El comisionado para derechos humanos externa su preocupación por desapariciones
Demanda Naciones Unidas que se respeten garantías de los detenidos
El representante de la oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, afirmó que existe una gran preocupación en ese organismo por las detenciones de integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), los motivos de éstas, los traslados de los aprehendidos a diferentes penales y los desaparecidos. Advirtió que no es por medio de la violencia como se solucionarán las protestas de los inconformes.
Las acciones del Estado deben darse en un marco de respeto a las legislaciones nacionales, internacionales, principalmente las relativas a los derechos humanos: "Hay que respetar el derecho a la defensa y al debido proceso, y dar todas las garantías judiciales a las personas" que en un momento determinado pudieran haber cometido un delito, si es que así lo hicieron, puntualizó.
En entrevista con este diario, Amerigo Incalcaterra expresó que la oficina que representa observa una "problemática a nivel nacional" de fenómenos que crean un contexto de violación a los derechos humanos, como la pobreza, la discriminación y la impunidad. De tal manera que de no atenderse dichos asuntos "lo que se produce son situaciones de violencia, como hemos visto en Oaxaca y en otras regiones del país. Atender estos fenómenos debidamente, mediante políticas públicas, es y debe ser la prioridad de todo Estado y de todo gobierno".
Insistió en que la solución al caso Oaxaca debe ser mediante la vía de la negociación: "Es por medio del diálogo como se van a encontrar las principales respuestas a los problemas que tienen las sociedades; el tema de Oaxaca se va a solucionar con un diálogo franco y abierto de todos los sectores".
El funcionario destacó que con el uso de la violencia no se solucionarán las protestas y tampoco puede ser el camino para reclamar los derechos que corresponden, porque ésta no se justifica de ninguna manera.
En el contexto del encuentro El derecho de niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo a participar en la vida cultural, Incalcaterra señaló que es entendible que el Estado actúe para restablecer el orden público.
"Pero siempre hemos pedido, sin embargo, que esas acciones sean respetuosas de los derechos humanos. Estamos preocupados por una serie de detenciones, los motivos de ellas, los traslados de los detenidos y, principalmente, por un número de personas que todavía no sabemos su paradero", puntualizó.
Expresó que uno de los temas que más llama la atención de México a la oficina del alto comisionado es el de la pobreza, por lo cual señaló que este 10 de diciembre será un tema de reflexión que impulsará, porque "la pobreza discrimina, divide y separa".
Es importante que el Estado en su conjunto redoble su esfuerzo para asumir la responsabilidad que le corresponde, lo que implica acciones concretas, apuntó.
En materia de responsabilidad social, Naciones Unidas sugiere articular programas con un enfoque de derechos humanos y no de tipo asistencialista.
Se trata de desarrollar un proyecto en el cual tome conciencia de "sus propios derechos y pueda, en igualdad de condiciones, participar de todos los beneficios que signifique vivir en un estado democrático y social", concluyó.