Despierta enigma muy sospechoso en defensores la liberación y recaptura de Sérpico

Cavallo estuvo libre 24 horas en España

Aparente descoordinación judicial causó la excarcelación del represor argentino

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 30 de enero. Ricardo Miguel Cavallo, el represor argentino procesado en España por crímenes de genocidio, asesinato y tortura durante la dictadura militar argentina (1976-1983), estuvo en libertad durante 24 horas, tiempo en que pudo haber huido a su país y evadir la acción de la justicia.

Al parecer un problema de "coordinación" en la Audiencia Nacional española fue la razón de la liberación de Cavallo, conocido como Sérpico o Marcelo, quien volvió a la prisión de alta seguridad de Soto del Real por orden del magistrado Fernando Andreu.

En la liberación y rencarcelamiento de Cavallo hay, según los abogados de la defensa, un "enigma muy sospechoso", pues a pesar de la gravedad de los hechos no se ha informado de manera convincente los pormenores de la misma.

Según Carlos Slepoy, abogado de la causa popular, los magistrados de la sección tercera de la sala de lo penal del órgano judicial justificaron la medida en que aún no habían recibido la petición de extradición por la justicia argentina, cursada hace más de un mes por el juez Torres. Esto ocasionó que, cumplidos los 40 días desde que se dictó el auto en el que se declaró "no competente" la Audiencia Nacional en este proceso y al agotarse el plazo máximo de cuatro años de prisión preventiva, Cavallo recuperara la libertad por unas horas.

El procedimiento habitual es que el juez que solicita la extradición ­en este caso el argentino­ dicta un auto que a su vez remite a las autoridades de su país para que, por medio de las vías diplomáticas habituales, presente ante las autoridades del otro país ­en este caso, las españolas­ la petición formal de extradición.

Este documento, que al parecer no había llegado a Madrid hasta este martes, garantiza que el presunto delincuente se encuentre vigilado y en calidad de detenido durante el proceso de extradición, que se puede prolongar más de año y medio.

Slepoy manifestó su indignación ante el errático funcionamiento de la justicia española, ya que la liberación de Cavallo pudo haber propiciado su "huida del país", que se evitó gracias a que Sérpico "se presentó voluntariamente ante el juez, supongo que lo haría confiado de seguir en libertad, pero se sorprendió de que el magistrado ordenara de nuevo su detención".

El historial judicial de Cavallo inició en 2000, cuando la policía mexicana, en colaboración con la Interpol, lo detuvo en Cancún, cuando estaba a las puertas de un avión en el que pretendía huir a Argentina. Cavallo era director del Registro Nacional de Vehículos del país, cargo al que accedió gracias al gobierno de Ernesto Zedillo y a que escondió durante años su verdadera identidad.

A su llegada a España tras ser extraditado por México, Marcelo fue interrogado por el magistrado que instruía la causa, Baltasar Garzón, quien durante los pasados tres años recopiló numerosos testimonios y pruebas para formalizar la petición de apertura del juicio oral. Tras las indagatorias, el magistrado demostró la presunta implicación de Cavallo en al menos 337 secuestros, 227 de personas cuyo paradero aún se desconoce, además de la desaparición de 16 mujeres que parieron en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (principal centro de represión y exterminio de la dictadura) y de sus respectivos hijos, así como en 21 casos de torturas.

Por estas atrocidades, la Fiscalía del Estado y la acusación popular solicitaron una pena que oscilaba entre 13 mil 300 y 17 mil años de cárcel.

Sin embargo, la Audiencia Nacional decidió en diciembre pasado que "no era competente" para juzgar estos delitos, al sostener que en Argentina se derogaron las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, lo que, según los magistrados, garantizaba un proceso justo a las víctimas. Además de que no se ha resuelto el diferendo entre México y España en este caso, ya que el Tratado Bilateral de Extradición exige que se pida una autorización al país que extraditó al detenido si éste va a ser trasladado o juzgado en un tercer país. Esta autorización no se ha pedido al gobierno mexicano.