Usted está aquí: viernes 15 de diciembre de 2006 Mundo Ordena juez argentino extraditar a 6 paraguayos acusados de secuestro

En el plagio estaban involucrados policías y militares

Ordena juez argentino extraditar a 6 paraguayos acusados de secuestro

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 14 de diciembre. El juez federal argentino Ariel Lijo falló este jueves en favor de la extradición de seis ciudadanos paraguayos, la mayoría dirigentes campesinos que fueron acusados de un secuestro extorsivo, sin que haya pruebas de ello, en el que aparecieron involucrados desde el principio policías y militares.

A mediados de 2005, las autoridades de Paraguay acusaron a los paraguayos, junto con otras personas, del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas Grau. La joven fue secuestrada el 21 de septiembre de 2004, y su cadáver apareció a principios de 2005.

Lo anterior ocurrió en momentos de aguda crisis en el gobernante Partido Colorado, después del asesinato del vicepresidente Luis María Argaña, en 1999, que provocó que Cubas Grau dejara el poder y se refugiara en Brasil.

Los campesinos, varios de ellos del Movimiento Patria Libre (MPL), llegaron este año a Argentina, después que la Cámara del Crimen de Paraguay dictó sus prisiones preventivas pese a que el juez Pedro Mayor Martínez los sobreseyó de toda responsabilidad ante la falta de pruebas.

Ya en Argentina, los seis campesinos fueron detenidos violentamente cuando solicitaban refugio en la sede del Comité de Elegibilidad para Refugiados, que depende del Ministerio del Interior.

Lo único que los incrimina es la declaración de un supuesto militante del MPL que los señaló como participantes en una reunión donde se habló del secuestro.

En Paraguay, 12 militantes de Patria Libre y dirigentes campesinos recibieron sentencias de entre 18 y 30 años de prisión, únicamente por haber sido señalados por este testigo.

"No hay ninguna otra prueba", denunció aquí el abogado paraguayo y defensor de derechos humanos Martín Almada, premio Nobel Alternativo 2001.

Este caso, que busca involucrar a militantes del MPL, recuerda otro del 17 de enero de 2002, cuando fueron secuestrados los máximos dirigentes del movimiento, Juan Arrom y Anuncio Martí. Dos días después otros tres simpatizantes del mismo partido, Víctor Colman, Ana y Jorge Samudio, fueron detenidos y torturados acusados del secuestro extorsivo de María Bordón.

El 20 de enero, la policía daba como "prófugos" a Arrom y Martí y comenzaba a hablar de una supuesta implicación del MPL con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, preparando un montaje donde éstos aparecerían "muertos en un enfrentamiento" al intentar huir por la Triple Frontera (Paraguay, Brasil, Argentina).

Pero el 30 de enero, Arrom y Martí ­que eran torturados para que confesaran su supuesta participación en el plagio­ fueron rescatados gracias a la movilización de la familia Arrom y organismos humanitarios. Ambos están ahora refugiados en Brasil.

En el caso actual, se dejaron de lado las investigaciones y las denuncias contra grupos policiales paraguayos responsables de una serie de secuestros extorsivos en ese mismo periodo.

Coincidiendo con la inmunidad otorgada por Paraguay a las tropas de Estados Unidos a finales de 2004, la estadunidense Oficina Federal de Investigaciones en Asunción intervino para desviar la causa, llevándola al plano político, en el contexto de la campaña de Estados Unidos para imponer la militarización de la Triple Frontera, como denunció Almada.

Pese a todo esto, Lijo dictó sentencia aunque también aseguró que informará a la cancillería sobre "posibles irregularidades en la causa" en que están imputados Agustín Acosta González, Arístides Vera Silguero, Roque Rodríguez Torales, Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardozo Giménez y Gustavo Lescano Espínola.

Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, advirtió sobre la gravedad en esta causa a "todas luces muy armada", y los abogados defensores recordaron que la persecución al MPL está en el esquema de la política de criminalización contra los grupos campesinos para impedir sus protestas", cuando organizaciones humanitarias paraguayas advierten que al finalizar este año son ya 200 los labriegos asesinados y desaparecidos en zonas rurales.

 
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