Niega que la administración federal pretenda relegar el conflicto oaxaqueño
Gobernación aclara que no intercederá para que liberen a líderes de la APPO
La Secretaría de Gobernación no realizará gestión alguna para la liberación de Flavio Sosa Villavicencio, uno de los dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), ni del resto de los integrantes de este movimiento popular que siguen presos en diversos sitios.
Fuentes de la dependencia informaron también que pese al retiro formal de la Policía Federal Preventiva (PFP) de la capital oaxaqueña, persiste un grupo de efectivos federales en la base aérea de esa región para atender una eventual contingencia.
Pese al contexto anterior, negaron que el gobierno calderonista pretenda dar bajo perfil al caso Oaxaca o apuntalar al mandatario Ulises Ruiz.
Hoy una comisión de integrantes de la APPO se reunirá por segunda ocasión con el subsecretario de Gobierno de la dependencia, Abraham González Uyeda, por lo que el encuentro con el titular de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, podría realizarse hasta el año entrante.
La única intervención que realizó el gobierno federal en torno a los oaxaqueños que permanecieron desde el 27 de noviembre pasado en un penal federal de mediana seguridad en Tepic, Nayarit, fue la autorización para el traslado a cárceles de Oaxaca, incluso de decenas de personas ajenas a la APPO.
Las fuentes consultadas afirmaron que en el caso de Sosa Villavicencio y otros integrantes y simpatizantes de la APPO, serán los jueces (federal o estatal, de acuerdo con cada caso) quienes decidan sobre la posible liberación de los presuntos implicados en diversos delitos.
En el caso del líder de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Enrique Rueda a quien no ha recibido ningún funcionario de alto nivel de Gobernación, por lo menos en las dos semanas recientes, la Procuraduría General de la República no ha confirmado o negado a Bucareli si el dirigente tiene órdenes de aprehensión. Por ello, se presume que tendría en su caso órdenes de detención giradas por autoridades estatales.
En el encuentro programado para hoy entre la comisión negociadora de la APPO y el subsecretario González, los dirigentes sociales mantienen como punto prioritario de la cita "el alto a la represión".
Ello, debido a la detención colectiva (de más de 140 personas) la noche del 25 de noviembre pasado, de varios de sus dirigentes y, en esta semana, del secuestro y golpiza propinados a otros integrantes de la APPO, incluido uno de sus voceros, Florentino López.
También se ha puesto sobre la mesa (calificada sólo de "diálogo" por los funcionarios encabezados por Ramírez Acuña) que se dé cumplimiento a lo aceptado en la administración anterior, en especial que un mando civil (con rango de subsecretario del gobierno federal) tome el control de las policías del gobernador Ulises Ruiz.
Los nuevos funcionarios de Gobernación apenas analizan esta petición y afirman que pese a la salida casi total de la PFP y la decisión de no entrometerse para la liberación de dirigentes, no se pretende relegar el conflicto en Oaxaca.
Mario Escárcega Leos, titular de la Unidad de Gobierno de la dependencia y uno de los principales involucrados en el proceso de negociación con la APPO, desde agosto pasado, dijo que hace dos semanas entregó a esta organización la propuesta para un pacto de gobernabilidad en aquella entidad.
"Entendemos el punto principal de la APPO, que es la renuncia del gobernador; sin embargo,en lo que nosotros insistimos es qué podemos hacer esté o no el gobernador, como es la reforma del estado", dijo.
"Ustedes pueden ir a Oaxaca y caminar por los centros comerciales, que es lo mismo que quieren los de la APPO, como oaxaqueños, que no haya un clima de hostilidad por ningún lado. Esto no quiere decir que el tema esté resuelto, y por eso mismo seguimos con ellos en la mesa de diálogo", indicó.
Escárcega Leos comentó también que el informe preliminar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el conflicto lo analiza actualmente la subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la dependencia.