Usted está aquí: jueves 1 de febrero de 2007 Política Renuncia fiscal especial de delitos cometidos contra periodistas

No resolvió ningún caso de 108 averiguaciones previas

Renuncia fiscal especial de delitos cometidos contra periodistas

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

A partir de este jueves, la Fiscalía Especial para la Atención Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) está acéfala; fuentes oficiales confirmaron que David Vega Vera formalizó ayer la entrega de sus oficinas, luego de nueve meses en que se iniciaron 108 averiguaciones previas, sin que a la fecha se haya dado a conocer oficialmente el esclarecimiento de uno solo de los casos.

De acuerdo con los informes recabados, Vega Vera habría entregado sus oficinas poco después del mediodía y se entrevistó con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, para entregar un balance de su trabajo y lo que a su juicio son las necesidades de la FEADP en lo subsecuente.

La fiscalía deja en manos de otros órganos de la PGR la mayor parte de los casos en los cuales se presume que estuvieron involucrados integrantes de la delincuencia organizada, como es el asunto de Alfredo Jiménez Mota, quien desapareció en Sonora en 2005.

Asimismo, queda pendiente la información de los avances de más 50 averiguaciones previas por delitos como amenazas y homicidios.

Vega Vera habría entregado al actual subprocurador de Derechos Humanos, Juan de Dios Castro Lozano, las instalaciones, después de una auditoría administrativa y financiera, similar a las que se realizan en toda la PGR.

Durante los nueve meses que duró en el cargo, David Vega Vera dio a conocer dos informes de avances, en los cuales, mayoritariamente, señalaba las comparecencias o diligencias ministeriales por realizar en cada expediente.

Otro de los casos que han quedado pendientes y que deberá concluir quien sea designado nuevo titular de la FEADP, es el de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, quien fue detenida en diciembre de 2006 por policías judiciales de Puebla, presuntamente de manera ilegal en Cancún, Quintana Roo.

 
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