Se paraliza el municipio de San Juan Yaeé porque no se pueden realizar trámites
Por esperar a su hija, detienen y envían a penal de Nayarit a edil oaxaqueño
Oaxaca, Oax., 14 de diciembre. La vida comunitaria y el desarrollo del municipio de San Juan Yaeé ubicado en la Sierra Norte de Oaxaca están paralizados desde el pasado 25 de noviembre, luego de que el alcalde Javier Sosa Martínez, indígena zapoteco, fue detenido en esta capital y encarcelado durante los enfrentamientos entre fuerzas federales y seguidores de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
"Sin él no se puede hacer ningún tipo de trámite ni trabajos", dijo Virginia, hermana de Javier Sosa. Sostuvo que el edil y otros ciudadanos hoy presos en el penal de mediana seguridad de San José del Rincón, Nayarit, "nada tuvieron que ver con las cosas" que se les imputan.
"Mi hermano no participó en nada, había llegado de la comunidad a una comisión (a hacer trámites), y aprovechó para ir a recoger a su hija que llegaba de Reyes Etla después de ir a un curso de danza. La estaba esperando a eso de las 8 y media de la noche en la parada del camión, cuando vio gente corriendo (por la avenida Héroes de Chapultepec) porque llegaba la policía y pensó que por ahí venía la niña, entonces se quedó a ver y fue cuando lo agarraron", contó.
Destacó que el presidente municipal fue golpeado por elementos de la Policía Federal Preventiva, y después se le trasladó al reclusorio regional de Miahuatlán de Porfirio Díaz, de donde fue llevado a Nayarit.
"Nos habló por teléfono de Miahuatlán y lo fuimos a ver. Un hermano entró y lo vio muy golpeado, y cuando yo iba a entrar (al penal) la gente de ahí nos dijo que se suspendían las visitas porque iban a comer los presos y nos sacaron a empujones. Pero nos engañaron porque en ese momento llegaron dos helicópteros para subirlos. Iban esposados, agachados para que no nos vieran. Los llevaban (los policías) agarrados de la nuca para que no voltearan", relató.
Añadió que en el penal de Miahuatlán nadie informó a dónde trasladaron a los 141 detenidos por la PFP. "Llorábamos, gritábamos, pedíamos que nos dijeran a qué lugar se los llevaban, pero simplemente nos dijeron que no sabían. Uno de ellos (los custodios) nos dijo 'váyanse y más vale que se cuiden lo que están haciendo' y nos fuimos, ya nada teníamos que hacer ahí", narró.
Acotó que después de varios días, la familia pudo saber que el alcalde se encontraba en Nayarit y fueron a verlo a San José del Rincón. "Lo vimos muy afligido y preocupado por su familia y comunidad. Pero también indignado porque fue torturado física y sicológicamente. Nos dijo que los policías los amenazaron que si hacían algún movimiento, los iban a tirar al mar (desde un helicóptero) para ser comida de los tiburones", refirió.
La comunidad verá cómo sacarlo
Ahora, "el pueblo verá la manera de cómo sacarlo" porque "la comunidad no puede seguir así", dijo Virginia Sosa. "La familia y el pueblo exigen su liberación inmediata; aparte de que le hace falta a su esposa e hijos, no se puede hacer ningún trámite sin que esté, por lo que se han paralizado todos los trámites y los trabajos en el pueblo", agregó.
Por otra parte, una brigada internacional de observadores y de apoyo a Oaxaca, integrada por sindicatos de maestros y organizaciones sociales de países de Sudamérica, Canadá y Estados Unidos, visitará Oaxaca el próximo domingo "para constatar las violaciones a los derechos humanos, y ofrecer al pueblo oaxaqueño su respaldo ante la represión desatada por los gobiernos federal y estatal", informó la secretaria de Asuntos Profesionales de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Raquel Cruz Silva.
Precisó que en esta misión participarán la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, integrada por Canadá, Estados Unidos y México, así como las organizaciones Red Seta y Fonca, compuesta por activistas de Colombia, Venezuela y Argentina.
A su vez, el sector estudiantil de la APPO se manifestó frente a la Rectoría de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) a fin de exigir la liberación de 13 estudiantes de las facultades de Arquitectura, Derecho y Ciencias Sociales, Medicina y Sociología, así como de trabajadores de la institución detenidos el 25 de noviembre.
En tanto, la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv) reinició transmisiones en el Canal 9 y en su estación de radio de frecuencia modulada después de cuatro meses, con la custodia de agentes de la Policía Preventiva del Estado.