Para tipificarla como delito diputados impulsan reformas al Código Penal
Aprueban Ley contra la Discriminación en el Edomex
Toluca, Mex. 26 de diciembre. El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el estado de México, en la cual se fijan sanciones a servidores públicos y a particulares que violen esta ley. Además, los diputados mexiquenses acordaron impulsar, en breve, reformas al Código Penal estatal para tipificar la discriminación como delito.
La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo estatal; tras ser analizada esta mañana fue aprobada en comisiones y se le hicieron adecuaciones de forma.
La ley estipula como discriminación toda preferencia, distinción, exclusión, repudio, desprecio, incomprensión o rechazo, basada en el origen étnico o nacional, como el antisemitismo, o cualquier otro tipo de segregación por sexo o genero, edad, discapacidad, condición social y económica; condiciones de salud o embarazo, lengua, religión, estado civil o predilecciones de cualquier índole, u otra cuyo objeto sea impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos fundamentales, en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades y de trato a las personas.
La nueva ley contempla medidas compensatorias para erradicar la discriminación, que las autoridades estatales y municipales deberán aplicar, con el propósito de garantizar la igualdad a grupos vulnerables.
Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, se exige crear programas permanentes de capacitación para el empleo; para la población indígena, que las autoridades apliquen programas educativos bilingües y contraten intérpretes en agencias del Ministerio Público y juzgados.
Por la nueva ley, el estado creará un Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación, que elaborará programas y proyectos encaminados a erradicar las citadas conductas, y será supervisado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que se encargará de recibir quejas y procesarlas.
La legislación contempla, asimismo, un capítulo de sanciones, en el cual se indica que serán causales de responsabilidad administrativa los actos u omisiones de carácter discriminatorio en que incurran los servidores públicos estatales y municipales, a quienes se castigará en términos de la Ley de Responsabilidades del Estado y Municipios.
Para los particulares que incurran en conductas de discriminación las sanciones son más específicas. Se fijan multas económicas por hasta mil salarios mínimos, clausura temporal o definitiva de establecimientos comerciales, así como la suspensión y revocación de permisos, licencias, autorizaciones o concesiones otorgadas por las autoridades municipales y estatales.
"Esperamos que con esta ley se reduzcan los casos donde se niega el empleo a una mujer embarazada; de niños rechazados en la escuela por condiciones económicas o de salud y hasta en los centros nocturnos, donde la discriminación es recurrente: si te ven bien vestido y con coche, pasas, si no, te quedas afuera", dijo la diputada María Elena Pérez de Tejada.
Se retrasa aprobación del paquete fiscal
La aprobación del paquete fiscal del estado de México se ha retrasado debido a que se encuentra entrampada la discusión entre diputados de oposición y funcionarios del gobierno mexiquense en torno a las reformas al Código Financiero de la entidad que impulsan el PAN y el PRD, por las cuales pretenden otorgar más recursos a los municipios.
La intención de los diputados panistas y perredistas, la cual ha sido bien acogida por alcaldes de ambos partidos, es de aumentar el porcentaje de distribución del Fondo General de Aportaciones que hace el estado de México, para pasar de 20 a 25 por ciento.
El incremento representaría un impacto económico de mil 800 millones de pesos a las finanzas de la entidad, recursos que irían a parar directamente a las tesorerías municipales.
La Ley de Coordinación Fiscal estipula que los gobiernos estatales están obligados a hacerles partícipes del ramo 28, proveniente de la Federación, a los municipios. Como mínimo se pide aplicar 20 por ciento de estos recursos a los ayuntamientos, y así lo hace el gobierno mexiquense.
Los legisladores del PAN y del PRD argumentan la insuficiencia presupuestal que existe en los ayuntamientos para invertir en obra, por lo que consideran la medida como alternativa real para contrarrestar este problema.
Por su parte, funcionarios de la administración estatal plantean que por ser recursos de origen federal del ramo 28, no hay impedimento alguno para que el dinero se destine al gasto corriente de los municipios y no en inversión, como se plantea.
La iniciativa de reformas al artículo 219 del Código Financiero de la entidad fue presentada por el diputado panista Eduardo Contreras, ex edil de Naucalpan, quien advirtió que el fin último es allegarle de más recursos a los ayuntamientos.