El tope, acto de buena voluntad, dicen productores
El pacto firmado por el Ejecutivo federal para fijar el precio de la tortilla en 8.50 pesos es un acto de "buena voluntad" y, por tanto, no tiene ningún sustento legal que obligue a los tortilleros a sostener ese precio, aseguró el secretario nacional de la Confederación de Productores Agrícolas de Maíz en México (CNPAMM), Héctor Carlos Salazar Arriaga.
El productor agrario dijo que el gobierno "no se atrevió" a fijar un precio oficial y, como consecuencia, la cantidad de 8.50 pesos por kilo de tortilla es algo "voluntario" que puede acatarse o no. "Si un establecimiento vende el kilo de tortilla a 10 pesos no se le puede sancionar, porque el pacto no establece ningún decreto legal que castigue a quien venda la tortilla arriba de 8.50 pesos. A los que firmamos el pacto nos lo plantearon así, como acto de buena voluntad de los sectores de la cadena maíz- tortilla para beneficiar a la sociedad".
Respecto del desconocimiento del pacto por parte de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías (UNIMTAC), debido a que no fueron invitados a firmar el acuerdo, dijo que esa asociación quedó excluida porque no demostraron personalidad jurídica para pertenecer al Consejo Promotor y Regulador de la Cadena Maíz-Tortilla. "Si se da cabida a asociaciones sin personalidad jurídica, entonces se abre la puerta a coyotes de la masa, de los granos y de las tortillerías".