El connacional de 22 años fue tiroteado por agentes de la Patrulla Fronteriza
México expresa su firme condena por la muerte de un migrante en Arizona
Es común que en el vecino país obstaculicen las pesquisas y los crímenes queden impunes
En una nota diplomática enviada al Departamento de Estado de Estados Unidos, el gobierno de México expresó su "firme condena" por la muerte de Francisco Javier Domínguez Rivera, joven migrante de 22 años de edad, a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza, el pasado fin de semana en Arizona.
En el documento, girado en "cumplimiento de las instrucciones" del presidente Felipe Calderón y entregado por la embajada en Washington, se expresa la preocupación del gobierno mexicano por la "recurrencia" de este tipo de incidentes y subraya la importancia de que las autoridades estadunidenses realicen una "investigación exhaustiva" que lleve a la plena aplicación de la ley y castigo de quien o quienes resulten responsables.
La cancillería añadió que personal consular mexicano y abogados se trasladaron a la zona fronteriza de Arizona, donde ocurrió el incidente, para recabar testimonios de personas que presenciaron los hechos en los que fue ultimado el joven migrante originario de Puebla.
De acuerdo con reportes del consulado de México en Douglas, Arizona, el joven mexicano falleció por impacto de arma de fuego, cuando en compañía de un grupo, entre los que estaban tres de ellos sus familiares dos de ellos hermanos se encontraba en el área fronteriza de Naco, a unos 500 metros dentro de territorio estadunidense.
Tras los acontecimientos, los familiares de Francisco Javier fueron detenidos y ahora se encuentran bajo custodia de las autoridades federales de EU, en calidad de "testigos de cargo". Personal consular de México supervisa la detención provisional de los familiares y se tramitan las gestiones que permitan que dicha detención sea lo más breve posible y puedan atender el proceso legal en libertad. Y, en caso de que así lo deseen, garantizar que su repatriación a México se realice de forma expedita, ordenada y segura.
De acuerdo con un comunicado de la cancillería, el consulado mexicano en Douglas, en coordinación con el gobierno del estado de Puebla, lleva a cabo las gestiones necesarias para la repatriación de los restos del joven mexicano muerto.
Un caso similar ocurrió el 30 de diciembre de 2005, cuando otro ciudadano mexicano, Guillermo Martínez Rodríguez, fue asesinado por la espalda y con un disparo con una bala expansiva por un agente de la Patrulla Fronteriza, en el Cañón Zapata, en Tijuana. En ese entonces el gobierno mexicano, tal como lo hace ahora, presentó una nota diplomática al Departamento de Estado, anunciando que no escatimaría esfuerzo alguno para exigir el pleno esclarecimiento del caso. A más de un año de aquel acontecimiento, todavía no se conoce el resultado de la investigación que, según dijeron las autoridades estadunidenses, se había iniciado.
Diversas organizaciones pro migrantes han denunciado reiteradamente que la Patrulla Fronteriza tiene como práctica común obstruir toda investigación en contra de sus agentes, por lo que existe completa impunidad ante este tipo de delitos.
La Coalición Pro Defensa del Migrantes, una red bajacaliforniana de albergues, denunció que este tipo de casos es un claro ejemplo de esta impunidad cuando se trata de investigar agresiones, abusos, asesinatos y violaciones a los derechos humanos de ciudadanos extranjeros.