Obligará a diputados a disminuir el gasto en carreteras y subsidios al campo

Recortes del Senado a ingresos crean hoyo presupuestal de 4 mil millones

El PRI aprobará la minuta "tal y como venga": Beltrones

El PRD lamenta la decisión

ENRIQUE MENDEZ, ROBERTO GARDUÑO

La negativa de la Cámara de Senadores a gravar con cinco por ciento refrescos y aguas carbonatadas, así como la reducción a 19 por ciento del impuesto sobre la renta (ISR) para grandes productores agrícolas, causará un hoyo económico de más de 4 mil millones de pesos, que complica los escenarios para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2007, porque obligará a la Cámara de Diputados a aplicar recortes para reasignar recursos y disminuir considerablemente el gasto de inversión en carreteras y subsidios al campo.

Mientras el PRI aseguró que la Cámara de Diputados aprobará, "tal y como venga", la minuta del Senado en lo referente a las leyes del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) y del ISR en los artículos modificados, la bancada del PRD lamentó que los senadores ­incluidos los de su partido­ apostaran por mantener "una cultura de privilegio" para las industrias mexicanas.

"Un agujero de ese monto descobija. Y mientras, hay empresas agrícolas, como Maseca, y grandes corporaciones, como Bachoco, que se regulan por regímenes especiales. Es muy lamentable el mensaje del Senado, que no aprobará una reforma tributaria para obligar a esos consorcios a pagar impuestos de acuerdo a sus utilidades. No entienden que se requiere regular a los poderes fácticos, no darles más canonjías", sostuvo el perredista Juan Guerra Ochoa.

Escenarios complicados

Además del hoyo financiero que implican las modificaciones del Senado, el escenario de sumar una bolsa adicional de 40 mil millones de pesos provenientes de las transferencias irregulares al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y el recorte a los órganos autónomos, se complicó después que el PRI no se ha comprometido con el PRD a llegar a un acuerdo.

"El problema es que la Secretaría de Hacienda no quiere soltar esa bolsa (del fondo de estabilización), y dejársela sería tanto como endosarle a esa dependencia la facultad de legislar y guardar dinero ilegalmente", señaló Juan Guerra.

El legislador informó que han sostenido reuniones con el equipo técnico de la diputación priísta para demostrar que Hacienda pretende transferir 32 mil millones de pesos de más a dicho fondo, que deben reasignarse. "Sin embargo, el PRI vacila mucho y eventualmente puede ponerse de acuerdo con Hacienda para repartir ese dinero discrecionalmente, sin incluirlo en el presupuesto", cuestionó.

Planteó que el riesgo de no recuperar esos recursos es que las demandas de las comisiones a la de Presupuesto para incrementar el gasto en sus respectivas áreas "nos van a desbordar". Por ejemplo, refirió, las exigencias de infraestructura carretera para los estados y subsidios al campo representan 16 mil millones y 18 mil millones de pesos, respectivamente.

"Ahí está el atorón en el presupuesto y se va a complicar. Ese sería un mal cálculo de Hacienda y del PRI, y puede llevarnos, primero, a no sacar el presupuesto esta semana y, después, nuevamente al conflicto en la Cámara. Si la Ley de Ingresos salió muy bien, el decreto de presupuesto podría no salir muy bien. Si no lo valoran así, en el PRD tenemos manera de apretar", sostuvo.

­¿Cuál es la ruta crítica de la aprobación del presupuesto?

­Es muy sencilla: llegar a un acuerdo y reasignar 70 mil millones de pesos, de los cuales 30 mil 70 ya los aprobamos en la Ley de Ingresos, y sacar tranquilamente el presupuesto. La otra ruta sí es crítica: si no hay acuerdos, nos vamos a una rebatiña y a un jaloneo muy desgastante, pésimo para la Cámara.

Por su parte, el coordinador de los diputados priístas, Emilio Gamboa Patrón, atribuyó el rechazo al 5 por ciento de IEPS a refrescos y aguas carbonatadas a una "inquietud" de los senadores, pero convino en que la eliminación de ese gravamen implicará una disminución de 3 mil 400 millones de pesos en los ingresos.

No obstante, confirmó que la intención del PRI es aprobar, "tal y como venga", la minuta del Senado para entrar de inmediato a la discusión del dictamen de decreto del PEF 2007, para tratar de aprobarlo a más tardar la madrugada del domingo 24, y si esto no es posible, reanudar el debate en el pleno el martes 26.

Gamboa aseguró que los coordinadores de los grupos parlamentarios negocian para intentar que la aprobación del PEF 2007 sea por consenso, y que se ha logrado la coincidencia de reforzar el gasto en educación, ciencia y tecnología, campo, salud y el de carácter social.

Sin embargo, rechazó la posibilidad de fijar una pensión para los ancianos. "Yo estoy a favor, sin duda, pero no podemos dar una pensión universal. No hay recursos para eso. Podemos, como le comentamos al PRD, iniciar este programa con recursos no considerados el año pasado y sí en éste", afirmó.

Mientras, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) expresó ayer su alerta por el hecho de que los cambios del Senado a las leyes del ISR y del IEPS obligarán a la Comisión de Presupuesto a recortar recursos en áreas sustantivas, que podrían impactar la fiscalización del gasto que ejercerá el gobierno de Felipe Calderón.

El presidente de la comisión, Antonio Ortega Martínez, recordó que esa instancia legislativa solicitó un aumento de 21 por ciento al presupuesto de la ASF, es decir, 236 millones de pesos, lo cual le permitiría cumplir con el programa de 450 auditorías al último año de gobierno de Vicente Fox.

Entre las auditorías previstas por la ASF están la financiera y de desempeño al Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; a las dos cámaras del Congreso; a Petróleos Mexicanos, por los excedentes del precio del crudo y su asignación; al desempeño de la evolución de la deuda pública titulada y contingente; a la Comisión Federal de Electricidad, por la construcción de la presa El Cajón; de calidad al programa Enciclomedia y la Biblioteca José Vasconcelos, así como al IMSS y al ISSSTE por la prestación de servicios de salud.

De manera especial, se pretende aplicar una auditoría a la política de vivienda ejercida durante el sexenio foxista mediante el programa Oportunidades, que concentró casi 50 mil millones de pesos.

El programa de revisiones incluye el manejo del rescate bancario, incluidos el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; así como a la política de expropiación y devolución de ingenios azucareros, y al servicio profesional de carrera, que pretendía crear 50 mil plazas en el gobierno de Vicente Fox y sólo alcanzó 4 mil.

Por otra parte, la diputada perredista María Elena Torres Baltasar adelantó que su bancada presentará una propuesta para etiquetar los fondos destinados a vivienda popular, para que se transfieran exclusivamente a la población marginada. Hasta el momento, explicó, estos subsidios sólo han beneficiado a sectores de mayores ingresos, para cubrir el enganche de casas habitación, y se concentran en seis empresas que monopolizan la construcción de vivienda.