Desaparecerían la Agencia Federal de Investigación y la Policía Federal Preventiva
El gobierno proyecta convertir la PGR sólo en área jurídico-administrativa
Elaboran tres planes para restructurar la seguridad pública y la procuración de justicia
El gobierno federal elabora al menos tres proyectos de reforma como parte de la restructuración de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia, que incluyen la desaparición formal de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Federal Preventiva (PFP), así como la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en área jurídico-administrativa, que únicamente se encargue de dar trámite a las averiguaciones previas y a los procesos penales que se inicien.
De acuerdo con fuentes oficiales, en lo que respecta a seguridad pública la intención gubernamental es que el mando de lo que ahora es la PFP quede a cargo de un subsecretario y no de un jefe o comisionado, como ocurre actualmente.
Los planes incluyen un apartado que contempla que el cuerpo nacional de policía quede dividido en áreas y los responsables de cada una sean los encargados de diseñar y ejecutar los operativos, como los que se han desplegado en Michoacán, Sinaloa y Guerrero.
Sin embargo, indicaron las fuentes consultadas, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa aún no concluye la elaboración de los proyectos legislativos que darían viabilidad al esquema de seguridad y procuración de justicia, que debe enviar al Congreso.
Pero ya se planean varios cambios; por ejemplo, que la AFI no dependa del procurador, sino que sea únicamente coadyuvante del Ministerio Público Federal.
De acuerdo con los informes recabados, los planes están siendo elaborados en la PGR, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y en algunos despachos de abogados.
Se darían mayores facultades a los policías federales
Entre las enmiendas que se plantearán al Congreso en febrero próximo, que aún no están terminadas, destaca dotar de mayores facultades a los policías federales, como investigar y solicitar autorizaciones para espionaje telefónico en contra de integrantes de grupos criminales, sin la intervención del Ministerio Público.
Según funcionarios entrevistados, se pretende dotar de mayores facultades al Ministerio Público Federal en la lucha contra el crimen organizado y en los casos de los llamados testigos protegidos, con el propósito de darles nuevas identidades y enviarlos a otras naciones, como parte de la protección que el Estado mexicano brindaría a sus colaboradores en el combate al narcotráfico y otros delitos considerados de alto impacto.
Los proyectos también incluyen la creación de un zar antidrogas y su participación en el nuevo esquema de seguridad pública y procuración de justicia, ya que dependerá directamente del Presidente de la República.
Hasta el momento, de acuerdo con las fuentes consultadas, el diseño y realización de las acciones que se han emprendido contra el narcotráfico en distintas entidades no están bajo el mando único de Ardelio Vargas Fosado, sino de un grupo de funcionarios, los cuales se espera que sean designados como directores de área.
El actual comisionado, Vargas Fosado, quedará como subsecretario dentro de la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública federal, instancia que deberá desarrollar programas específicos de prevención de adicciones, los cuales se complementarán con acciones de la Secretaría de Salud.
Los entrevistados expresaron que, a pesar de que en febrero se iniciará el nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso, supuestamente no se ha concluido ninguna de las propuestas de reforma legal y, por ello, no se han puesto en marcha acciones de cabildeo.
Según fuentes de la PGR, el titular del Ministerio Público Federal, Eduardo Medina Mora, está abocado a concluir parte de dichos proyectos.