El instituto niega que Ugalde recibiera bono por boda
Descartan en el Congreso que proceda controversia del IFE
Diputados y dirigentes partidistas reaccionaron de inmediato ante la pretensión del Instituto Federal Electoral (IFE) de interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra los recortes presupuestales aplicados por la Cámara de Diputados. El presidente nacional del PRD, Leonel Cota, dijo que sería "simplemente una acción ilegal para evitar la cancelación de privilegios" que disfrutan los consejeros electorales quienes, aseguró, sólo en 2004 gastaron más de 3 mil millones de pesos en una partida de estímulos a funcionarios, de los cuales 250 mil pesos fueron utilizados para la primera boda del consejero presidente Luis Carlos Ugalde
De acuerdo con el Estatuto del Servicio Profesional Electoral aprobado por el Consejo General del IFE encabezado por José Woldenberg, todo el personal de esa área, administrativo y los propios consejeros, disponen de un mes de sueldo base, "de acuerdo al nivel que ocupe y conforme al tabulador vigente", cuando contraiga matrimonio. Actualmente el salario mensual de los consejeros es de 152 mil pesos.
Anoche, en un comunicado de cuatro párrafos, donde habla del ajuste presupuestal, de la demanda de controversia constitucional y de los estímulos anuales al personal, el IFE rechazó que Ugalde haya recibido algún bono por haber contraído nupcias en diciembre de 2003.
Por otra parte, Cota Montaño exigió la inmediata cancelación de esos privilegios, pidió realizar recortes "a fondo" a toda la estructura directiva y prohibir a consejeros y funcionarios del IFE hacer "turismo político" con dinero del erario federal.
"Debemos terminar con estos privilegios coloniales; es parte de las compras de conciencia", afirmó. Además, anunció que el PRD investigará a fondo la partida de estímulos a funcionarios, que sólo en 2004 absorbió más de 3 mil millones de pesos.
Entre esas indagatorias, dijo, se verá lo relativo al acuerdo JGE9499 que otorga privilegios de dote matrimonial, que fue utilizado por Ugalde cuatro meses después de que asumió la presidencia del IFE.
"El dinero utilizado por Ugalde, que se casó y se divorció, no tendría importancia si no hubiese hecho uso de 250 mil pesos de recursos públicos para su boda. Espero que en su siguiente matrimonio no lo haya hecho así de nueva cuenta", apuntó.
Ese monto es relevante, resaltó Cota, porque ahora el Consejo General del IFE no quiere perder esos privilegios frente al recorte de 720 millones de pesos que hicieron los diputados.
En tanto, en la Cámara de Diputados el PRI precisó que el IFE, como ente autónomo, no tiene legitimación para iniciar una controversia constitucional, porque este tipo de procesos sólo se interponen, como señala el artículo 105 de la Constitución, entre poderes y gobiernos.
La intención del IFE, dijo Carlos Chaurand, "es una barrabasada, un arranque", porque el recorte afecta, esencialmente, los altos salarios de los consejeros. "Tal parece que por eso se defienden como gatos boca arriba, como dice el dicho."
El representante del PRD ante el IFE, Horacio Duarte, también puso en entredicho las facultades del órgano electoral para interponer una controversia: "Si se atiene a lo establecido expresamente por la Constitución, el instituto no puede promover dicho recurso, pero una lectura más amplia de la misma sí podría darle entrada".
Pero esto, agregó, llevaría a otro debate, pues el Congreso podría argumentar exactamente lo mismo aunque con mayores elementos legales al reivindicar su facultad exclusiva de aprobar y distribuir el presupuesto.
Deploró el "pésimo tacto político" de los consejeros electorales de promover esta controversia, precisamente en el contexto del debate desatado en el Congreso sobre la remoción de aquéllos. "Hay una pésima lectura política de la coyuntura, con lo cual sólo se puede contribuir a escalar la confrontación".
Así, en el diferendo iniciado por el IFE, en momentos en que el PRI en el Senado y el PRD en San Lázaro, promueven la destitución de los consejeros, legisladores de ambas bancadas, así como algunos del PAN, lamentaron la posición del órgano electoral, sobre todo porque, insistieron, al aprobar un recorte al gasto no violaron su autonomía.
Héctor Larios señaló que "la Cámara tiene el derecho de hacer (sic) el presupuesto, de acotar las facultades del IFE, pero si éste dice que no puede ser acotado, quiere decir que no hay mejor solución que acudir a la Corte y (que) sea ésta la que determine quién tiene la razón".
Javier González Garza, coordinador perredista, redujo la postura del IFE a "un divertimento" de los consejeros. Consideró que el debate no debe enfocarse en el gasto del instituto, sino en asumir acciones "drásticas" para recuperar la "institucionalidad" del organismo.