Usted está aquí: lunes 18 de diciembre de 2006 Estados Indaga CIDH abusos contra periodista

Lleva casi un año preso en Culiacán; denunció colusión entre policías y delincuentes

Indaga CIDH abusos contra periodista

JAVIER VALDEZ CARDENAS CORRESPONSAL

Culiacán, Sin., 16 de diciembre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos investiga supuestos abusos, tortura y otras violaciones a las garantías del periodista Olivier Acuña Barba, preso en el penal de Culiacán desde enero.

El Comité Contra la Tortura, con sede en Ginebra, Suiza; el relator especial de violaciones a la libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas, Lupoli Luca; la Fiscalía Especial de Agravios contra Periodistas de la Procuraduría General de la República (PGR), y las comisiones estatal y nacional de derechos humanos también siguen el proceso contra el comunicador.

Acuña Barba, reportero de medios nacionales e internacionales durante casi 20 años, permanece preso acusado de asesinar a Loreto Antonio López Carvajal, quien tenía antecedentes penales por robo. Fue detenido el 24 de enero de 2006, cuando agentes de la policía ministerial de Sinaloa, sin uniforme ni insignias, irrumpieron en su casa y lo sometieron frente a su esposa e hijos en la colonia Juntas de Humaya, en Culiacán.

Ahora está sujeto a dos procesos: el juzgado séptimo sigue el expediente 02/2006, por homicidio, y en el juzgado tercero se le imputan amenazas de muerte y allanamiento de morada, de acuerdo con el expediente 314/2005.

Olivier Acuña pidió la intervención de organismos de derechos humanos, del gobernador Jesús Aguilar Padilla y del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Robos, agresiones y denuncias

Acuña Barba publicó en junio de 1999 el primer número de su revista, Sinaloa 2000, en la cual denunciaba la colusión entre el crimen organizado y agentes de la policía ministerial del estado (PME) en homicidios, robos de automóviles y otros delitos.

Su vecino, Jesús Gilberto Soto Lozoya, aparente líder de una banda dedicada al robo de automóviles, así como a procesar y vender drogas, empezó a hostigarlo.

Según Amada Carina Carrillo, esposa de Olivier, Soto Lozoya los vigilaba constantemente y habría ordenado a supuestos compinches meterse a su casa y negocios ­un minisúper y un billar­. Estos hechos fueron denunciados inútilmente.

Tiempo después fue invadido un terreno de unos 8 mil metros cuadrados ubicado en la calle Amapola, colonia Juntas de Humaya, que la familia del periodista pretendía vender.

Los afectados interpusieron una denuncia y 13 personas fueron detenidas y consignadas. La respuesta fue inmediata: ''O retiras la denuncia o los vamos a matar'', le gritaron una noche, desconocidos que apedrearon su casa.

Pero el juzgado primero de lo penal negó órdenes de aprehensión. Sólo una persona, Andrés Torres Rubio, permanece arrestada por despojo.

En 2004 Olivier interpuso ante la delegación estatal de la PGR una denuncia en contra de Soto Lozoya, a quien acusó de procesar y vender drogas en su domicilio, en Amapola 1459. La PGR citó a Acuña a declarar el 27 de diciembre de 2004 y luego elementos de la Agencia Federal de Investigación catearon el inmueble, donde encontraron químicos para procesar heroína y pequeñas cantidades de mariguana. No hubo detenidos.

Loreto Antonio López Carvajal fue asesinado el 5 de octubre de 2005. El 14 de enero de 2006 Acuña Barba y sus vecinos, Martín García Ochoa y Javier Estrada Acosta, fueron detenidos por agentes de la Unidad Modelo de Investigación Policial, cuerpo de élite de la PME.

Unos 50 agentes sin uniformes, placas ni vehículos con identificación oficial rodearon la casa y con engaños detuvieron a Olivier Acuña, mientras mantenían a su familia secuestrada en su vivienda.

Los detenidos fueron trasladados a una bodega, donde los ministeriales los torturaron e incomunicaron más de 18 horas, según documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Cuando intervino el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Oscar Loza Ochoa, los agentes abandonaron el lugar y dejaron a la familia salir de su casa.

Al día siguiente, 15 de enero, los policías catearon la vivienda de Acuña y se llevaron fotos, documentos, obras de arte y equipo periodístico.

El testigo clave del caso es Christian Ochoa, quien primero declaró que Olivier Acuña no tenía responsabilidad en el homicidio, pero después de desaparecer durante meses volvió para cambiar su declaración y acusar al comunicador.

 
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