero lo detuvieron los elementos de la PFP, y como lo encontraron en la calle, era sospechoso. El es menor de edad y por tanto debería estar en el consejo tutelar; sin embargo, aparentemente lo enviaron a Nayarit.

 
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