Las comunidades de San Bartolomé Cocucho y Urapicho se disputan 800 hectáreas
En vías de solución, espinoso litigio agrario de la Meseta Purépecha
En 40 años de enfrentamiento ha habido 200 muertos; ahora media subsecretario de la SRA
Pátzcuaro, Mich., 13 de enero. Considerado entre los más espinosos de los conflictos agrarios, el caso de la disputa por 800 hectáreas entre las comunidades de San Bartolomé Cocucho, municipio de Charapan, y Urapicho, municipio de Paracho, podría tener una solución concertada en los próximos meses e iniciar una reconstrucción sociocultural en esta región de la Meseta Purépecha.
La disputa por más de 40 años de esa superficie boscosa ha dejado un saldo estimado en 200 muertos y el abandono de las parcelas que colindan con las hectáreas reclamadas; el encono entre familias ahondó el conflicto y en 2005 los comuneros de Urapicho lanzaron una advertencia a sus vecinos de Paracho: "quien venga a cortar un árbol más va a morir"; el dicho se aplicó y por ello un año después, con la intervención de las autoridades estatales y de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), ambas partes firmaron un "pacto de paz".
Sentadas frente a frente las autoridades de ambas comunidades y en un diálogo informal con el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la SRA, Ricardo Sheffield Padilla, y con el procurador agrario, Rosendo González Patiño, aceptaron que en la penúltima semana de enero se inicien los trabajos de levantamiento topográfico para tener la certeza de la superficie en disputa y sus colindancias.
"Démonos el tiempo para hacer las cosas bien, lo que interesa es el resultado, y si vemos que alguien se sale de la raya procedamos como debemos, porque se trata del interés común", pidió Salvador Márquez Damián, presidente de bienes comunales de Urapicho, y alertó a todos los comuneros incluyendo a su contraparte para no dejarse "manipular por intereses políticos".
"Me preocupa cuando vienen momentos electorales (este año los michoacanos elegirán al próximo gobernador), porque hay personas que lejos de echarnos la mano llegan a perjudicar las cosas y desequilibran con mucha facilidad lo que con mucho esfuerzo se ha logrado", dijo al subsecretario de la SRA.
Cauteloso, el presidente de bienes comunales de San Bartolomé Cocucho, Epitafio Máximo Santos, comentó: "el temor es que hay tantos sabios que al rato todos son líderes, levantan a sus grupos y todos reclamarán iguales derechos que los auténticos comuneros".
Y en respuesta a la propuesta de la autoridad agraria de iniciar un censo demostrativo para tener información más certera de cuántos comuneros del censo original de ambas partes siguen vivos y cuántos han muerto, y de los familiares que han heredado las parcelas, presentó un listado de los campesinos que fallecieron, y aclaró que ellos sólo están dispuestos a reconocer con derechos a 106 personas. "Si aceptamos a 400 o más habrá problemas y las autoridades comunales estaremos en riesgo", acotó.
Sin embargo, el representante de Urapicho manifestó su desacuerdo: "el 80 por ciento de los comuneros que tenemos derechos no aparecemos en el padrón y es allí donde tenemos que dar el primer paso. Esta situación es de dos partes, no de una; el compromiso es marchar juntos", asentó, y pidió a las autoridades agrarias presentar todos los documentos en los que se basarán para iniciar el padrón demostrativo.
Reunidos en la delegación de la Procuraduría Agraria, ambas partes afirmaron estar dispuestas a dialogar con la mediación de la autoridad agraria, en un marco de respeto al derecho de cada una de las partes en conflicto, y demandaron una copia del censo. Acompañados por el sacerdote Francisco Martínez, con 30 años de permanencia en la región purépecha, los comuneros pidieron en voz del clérigo que la reunión fuera privada y responsabilizaron a los medios de información del encono. "Todo lo tergiversan y eso ha provocado más enfrentamientos", dijo el sacerdote, quien desde hace años expuso elabora y reparte "hojas informativas".
Antes de la reunión con los comuneros, el subsecretario de la SRA escuchó las observaciones de los magistrados de los tribunales unitarios agrarios 17, Josefina Lastri Villanueva, y 36, Armando Alfaro Monroy, respecto a la necesidad de contar con mayor presupuesto para atender con más agilidad los asuntos agrarios existentes en el estado, para que la paz y el orden público prevalezcan. "Uniendo esfuerzos y voluntades se pueden resolver 200 casos en tres meses, y no esperar dos años o más; ustedes pongan el entusiasmo y el presupuesto y nosotros aportaremos el conocimiento", comprometió Alfaro Monroy.
Respecto al caso de San Bartolomé Cocucho y Urapicho, Lastri Villanueva recordó que hay un recurso interpuesto en contra de Epitafio Máximo Santos, a quien no todos los comuneros reconocen como su representante, y por ello el caso es aún más delicado. Sin embargo, para atender el caso se iniciará un estudio paleográfico a los títulos virreinales que presentó la comunidad de Cocucho para demostrar que es el legítimo propietario de 4 mil 586 hectáreas; en tanto Urapicho se dice poseedor ancestral de 2 mil 553 hectáreas a entregarse a 295 comuneros, pero el deslinde y entrega no se ha podido realizar por los juicios agrarios no resueltos.
Explicó que las resoluciones de los juicios interpuestos por ambas partes están pendientes, ya que si bien el 14 de abril de 2005 se había dictado sentencia a favor de San Bartolomé Cocucho de reconocerle 749 hectáreas, Urapicho interpuso un recurso de revisión contra el dictamen y eso detuvo todo el caso.
Por ello, expuso que la autoridad jurídica agraria evalúa iniciar la ejecución de los dictámenes respecto a las superficies que se reconocen a cada comunidad; actualizar los censos comunales de ambas partes; realizar el estudio paleográfico e iniciar el levantamiento topográfico. Pero también expuso que hay quienes se pronuncian por la expropiación concertada de la superficie en disputa para que se le declare zona ecológica y se indemnice a las dos partes en conflicto.