Aprueban acuerdo para condenar la censura a AMLO
El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó anoche un punto de acuerdo para exigir a la Secretaría de Gobernación que "cumpla puntualmente con la difusión de los programas del PRD" denominados Toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Al proponer el punto de acuerdo, el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar advirtió que la dependencia está aplicando una censura previa contraria a la Constitución.
Hacia la medianoche, el representante del PRD ante el instituto, Horacio Duarte, se había inconformado con los términos en que se estaba planteado el acuerdo y exigió que se incluyera un punto para que se interpusiera una denuncia penal contra los funcionarios de Gobernación y que se impulsara una controversia constitucional por una violación a las facultades del IFE.
A su vez, el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, sostuvo que es inadmisible que el Poder Ejecutivo esté limitando un derecho constitucional. "No se puede avalar, bajo ninguna circunstancia, la censura previa", manifestó. Ante ello, propuso fijar un plazo a Gobernación para acatar el planteamiento del Consejo General, que ha condenado unánimemente la censura previa. Subrayó que mediante este plazo el instituto electoral podría analizar otras medidas legales.
El consejero Virgilio Andrade fue más allá y puntualizó que las actitudes asumidas por el director de Radio, Televisión y Cinematografía, Eduardo Garzón y el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, violan el marco constitucional, la legislación electoral y los tratados internacionales. "Es sano y elemental que se restituya la legalidad por parte de la dependencia", expresó.
El perredista Duarte criticó duramente el tono de la respuesta de RTC, que anticipó que los programas no se difundirán por considerarlos falsos y violatorios de la legislación, lo cual, sostuvo, representa un abierto desafío al IFE. "En su actitud existe una argumentación falaz para justificar un desacato constitucional", puntualizó.
Luciano Pascoe, de Alternativa, censuró que en el nuevo gobierno de Felipe Calderón se esté dando "un retroceso de esta magnitud" en algo que ha costado años a la democracia, por lo que subrayó que se debe emplazar y exigir la restitución de los programas de López Obrador, "todos y cada uno, sin excepción". La respuesta de RTC, añadió, "insulta a la razón". Pidió que se exija a Ramírez Acuña el acatamiento de la ley y se remueva de inmediato a Garzón.
Con matices, la actitud de Gobernación mereció la condena de todos los partidos políticos, incluido el PAN, que mencionó que deben analizarse los límites a la libertad de expresión establecidos en el artículo 42 del Cofipe. Otros condenaron los retrocesos democráticos que esto representa.
Casi a la medianoche, en sesión pública, el consejero Gómez Alcántar dio a conocer que RTC había respondido al emplazamiento de informar sobre las razones por las cuales no difundió el programa. Indicó que más allá de que no se esté de acuerdo con los contenidos, la Constitución y el marco legal garantizan que no puede haber censura previa.
En cualquier caso, expuso, si se tienen dudas sobre el contenido del programa, éste no se ha difundido y, en su caso, las posibles violaciones legales no han ocurrido, por lo que "estamos frente a un acto de censura contrario a la ley a partir de una valoración previa de carácter ideológico por la autoridad".
Arturo Sánchez secundó la propuesta de que el IFE cumpla su obligación de que los partidos políticos puedan utilizar plenamente sus prerrogativas. Pidió al perredista sumarse al punto de acuerdo propuesto por Gómez Alcántar, ante ciertas dudas sobre la viabilidad de algunas acciones legales planteadas por el sol azteca.
El representante perredista del Poder Legislativo, Javier Hernández, censuró los términos "groseros" en los que se expresó Garzón y sostuvo que el IFE debería ser enérgico para impedir que por la vía de los hechos la Secretaría de Gobernación vuelva a estar "decidiendo aquí, en este Consejo, cuando tantos años nos costó sacarlo de aquí". Pidió mayor energía en la postura del instituto, porque no es la primera vez que la dependencia incumple la legislación. "La ley no se negocia y se debe obligar a Gobernación a cumplirla", insistió.
Elías Cárdenas, de Convergencia, se unió a la condena por la actitud asumida por Gobernación y recordó que en este Consejo General el ex representante del PAN Germán Martínez Cázares defendió con vehemencia la libertad de expresión. Por ello pidió que el IFE dé vista a la Secretaría de la Función Pública, cuyo titular es el propio Martínez Cázares, para que sancione esta violación "contumaz" a la libertad de expresión.