Pugna legal entre supuestos dueños los obliga a pagar 2 veces
Incertidumbre entre habitantes de Chimalhuacán por posesión de lotes
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Vecinos de la colonia Arturo Montiel Rojas, en Chimalhuacán, durante una marcha el 29 de noviembre pasado, para exigir solución a la disputa legal por predios
Foto: René Ramón
Chimalhuacan. Méx., 23 de diciembre. El tiempo se agota para los vecinos de la colonia Arturo Montiel Rojas: el síndico procurador de este ayuntamiento, Raymundo Olivares Díaz, líder de los ex comuneros de Chimulhuacán, les dio de plazo hasta el 31 de diciembre para que paguen sus predios o de lo contrario, advirtió, serán desalojados del terreno de 10 hectáreas donde se asientan 500 viviendas.
En las últimas semanas de este año, según los afectados, al menos tres veces por semana los ex comuneros recorren las calles de dicha colonia y con garrote en mano azotan las puertas de las casas. "Tienen hasta el 31 de diciembre para pagar sus lotes, si no, aténganse a las consecuencias", es la advertencia.
Los actos intimidatorios se han agravado en cuatro años. Al menos 30 vecinos han sido encarcelados acusados de despojo "por el hecho de haber comprado de buena fe un pedazo de tierra a Guadalupe Buendía Torres, La Loba", cacique de Chimalhuacán, presa desde 2000 por homicidio.
El problema de los colonos radica en que las dos partes aseguran ser propietarias de los terrenos y, por lo mismo, exigen pagos.
Los ex comuneros de Chimalhuacán, encabezados por Olivares Díaz, exigen el pago por los predios de 120 metros cuadrados que los habitantes del asentamiento compraron con facilidades a La Loba.
Esta última, a su vez, advirtió que no entregará a los vecinos las letras de pago y contratos de compraventa hasta que liquiden lo que les vendió hace ocho años.
El conflicto legal que sostienen Guadalupe Buendía y Raymundo Olivares está obligando a los afectados a pagar dos veces un lote que se suponía, en un principio, sería accesible para personas de escasos recursos.
A los predios que después conformaron la colonia Arturo Montiel, sus habitantes llegaron por necesidad en 1998. Desde entonces carecen de agua potable, drenaje, energía eléctrica, guarniciones, banquetas y pavimentación de avenidas y calles.
La mayoría de los vecinos dio a La Loba siete mil pesos de enganche y firmaron letras por mensualidades de mil pesos para liquidar el pago de los terrenos que, según su ubicación, tenían un costo de entre 60 mil y 120 mil pesos.
Pero gran parte de los habitantes sólo pagaron 24 mensualidades, pues en 2000 La Loba, una de las principales fraccionadoras de Chimalhuacán, fue encarcelada y sentenciada por homicidio. Los colonos ya no tuvieron a quién pagar los terrenos.
En 2004 surgió un tercero en discordia, Raymundo Olivares Díaz, quien a nombre de 529 copropietarios reclamó el terreno de 10 hectáreas con base en la sentencia judicial 186/00, emitida por el juzgado de lo tercero penal con sede en Toluca, el mismo que sentenció a Guadalupe Buendía por fraccionar los terrenos, entre éstos los de la colonia Arturo Montiel.
Con el fallo, el actual síndico procurador firmó un convenio con el gobierno mexiquense y, en conjunto, desde 2004, iniciaron la presunta regularización de los terrenos, acuerdo que obliga a la gente a pagar de nueva cuenta los predios que durante dos años abonaron a La Loba.
La dueña soy yo: La Loba
Guadalupe Buendía aseguró vía telefónica que ni Olivares Díaz ni las autoridades del gobierno estatal pueden desalojar a los vecinos de esa comunidad, donde la incertidumbre sobre la tenencia de la tierra se ha vuelto un martirio para sus moradores.
Desde el penal estatal de Almoloya de Juárez, La Loba hizo llegar la sentencia que emitió el magistrado Francisco Salas, representante de la séptima sala civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
En este documento, de los "autos de toca 59/2006-05" sentenció en enero de 2006, que "las firmas de Raymundo Olivares Díaz que se encuentran contenidas en los documentos cuestionados, sí provienen y fueron puestas de su puño y letra".