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Matteo Dean*

Asilo político y refugio, cancelados de facto por la UE

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la joven Organización de las Naciones Unidas (ONU), se estableció la Convención sobre el Estatus de Refugiados (1951), y su protocolo (1967), que definían la condición de refugiado como el de toda persona que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera, acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él". Dicho en otras palabras, la ONU ofrecía un marco jurídico para todos aquellos que de una forma u otra eran perseguidos en su propio país de nacionalidad, obligando a los países adherentes ­en 2006 suman 70 en todo el planeta­ a ofrecer protección. La Convención de Ginebra, por la ciudad suiza que hospedó la firma del tratado, sirvió cual extremo instrumento político y jurídico para ofrecer protección y ayuda a los que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX escapaban de su país por ser perseguidos. Sin embargo, con la caída del Muro de Berlín tal instrumento comenzó a sufrir su primera importante crisis en la joven Comunidad Europea.

La guerra en la ex Yugoslavia dio la primera muestra de cuán poco adecuada fue la convención frente a los nuevos equilibrios globales: casi 300 mil personas llegaron a Italia y a Europa sólo en 1992. ¿Cómo ofrecer refugio a tal cantidad de personas? Ese fue sólo el primer caso de un largo proceso de crisis del refugio como institución en la Unión Europea (UE).

A esta situación objetiva, en los últimos años han venido añadiéndose más claras y explícitas prácticas políticas con huella xenófoba. El crecimiento de las desigualdades económicas (y democráticas) a partir de los años 90 entre los países europeos y sus periferias lleva a la obsesión de un eficaz control migratorio, por el temor de crecientes flujos migratorios hacia Europa. Si a esto le añadimos el completo fracaso de las políticas de acogida e integración, nos encontramos frente a un escenario en el cual la UE en su conjunto, y separadamente cada país de la unión, han buscado la manera de ir borrando el derecho de asilo y refugio consagrado en 1951.

El Tratado de Amsterdam de 1997 pone en primer plano el derecho de asilo; sin embargo, pronto el instrumento legal e ideológico va haciendo del derecho fundamental a la seguridad y protección una quimera que desaparece del orden práctico de la política migratoria europea. Primero difundiendo el infundado temor de una invasión, por la cual la situación en las fronteras se vuelve insostenible; luego impugnando de forma siempre menos sutil el derecho al asilo; en fin, desplazando el problema lejos de los ojos de la opinión pública, con la deslocalización espacial, internando migrantes y refugiados en los centros para la prevención de la tortura (CPT) o frenando su llegada en los países periféricos. Primero con el argumento de las demandas de refugio "fraudulentas", luego con el pretexto de los "países seguros", la UE ha ido eludiendo el problema de los refugiados, para finalmente encontrar la solución de la manera más sencilla: la deslocalización de la demanda.

Con los acuerdos que la UE está firmando y aplicando con los países periféricos ­norte de Africa y este europeo­ sobre el tema migratorio, Europa está desplazando el control de los elevados flujos migratorios, delegando al mismo tiempo la recepción de las solicitudes de protección, teniendo el refugiado la obligación de pedir protección en el primer país adherente que encuentre en su camino de huida, según la misma convención de 1951. Dicho en otras palabras, los migrantes que hoy escapan de conflictos y/o persecuciones, procedentes de países africanos (léase Darfhur, Chad, Congo, etcétera) hoy se encuentran sin la posibilidad de llegar a Europa y pedir asilo, puesto que son detenidos antes, en el norte Africa. Para reírse, si no fuera que cuesta lágrimas y vidas, es el hecho que muchos de los países norteafricanos que "cooperan" con la UE en el control de los flujos migratorios ni siquiera son signatarios de la Convención de Ginebra. De tal manera que no sólo el que escapa tiene mucho más escasas posibilidades de encontrar protección, sino que en algunos casos ­Libia, por ejemplo, uno de los principales referentes europeos en Africa­ no tiene siquiera la oportunidad de pedirla.

Una paradoja europea. La UE, que busca presentarse como alternativa democrática a la prepotencia y arrogancia estadunidense, y al mismo tiempo es promotora más o menos consciente de las desigualdades e injusticias que provocan sus propias políticas económicas, se niega a recibir el resultado más concreto y vivo de su propia política: los prófugos de guerras, carestías y políticas económicas neoliberales.

* Periodista italiano

 
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