Usted está aquí: viernes 15 de diciembre de 2006 Política Acuerdan PAN, PRD y PRI apurar debate del presupuesto

Propone el sol azteca suprimir regímenes especiales

Acuerdan PAN, PRD y PRI apurar debate del presupuesto

Detectan diputados doble asignación de recursos a Pemex

ENRIQUE MENDEZ, ROBERTO GARDUÑO

Los coordinadores de las fracciones de PAN, PRD y PRI en la Cámara de Diputados acordaron ayer acelerar la discusión del paquete económico 2007, con la intención de que sea aprobado la próxima semana, aunque algunos legisladores de esos partidos anticiparon que la votación del Presupuesto de Egresos podría ocurrir hasta el día 28. También convinieron en conformar un grupo de 12 diputados ­cuatro por cada partido­ que concentren la información sobre ingresos, reasignaciones y monto total del gasto para presentar una propuesta a las comisiones.

De hecho, la Junta de Coordinación Política acordó realizar sesiones de lunes a martes de la próxima semana; en tanto, desde hoy y hasta el domingo sesionará la Comisión de Hacienda para avanzar en el dictamen de las iniciativas de la miscelánea fiscal.

Como parte de las negociaciones, la bancada panista propuso a la del PRD aprobar el incremento de tres pesos por cajetilla de cigarros y de 5 por ciento al precio de los refrescos, y el sol azteca puso sobre la mesa una propuesta de reforma a los regímenes especiales, para acotar o suprimir el régimen consolidado que permite a grandes empresas, sobre todo trasnacionales como Wal-Mart, eludir impuestos.

El vocero de la fracción perredista, Luis Sánchez, aseguró que suprimir este privilegio fiscal a los consorcios implicaría obtener ingresos por 400 mil millones de pesos adicionales, esto es 4.9 por ciento del PIB.

Asimismo, en la revisión de las iniciativas de ley de ingresos y de miscelánea fiscal, el PRD encontró diversos rubros en los que se podría obtener una bolsa de de 100 mil millones de pesos adicionales, que buscará sean reasignados en educación, cultura, política social, campo, estados y municipios.

En contraparte, el diputado panista Manuel Minjares, integrante de la Comisión de Hacienda, afirmó que el monto que puede reasignarse no superaría los 39 mil millones, porque "hay estrechez".

A diferencia del PRD, evaluó que en los ingresos petroleros "no hay margen de maniobra", y dijo que la fórmula para subir la estimación por barril de crudo de exportación incrementaría el precio entre 12 o 13 centavos de dólar, "cantidad ínfima que no hace una diferencia fundamental en el presupuesto".

Sin embargo, Luis Sánchez informó que se encontró una doble asignación de recursos a Petróleos Mexicanos, ya que se le darían no sólo mediante el Fondo de Estabilización Petrolera, sino que se pretende canalizarle 30 mil millones de pesos más para el mismo objetivo por medio de la Ley de Presupuesto.

Al respecto, el también perredista Juan Guerra Ochoa, integrante de la Comisión de Presupuesto, dijo que el monto máximo a asignar a ese fondo, como estipula la fórmula de cálculo establecida en el artículo 19 del proyecto de presupuesto, es de 51 mil 400 millones. Además, explicó, en ese rubro ya existen 28 mil millones, y el gobierno federal pretende que se le asignen 54 mil millones más.

"Entonces, sobran 30 mil millones que no pueden quedarse ahí como guardadito, porque sería ilegal".

También desgranó otros rubros donde podrían encontrarse recursos a reasignar: una subestimación de ingresos por 50 mil millones, un costo de la deuda sobrestimado en 10 mil millones y el recorte de 10 mil millones a las entidades autónomas, incluidas las dos cámaras del Congreso, el Instituto Federal Electoral, el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dijo que en el caso de la Corte y del Consejo de la Judicatura se buscará no aprobar el presupuesto que quieren para construir un helipuerto. "Supongo que también querrán comprar un helicóptero. Pero ellos tienen guardaditos, y con los salarios que tienen sería absurdo aprobarles más recursos", declaró.

Podríamos ir con el PAN, dicen perredistas

Respecto a las conversaciones con Acción Nacional para la negociación del paquete económico, refirió que si la bancada blanquiazul acepta modificar el régimen consolidado, "podríamos ir" con el PAN en los temas que a éste le interesan, como los gravámenes adicionales en tabacos y refrescos.

"Les planteamos que el régimen consolidado se establezca al menos en 60 por ciento, o que se derogue", dijo. Y es que, abundó, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, México recauda poco menos de 10 por ciento del PIB, en comparación con otros países de Europa, así como Estados Unidos.

Afirmó que los regímenes de excepción "son parte de una cultura de la corrupción, que se implantó en la época de los gobierno del PRI, que en lugar de facilitar la inversión productiva no se cobran impuestos bajo una lógica falsa de rentabilidad".

Por su parte, el IFE justificó ante los diputados su solicitud de presupuesto por 8 mil 154.6 millones de pesos, pero en el desglose de sus erogaciones no se establecen los recursos que se destinarán al gasto corriente ni a los salarios de los consejeros y los altos funcionarios electorales.

Al defender esa cifra, que contrasta con el ejercicio de un año no electoral, el IFE aseguró que del total, 5 mil 255.3 millones se destinarán a gastos de operación, como la actualización del padrón electoral, y otros 2 mil 899.3 millones a prerrogativas a partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales.

Según el IFE, su presupuesto base es de 4 mil 300 millones de pesos, "en términos reales, casi equivalente al ejercido en 2004, último año poselectoral".

En el desfile de solicitudes de recursos a San Lázaro se sumaron también los alcaldes que integran la Asociación de Municipios de México, quienes plantearon un incremento de entre 20 y 35 por ciento al fondo de participaciones a estados y municipios, así como establecer la obligación de instituciones y dependencias públicas federales de pagar el predial.

El edil de Ecatepec, estado de México, José Luis Gutiérrez Cureño, explicó que en este momento existe un régimen de excepción y las dependencias no pagan ese gravamen.

 
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