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Legisladores panistas promovieron desde noviembre la revisión de esa sentencia

El Senado incurrió en conducta omisa en el caso Oaxaca, determina juez

Santiago Creel encabeza el juego perverso en favor de Ulises Ruiz, denuncia abogado de la APPO

ALMA E. MUÑOZ

Ampliar la imagen Es notario el incremento de las fuerzas policiacas en diferentes partes de la capital de Oaxaca Foto: Blanca Hernández

La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) ganó en noviembre pasado un amparo en contra de la resolución del Senado de la República de no admitir su solicitud inicial de desaparición de poderes en el estado.

Sin embargo, el departamento jurídico de la Cámara de Senadores optó por promover la revisión de la sentencia, en la que se establece que la instancia legislativa incurrió en violación al artículo octavo constitucional, por negar el derecho de petición a la APPO antes de darle entrada.

Para el abogado de la APPO, Guillermo Hernández, los promotores de la revisión de la sentencia fueron los senadores panistas, encabezados por Santiago Creel Miranda, a quienes acusaron de ser parte del "juego perverso" en favor del gobernador de la entidad, Ulises Ruiz.

Aunque días antes de que fuera notificado de la sentencia el Senado declaró que no había lugar a la desaparición de poderes en la entidad, esta resolución tampoco está firme, porque fue impugnada ante el doceavo juzgado administrativo de distrito, en la ciudad de México.

Por lo pronto, la APPO busca que en la Cámara de Diputados se inicie un juicio político y la declaración de procedencia de juicio político contra Ulises Ruiz, argumentando violaciones graves a las garantías individuales.

Según el juicio de amparo número 824/2006, promovido inicialmente ante el juzgado octavo de distrito en Oaxaca, y después traslado al segundo administrativo del Distrito Federal, el Senado incurrió en "conducta omisa" al no contestar los escritos con la solicitud de desaparición de poderes en Oaxaca, con fechas 27 de julio y primero de agostos pasados.

Determinó que "es incuestionable que con su actuar violento en contra de los impenetrantes de garantías, según lo establecido en el artículo octavo constitucional", le dio un plazo de 24 horas, a partir del 3 de noviembre para que respondiera por escrito a los demandantes.

Lo anterior, explicó el abogado Guillermo Hernández, significa que el "Senado violó nuestra garantía de derecho de petición. En lugar de acatar lo que determinó el juez, usaron un recurso de revisión con tal de no dar cumplimiento a la sentencia".

Sin embargo, estamos seguros que ganaremos, porque está comprobado que violaron un artículo constitucional. Entonces tendremos oportunidad, apuntó, de ver "en qué problema metieron los panistas al Senado, pues estamos en espera de la resolución que el doceavo juzgado administrativo resuelva si procede el juicio de amparo ­número 1104/2006­ que interpusimos contra la determinación del 19 de octubre de los legisladores y de decretar que no hay lugar a la desaparición de poderes en Oaxaca".

Argumentamos que esa decisión viola los artículos 14 y 16 constitucionales ­referente a la falta de motivación y fundamentación­ y el principio de contradicción, porque por un lado aceptan que no hay gobernabilidad en la entidad, pero resuelven que no hay lugar a la desaparición de poderes.

"No usaron el fundamento legal apropiado ni tampoco explican las razones suficientes para determinar por qué resolvieron como lo hicieron". No es posible, afirmó, "que el PAN pretenda sorprender a los medios de comunicación y a la opinión pública diciendo que van a revisar el asunto, cuando ellos mismos, desde el Senado, interpusieron un recurso de revisión en contra de una sentencia favorable a la APPO".

Se mostró confiado en que volverán a ganar, esta vez el recurso de revisión, y contra lo que consideró "un juego perverso" de parte de los senadores panistas, manifestó que en la APPO tomaron la decisión de seguir dos caminos en contra de Ulises Ruiz: el juicio político ­interpuesto desde hace un mes­ y la declaración de procedencia de juicio político en la Cámara de Diputados, aportando todos los elementos de prueba para que proceda.

En el primer caso, referentes a violaciones graves a derechos humanos, y en el segundo después de que la Procuraduría General de la República, como consecuencia de la denuncia por delitos de lesa humanidad que presentaron a finales de noviembre, notifique a San Lázaro que requiere que el gobernador pierda su fuero para proceder en su contra.

 
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