Niegan fianza a dirigente de la Codeci y miembro de la APPO; influyó delegado de la PGR
Incumple SG compromiso de excarcelar a líder social
A pesar de que la administración federal se comprometió a que el pasado 21 de noviembre sería liberado Catarino Torres Pereda, líder de una organización campesina y participante activo en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el activista aún permanece recluido en el penal de máxima seguridad el Altiplano, en Almoloya de Juárez, con el argumento de ser un sujeto "de alta peligrosidad".
El 27 de octubre de 2006, durante la mesa de negociación entre representantes del movimiento popular oaxaqueño y la Secretaría de Gobernación (SG), el entonces subsecretario de Gobierno, Arturo Chávez, se comprometió por escrito, con el aval de la firma de Carlos Abascal, en ese momento titular de la dependencia (documento del cual este diario tiene copia), a que Torres Pereda sería liberado en la fecha indicada.
Sin embargo, a casi dos meses de ese acuerdo político, el dirigente del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci) de Tuxtepec, Oaxaca, no ha obtenido su libertad debido a que el Ministerio Público Federal se inconformó por la fianza que le fijó una juez por el presunto delito de motín, argumentando que el detenido "es un delincuente de alta peligrosidad", con lo que la juez de la causa, Rosa Noriega, se negó a dictar la libertad provisional.
Al inculpado se le achacaban los delitos de despojo, robo calificado y robo específico de vehículos, por los cuales fue exonerado; además de privación ilegal de la libertad, por el que pagó una fianza de 20 mil pesos, y motín, ilícito no grave por el que se le fijó una caución de 20 mil pesos, la cual no pudo ser liquidada debido a la participación de la autoridad judicial.
La defensa legal del inculpado explicó que el dirigente campesino sigue privado de su libertad por la oposición del delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tuxtepec, Javier Dovala Molina, "en venganza" por una manifestación que la Codeci realizó en las oficinas de esa dependencia.
Para desquitarse de esa acción, el funcionario "ordenó que integraran a Torres Pereda una averiguación previa plagada de irregularidades y vicios, y no conforme con que le hayan dictado y ejecutado la orden de aprehensión, maniobró para que la juez referida le negara la libertad caucional".
"Acuerdo de palabra"
Asimismo, se informó que durante la última charla entre la APPO y las nuevas autoridades de Gobernación el 21 de diciembre pasado, los representantes del gobierno federal se comprometieron "de palabra" a que se comunicarían con el delegado de la PGR en Tuxtepec para que se permitiera la admisión de la fianza, lo cual no ha ocurrido.
En un documento dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la PGR, la SG, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Congreso de la Unión, los representantes legales de Torres y otras organizaciones sociales aseguran que la manifestación afuera de la delegación de la PGR en Tuxtepec se realizó para denunciar el allanamiento y daños causados a las instalaciones de la organización dirigida por Torres Pereda, por parte de un comando de la Agencia Federal de Investigación, que sin contar con una orden de cateo se introdujo al inmueble de la Codeci, propinando golpes y lesiones a los empleados de la misma.
En el texto, los firmantes exponen que no existen motivos legales por los que el inculpado deba permanecer en prisión, de acuerdo con el artículo 399 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, "por lo que se evidencia una clara obstrucción de la justicia y una flagrante violación a las garantías individuales" del inculpado.
Cabe destacar que dependencias federales, como la Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre otras, han reconocido en diferentes documentos "el incansable trabajo" de Torres en beneficio de las comunidades indígenas.
El campesino fue detenido el pasado 6 de agosto, lo que lo convierte en el primer preso a raíz del conflicto en Oaxaca.