Usted está aquí: jueves 25 de enero de 2007 Política Analizan hoy en el IFE recortar los recursos que se brinda a partidos

Algunos consejeros consideran que es ilegal recortar esas prerrogativas

Analizan hoy en el IFE recortar los recursos que se brinda a partidos

El plazo para decidir las disminuciones de fondos vence el próximo día 31

ALONSO URRUTIA

Ampliar la imagen Las negociaciones entre los consejeros del IFE son intensas para concretar el plan de austeridad a realizarse en 2007. En la imagen aparecen Andrés Albo y Luis Carlos Ugalde, en septiembre de 2006 Foto: Cristina Rodríguez

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral (IFE) discutirá esta tarde la posibilidad de reducir las partidas que se otorgarán a cada uno de los institutos políticos en 2007, en medio de una división de criterios. Para algunos consejeros es la oportunidad de avanzar en la demanda social de reducir los gastos partidistas, pero otros ven en esto una violación al decreto del presupuesto que establece que el recorte debe dejar intactas estas prerrogativas.

Esta discusión no es la única que parece entrampar la posibilidad de lograr un acuerdo de consenso en la ejecución del recorte de los 720 millones de pesos al instituto, pues también ha generado diferencias la diminución al gasto de las oficinas de los consejeros, como parte del paquete de austeridad.

El IFE dispone hasta el 31 de enero próximo para aprobar el ajuste del presupuesto en sesión del Consejo General; sin embargo, se prevé que esta misma semana quede saldado el ajuste en las diversas direcciones operativas.

En principio, la vía de un sustancial recorte de personal parece estar descartada, entre otros aspectos, por el costo que implicaría la liquidación de quienes sean cesados de sus cargos.

Uno de los puntos que podría derivar en una fuerte discusión interna es el destino del dinero a los partidos políticos. De entrada, los nueve consejeros tienen claro que los 720 millones de pesos deberán ser asumidos por el gasto operativo del IFE, lo cual no impide que algún sector de ellos pugne por ajustar las partidas partidistas por la vía de modificaciones a la fórmula de integración de la misma.

El argumento en pro de dicha determinación es la necesidad de responder al reclamo social de reducir los cuantiosos recursos que se otorgan a los partidos políticos, algo que en la Cámara de Diputados se buscó evitar con los términos en que fue redactado el decreto del presupuesto.

Esto es lo que fundamenta la postura de otro grupo de consejeros, para quienes cualquier modificación de la propuesta presupuestal enviada a la Cámara de Diputados haría obvia la violación al decreto que ordena mantener intactas las prerrogativas.

En esta lógica, la partida de 2 mil 899.3 millones de pesos debería quedar inamovible porque, entre otros aspectos, ésta fue la propuesta que originalmente hizo el IFE a la Cámara de Diputados. Por tanto, no habría motivo para modificar un cálculo que el propio instituto hizo si no ha habido modificaciones en los factores que integran la fórmula de la que se desprenden las partidas asignadas.

Un día después, el viernes, se tiene prevista una reunión de evaluación estratégica, de la cual saldría finalmente la propuesta definitiva sobre el presupuesto que ejercerá el IFE en 2007.

De entrada, el programa de actualización del padrón electoral registrará modificaciones sustanciales no sólo para este año, sino para los dos subsecuentes, en razón de que será el que en mayor medida absorba el recorte presupuestal.

En principio, se ha solicitado a las áreas proponer ajustes proporcionalmente similares al recorte general ­alrededor de 14 por ciento­ para después replantear prioridades.

Sin embargo, la discusión se ha entrampado en la manera como las propias oficinas de los consejeros absorberán ese recorte. Hay planteamientos de reducir en 5 y 10 por ciento el gasto en algunos rubros como gasolina y telefonía celular; sin embargo, otras propuestas hablan de que las partidas globales próximas a los 5 millones de pesos anuales con que opera cada oficina, deben aportar mayores proporciones al recorte que en concordancia realizarían otras áreas.

 
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