La barbarie política del Estado ha sido una constante de los gobiernos mexicanos contemporáneos. Desde Gustavo Díaz Ordaz hasta Ernesto Zedillo, los gobiernos priístas desataron sucesivas "guerras" contra la protesta social, teñidas de paranoia y deliberadamente inexactas. Bajo una eficaz pantalla de "paz social", los gobiernos priístas emprendieron acciones represivas con una continuidad que va de Tlatelolco en 1968 a las represiones contra los pueblos de Atenco y Oaxaca en 2006, ya bajo los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.

A la par que crecía el uso de mazmorras, tortura y "desapariciones", triste eufemismo de asesinatos, en la guerra sucia de Luis Echeverría contra las protestas en la ciudad de México, y luego los grupos "subversivos" que brotaban por todo el país demandando un cambio profundo, se fue creando una cultura civil inédita. La derrota estudiantil del 68 acabó siendo una victoria cultural y hasta política, con énfasis en que el Estado mexicano era injusto y que era necesario vigilarlo y denunciarlo siempre que se excediera.

Los presos políticos del 68 morderían dentro de la cárcel, a pesar del proverbial silencio mediático. Y mordían afuera. Ya para los años 80, en el interregno postrevolucionario donde el Estado nacional viraba al neoliberalismo, en lo que va del fracaso de José López Portillo al contenido gobierno de Miguel de la Madrid, quedó establecido que los derechos humanos existían. Organizaciones de madres de los despaparecidos, centros de defensoría frecuentemente ligados a la iglesia católica progresista, nuevos grupos políticos y sindicatos independientes, movimientos campesinos y luchas urbanas por los derechos de las minorías (empezando por los de las mujeres, que además son mayoría), estimularon la creación de una cultura de los derechos humanos, la legitimaron y enaltecieron con acciones pertinaces y bajo no pocos castigos.

Al llegar el régimen de Carlos Salinas de Gortari, y con él el mareo ideológico y moral de muchos sesentayocheros, esta nueva cultura tenía tal peso que el gobierno hubo de establecer una Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para atender el rubro. Y cada vez más, los muertos contaban. Y eran contados.
 

En 1982 había ocurrido la matanza de Wolonchán, en las montañas de Chiapas, donde gobernaba Juan Sabines. Una ocupación de tierras por campesinos tzeltales fue destruida y dispersada a sangre y fuego por el Ejército federal y los terratenientes locales. Nunca se supo el número exacto de muertes. Fueron decenas. Un testigo de la época relata que en ese tiempo "no había quien contara los cadáveres, quien fuera al lugar de los hechos a recoger testimonios y evidencias". Para 1997, cuando sucedió la matanza de Acteal, esto era impensable. Al lugar de los hechos llegaron hasta Televisa y Televisión Azteca; se reportó en la prensa de todo el mundo. Y aunque nadie le creyó, el gobierno de Ernesto Zedillo escurrió el bulto y sigue impune. De esa y de muchas otras; el suyo ha sido el gobierno mexicano que más civiles asesinó directa o indirectamente: de la zona chol zapatista y los Altos de Chiapas a Aguas Blancas, El Charco en Guerrero y los Loxichas en Oaxaca.

En el mundo había prestigio para los derechos humanos. Las dictaduras del Cono Sur no resistieron más, eran indefendibles, y había que castigarlas, aunque fuera a regañadientes. Una condena universal a las prácticas de tortura incrementó la observación y denuncia en nuestro país. En el proceso de ascenso de los pueblos indígenas se dio también un incremento cualitativo y cuantitativo de organismos no gubernamentales, redes de defensoría y colectivos de solidaridad que se fueron uniendo a las redes internacionales de información de derechos humanos.

