Los cargos, dos desapariciones durante su gobierno
Juez argentino pedirá otra orden de extradición contra Isabelita
Buenos Aires, 16 de enero. El juez federal argentino Norberto Oyarbide anunció hoy que pedirá a España la extradición de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón (Isabelita) por otra solicitud del juez Raúl Acosta de Mendoza, esta vez por la desaparición de dos personas durante su gobierno (1974-1976). Se acusa a la ex mandataria de haber firmado en 1975, con otras figuras de su gabinete, un decreto ordenando la "aniquilación del accionar subversivo".
Actualmente, Isabelita está en libertad provisional en España, donde reside, por la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su gobierno por la organización parapolicial Alianza Anticomunista Argentina (Triple A). La ex mandataria de 75 años debe comparecer cada 15 días ante la Audiencia Nacional.
En la causa por la desaparición de dos personas están también imputados los ex ministros de su gobierno, Carlos Ruckauf y Antonio Cafiero, pero la lista seguirá creciendo en los próximos días. El fundamento de Oyarbide para la nueva solicitud de extradición es que "la asociación ilícita denominada Triple A se gestó y funcionó en la órbita de uno de los ministerios del Poder Ejecutivo, el de Bienestar Social", a cargo entonces de José López Rega.
En ese ministerio existía "armamento que excedía ampliamente lo que razonablemente puede considerarse adecuado para la seguridad de sus dependencias y funcionarios", señaló Oyarbide, quien afirmó también que fueron usadas ambulancias de para secuestrar personas.
El juez consideró además que Martínez posibilitó, con nombramientos en el extranjero, la salida del país de López Rega y otros jefes de la Triple A en 1975, cuando se tramitaban investigaciones penales contra ellos. Entre los que se fueron con López Rega estaban Miguel Angel Rovira y Rodolfo Eduardo Almirón.
Almirón, uno de los jefes de la Triple A fue detenido en España y espera el proceso de extradición, mientras que Rovira permanece desde la semana pasada en arresto domiciliario.
Los largos trámites de extradición serán un argumento que empleará el equipo defensor de Isabelita para tratar de impedir que su cliente sea llevada a Argentina a declarar.
Entre las acusaciones contra la ex mandataria figura la de autorizar la compra de armas que estaban destinadas a la Triple A, a la que adjudican unos dos mil asesinatos, desapariciones, secuestros y torturas en lo que fue una ola de terror que precedió a la última dictadura militar (1976-1983).
La ex presidenta estuvo presente en una reunión en la casa presidencial, donde se tomó la decisión de asesinar a Julio Troxler, quien era subjefe de la policía de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Héctor Cámpora.
Troxler era sobreviviente de los fusilamientos de un grupo de rebeldes, militares y civiles que se alzaron en 1956 contra la dictadura impuesta tras el derrocamiento de Perón en septiembre de 1955.
En la causa contra Martínez hoy declaró ante Oyarbide el secretario de Derechos Humanos del actual gobierno, Eduardo Luis Duhalde, quien en 1983 interrogó al ex oficial de la policía federal Rodolfo Peregrino Fernández, quien dio importantes datos y organigramas de lo que fue la Triple A.
El juez español Baltasar Garzón hasta ahora se ha negado a investigar los crímenes contra la humanidad ocurridos en Argentina antes de 1976, como lo solicitó el Movimiento de Argentinos en el Exterior, la Comisión Intersindical Gallega y otras agrupaciones que reiteran su pedido de procesamiento a la ex presidenta, como responsable política de los crímenes de la Triple A.
En este caso se solicita que extienda el periodo en que se cometieron los delitos de lesa humanidad y de terrorismo de Estado de la dictadura militar argentina, al considerar que esos crímenes comenzaron al asumir el poder Isabelita, en julio de 1974.