Confrontación y reconciliación
Reconstruir el tejido social y reconciliar los intereses de los ciudadanos, luego de una elección presidencial llena de agravios y encono, será el primer reto en la ciudad de México. La confrontación de las dos principales fuerzas políticas del país por el poder convierte a los habitantes de la capital en rehenes de una disputa que tendrá, según las circunstancias actuales, una prolongada estancia y amenaza con coartar las garantías civiles a los que los ciudadanos tienen derecho.
Desde las cámaras, los partidos políticos de la derecha, PAN y PRI, advierten con restar presupuestos, que redundarán en servicios públicos acotados e ineficaces; intentan, además, obstaculizar la labor de gobierno en rubros estratégicos como la seguridad y la construcción de obras. Se trata de mermar la capacidad administrativa para disminuir el liderazgo de un gobierno alternativo con respaldo de la mayoría de los votantes que rechazaron en las urnas las fórmulas ortodoxas del manejo económico y las visiones patrimonialistas de la administración pública.
Los primeros indicios se observan en el estado de sitio a los que son sometidos los residentes de colonias populares que enmarcan las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, o las propuestas para reglamentar las movilizaciones sociales, que lamentablemente tienen eco en una facción del perredismo colaboracionista en la ALDF, para echar atrás iniciativas que permitan ampliar los espacios de expresión política como el referéndum, la revocación de mandato o la consulta popular, figuras no contempladas en la propuesta de Constitución para la ciudad de México.
Por eso es urgente y necesario encabezar un gobierno que no siembre el odio, que permita a los adversarios expresar las disidencias, que incluya a los que no sufragaron en su favor, que gobierne para todos, como ejemplo de auténtico liderazgo, en el que prevalezca la razón para que reconozca la fragmentación de la autoridad pública expresada mediante mandato popular en la representación legislativa o delegacional, precautelar la libertad de los ciudadanos que son gobernados, no por un solo partido sino por un gobierno donde caben todos, aun los que se consideran minoría o enemigos.
La tarea no será sencilla, pues necesitará de imaginación, tolerancia, generosidad y de someterse a la autoridad impersonal de la ley, de ejercer las formas republicanas del poder que se manifiestan en la rendición de cuentas a los gobernados, y en asumir la consecuencia de los actos que implican el desempeño de un cargo con responsabilidad y la obligación a los que están sujetos los ciudadanos comunes. A la par, habrá que rencauzar institucionalmente a los sectores marginados de la capital que se sienten agraviados por una elección en la que prevaleció el miedo para elegir libremente, que se vio disminuida ante las autoridades jurídicas y electorales federales que se negaron con argumentos legaloides a contar voto por voto, para disipar la incertidumbre de un resultado apretado y que evidenciaba la participación ilegal del Ejecutivo federal y de los poderes fácticos que participaron en el proceso comicial.
En estos momentos se requiere de un gobierno que no se limite a bien administrar sino a hacer política, sin caer en el espectáculo o la retórica mediática, que en nada beneficia a los electores, sembrando en ellos la desesperanza y la falta de confianza en la voluntad política, tanto como en las anquilosadas instituciones.
En suma, la oportunidad es única; se requiere plantear un gobierno de izquierda renovado, que deje a un lado el anarquismo y la corrupción, que no se coloque al centro de la geografía política, que es lo mismo que la nada, para preservar la voluntad de los poderosos y que sea capaz de construir una nueva dinámica social con principios que busquen eliminar o atenuar la marginación, la concentración del ingreso, los privilegios, las desigualdades, la discriminación, el racismo, la xenofobia, que respete los derechos humanos y que pueda combatir la violencia y la injusticia social que padecemos.