El levantamiento zapatista de 1994 potenció la observación de violaciones a los derechos fundamentales, la denuncia y la defensa. Los muertos ya contaban, y se contaban. Esa primera "revolución de internet", como se burlaba, malamente, el salinismo, significó que ya nada sucedería sin que se supiera, incluso en tiempo real, en todo el mundo. Las protestas contra la solución de exterminio en Chiapas recorrieron el país y el planeta, y el gobierno debió "contenerse". En pleno ingreso al primer mundo, el Estado salinista detuvo su congénita barbarie.

Fue el siguiente gobierno, con Zedillo, el encargado de hacer el trabajo sucio. Como de costumbre, se buscó criminalizar a los presos políticos, con fracasos tan estrepitosos como el de los "campesinos ecologistas" de Guerrero, que hasta premios internacionales recibieron estando en prisión. Se extendieron los programas de contrainsurgencia y paramilitarización en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, las Huastecas, la sierra de Veracruz. Se poblaron las cárceles con indígenas inconformes. Y los cementerios.

No obstante, nunca como entonces se desarrolló mayor activismo por los derechos humanos. Era una actividad peligrosa, pero había muchas personas dispuestas a llevarla a cabo, y lograban triunfos. Aún las hay, en mayor número de seguro. Parte de esa red de lucha por los derechos humanos, incluidos los electorales, apuntaló al gobierno "del cambio" de Vicente Fox. Si bien el foxismo nunca controló a los organismos de derechos humanos, tampoco se atrevió, como Zedillo, a violar la ley para expulsar "extranjeros incómodos" en plena borrachera global del neoliberalismo. También ocurrió que decenas de pueblos y municipios indígenas decidieron defender directamente sus derechos.
 

Desde fines del foxismo vemos resurgir con impunidad y cinismo las prácticas de tortura, detención arbitraria, uso faccioso de las leyes y los organos de justicia. Las acciones represivas de las policías federales y estatales contra las protestas en Gudalajara en 2004, la resistencia de Atenco y la protesta oaxaqueña han alcanzado una perversidad inusual: se castiga a quien sea, se golpea a lo bestia, se viola u hostiga sexualmente, se humilla y aterroriza, se tortura y encarcela en penales para narcotraficantes y psicópatas. La impunidad policiaca ha sido la regla, pese a que se sabe que los excesos en Oaxaca recurrieron al know how kaibil de los mandos policiacos locales y la brutalidad encubierta de la Policía Federa Preventiva.

El contexto más inmediato a México, o sea Estados Unidos, no canta mal las rancheras. Bajo la doctrina de Seguridad Interna y guerra al terrorismo, de Irak a Guantánamo, George W. Bush ha reestablecido como "legítimas" la tortura, la desaparición forzada y las matanzas indiscriminadas. Y en Oaxaca como en Washington, ahora se atreven a difamar y criminalizar a los defensores de derechos humanos con un descaro que sería risible si no tuviera consecuencias jurídicas y en la integridad física de las personas y comunidades.

La sociedad, creyéndose mejor informada, es más autista y sorda que en 1968, y como la realidad ocurre tras la escenografía de pantallas, centros comerciales y fraccionamientos sensacionales, apenas se entera. Bajo sus narices la policía ejecuta y/o tortura, viola a mujeres y hombres. El Estado y sus fuerzas prueban que El apando de José Revueltas no era realista, sino una novela futurista.

En ese punto estamos. ¿Pasarán o no pasarán? ¿Se saldrán con la suya? ¿El Estado mexicano podrá insistir en su barbarie a pesar de que se sepa en el mundo? ¿Carece de contrapesos nacionales e internacionales? Si no se devuelve razón y prestigio al cumplimiento de los derechos humanos universales, a la documentación y la defensa de las personas, grupos y comunidades víctimas de abusos institucionales, México podría internarse en un callejón oscuro. En un previsible desarrollo de protestas sociales y populares, ¿podrá el Estado mexicano recurrir a la violencia, la tortura y la injusticia de una "justicia ejemplar" sin que la sociedad misma, con su indiscutible peso moral, lo detenga?