Campesinos de Punta Raza responsabilizan al gobernador de lo que pueda ocurrirles

Denuncian en Nayarit despojo de tierras para la Escalera Náutica

Policías privados y judiciales del estado patrullan armados las playas e impiden el acceso

Aseguran ejidatarios que pretenden pagarles sólo 40 pesos por metro cuadrado; ''es un robo''

JAVIER SANTOS CORRESPONSAL

Punta Raza, Nay., 12 de diciembre. ''Nos contrataron para no dejar pasar a nadie, ni a los campesinos'', dice uno de los policías privados que vigilan esta playa, cercada con varios kilómetros de malla ciclónica. Asegura que no sabe de quién es el predio. ''Aquí nomás viene un ingeniero'', responde, y calla.

En cambio, los ejidatarios de La Peñita de Jaltemba, municipio de Compostela, Nayarit, dicen ser ''los legítimos propietarios'' de los terrenos, que están sobre la playa, y responsabilizan al gobernador priísta Ney González de cualquier represalia ante la resistencia a ser despojados de más de 600 hectáreas.

Debido a que desde el 23 de noviembre los policías armados no los dejan entrar, han abandonado sus cultivos de guanábana, coco, maíz y piña, esta última a punto de perderse, lo cual les causará un quebranto de aproximadamente millón y medio de pesos.

A Punta Raza se llega por el poblado del Monteón, Nayarit. De ahí hay que viajar unos cinco kilómetros por un camino de terracería flanqueado por montañas, palmeras, frondosos árboles y un río.

Es domingo por la tarde. Saltan a la vista dos residencias con habitaciones para turistas y una palapa con una casa de campaña. En una colina se observa una mansión. En la entrada a la playa de Higuera Blanca se construye una caseta de control.

Policías judiciales del estado, provistos de armas largas, realizan patrullajes frecuentes para evitar que la gente ingrese a la playa o que los campesinos intenten retomar las tierras. Más de diez agentes llegan en dos camionetas. El ambiente es tenso.

Punta Raza está en un lugar estratégico y forma parte del proyecto federal de la Escalera Náutica.

El ejidatario Flavio Gómez Covarrubias dice que con tanta gente armada no pueden hacer nada. ''Es el patrimonio de nuestra familia. ¿Cómo lo vamos a dejar? Es un robo lo que nos están queriendo hacer'', añade.

Cerca de ahí, en el poblado Los Ayala, pagan el metro cuadrado en mil 800 pesos y en Sayulita dan mucho más, pero ''a nosotros nos lo quieren pagar en 40 pesos''.

Gómez Covarrubias señala que el acoso del gobierno y la invasión de tierras se ha dado en tres frentes: a orillas de La Peñita de Jaltemba, hacia Sayulita y en Punta Raza. El gobierno estatal, dice, ha ''maiceado'' (sobornado) a por lo menos cinco comisarios para dividirlos y reprocha que no los hayan detenido a pesar de que tienen órdenes de aprehensión por delitos graves contra el ejido.

Encarcelado hace dos años por despojo, cuando ''yo tenía la posesión'' y se comprobó que tenía la razón, señala que decenas de ejidatarios de Sayulita, Punta de Mita y La Peñita de Jaltemba están arrepentidos de haber malbaratado sus tierras. ''Nosotros no queremos que nos pase eso. Que se nos liquide a un precio razonable, al valor comercial de los terrenos cuando se haga dicha liquidación'', para lo cual debe investigarse con empresas de bienes raíces. Después ''estaremos de acuerdo en que tenemos que dejarle una parte de terreno al gobierno del estado'', señala este campesino de Monteón.

Advierte: ''no queremos que nos impongan'' los precios de los terrenos. Asimismo dice desconocer quiénes son los supuestos inversionistas de Punta Raza. ''El gobernador Ney dice que ya vendió, pero no nos dicen a quién.

''Son tierra codiciadas. Nosotros tenemos unas concesiones que nos dio el gobierno federal y están invadiéndonos la zona. Eso es un atropello, porque aparte de que ya tenemos la concesión no tienen por qué privarnos la entrada a la playa''.

Relata que desde el 23 de noviembre, cuando se apoderaron del ingreso a la zona federal, los grupos armados impiden a los campesinos ir a ver sus siembras, muchas a punto de perderse.

Los ejidatarios Flavio Gómez, Florentino Topete de Jesús y Luis Alberto Martínez Aguirre, entre otros, piden la intervención inmediata de organismos de derechos humanos y del gobierno federal, pues, lejos de recibir apoyo del gobierno estatal, éste ''nos acosa, nos amenaza, nos rompe los lienzos'', y seis campesinos ya han sido detenidos.

''¿Cómo es posible que nos acusen de despojo si nosotros tenemos la posesión?'', señala, y recuerda que la detención más reciente ocurrió hace tres meses.

Florentino Topete relata que han interpuesto quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Procuraduría de Justicia de Nayarit, sin respuesta, por lo que acudirán a instancias federales.

Aseguran que el conflicto viene desde los años setenta, cuando el gobernador era Celso Humberto Delgado.

''Nos expropió el gobierno federal y de éste pasó al gobierno del estado''. De ahí en adelante, dice, dejaron de cumplirse los contratos y convenios con las autoridades federales.

Otros ejidatarios dicen que la Policía Judicial y otras dependencias han intervenido sus teléfonos para controlarlos. Con estos abusos, afirma, el primero que está contra el progreso es el propio gobierno del estado. ''Vamos a llega hasta donde se pueda'', resume.