Investigará la FBI muerte de mexicano
Hermosillo, Son., 17 de enero. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) atrajo las indagatorias del asesinato de Javier Domínguez Rivera, de 22 años de edad, quien murió el viernes pasado a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza en Douglas, Arizona. El portavoz de la corporación policiaca, Jesús Rodríguez, informó que el guardia que dio muerte al migrante mexicano, de quien no reveló su identidad, fue enviado a realizar labores administrativas en el departamento de la Patrulla Fronteriza, en tanto concluyen las investigaciones.
A pesar de la exigencia de los familiares de la víctima, las autoridades estadunidenses guardan hermetismo sobre cómo ocurrieron los hechos.
Rodríguez no proporcionó más información sobre el incidente, con el argumento de no querer entorpecer las indagatorias; sin embargo, dijo que la vida del agente estaba en riesgo, razón por la cual disparó contra Domínguez Rivera durante una discusión que se tornó tensa.
En tanto, la gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, manifestó su preocupación por el incidente ocurrido el pasado fin de semana en el que perdió la vida Javier Domínguez Rivera, quien junto con seis personas se internó de manera ilegal por la frontera de esa entidad limítrofe con Sonora, México.
Se pronunció porque se investigue a fondo el crimen en el que se involucra a un agente de la Patrulla Fronteriza. "Todo incidente en el que participen oficiales fronterizos debe ser investigado con el propósito de deslindar responsabilidades", apuntó.
La frontera entre Arizona y Sonora se ha convertido en la puerta principal para el cruce ilegal de migrantes y drogas; durante el ejercicio fiscal de 2006 más de 300 mexicanos perecieron en su intento por alcanzar el "sueño americano".
En tanto, la Secretaría de Gobernación aseguró que en la repatriación de 18 migrantes de origen guatemalteco detenidos por autoridades municipales el pasado 10 de enero el Instituto Nacional de Migración facilitó "en todo momento la tarea de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos" (CNDH).
En un comunicado, la dependencia precisó que los extranjeros fueron entregados a la subdelegación local en la Ventosa, Oaxaca, para su resguardo, y en coordinación con la CNDH se otorgaron todas las facilidades para presentar su querella ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca.
El pasado 10 de enero, policías municipales de Ixtepec, Oaxaca, detuvieron a los migrantes, quienes estaban acompañados por el sacerdote Alejandro Solalinde; la forma en que fueron detenidos provocó la movilización de ciudadanos de aquella región y la denuncia por violaciones a los derechos humanos por el operativo de las autoridades migratorias.
Al respecto, Gobernación aseveró que después de rendir su declaración ministerial, los migrantes manifestaron su deseo de acogerse al Programa de repatriación digna, ordenada, ágil y segura, por lo que se les trasladó el pasado fin de semana a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas, desde donde fueron enviados a su lugar de origen.