Agentes federales y militares realizan también actividades de inteligencia en seis estados
Los operativos antinarco, hasta que las policías locales sean dignas de confianza
No se considera el retiro en un tiempo breve, revelan fuentes de la SSP y la PGR
Ampliar la imagen
El proyecto de instalar 500 bases de la PFP en el país para combatir el crimen organizado busca tener una policía de proximidad social, afirma el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. La imagen, durante el operativo Coahuila Seguro, en noviembre pasado
Foto: Notimex
Los operativos policiaco-militares que se realizan en seis entidades del país terminarán hasta que el gobierno federal tenga la seguridad de que se puede confiar en las policías locales, revelaron fuentes oficiales.
Indicaron que sacar en estos momentos a los agentes federales de entidades como Guerrero y Michoacán significaría permitir un "rebote" de la incidencia delictiva.
Según información recabada en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y en la Procuraduría General de la República, además de los despliegues iniciales de elementos policiacos y efectivos militares, grupos especiales de análisis desarrollan actividades de inteligencia en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero y Baja California.
Cerco a la delincuencia organizada
Sin embargo, también se está recabando información de grupos de delincuencia organizada que operan en Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Colima. En esta última entidad el motivo es el puerto de Manzanillo, uno de los de mayor ingreso de mercancías al país y que se considera de los principales puntos de entrada de sustancias químicas utilizadas en la elaboración de drogas sintéticas.
Según las estimaciones oficiales, los operativos contra la delincuencia organizada han resultado "eficaces", ya que han disminuido los índices delictivos, que era "una de las principales preocupaciones".
Así, en sus pronósticos no han considerado el retiro en un tiempo breve, sino una larga estancia de efectivos militares y policiacos, hasta que las corporaciones de carácter estatal y municipal estén "saneadas" y las autoridades locales se responsabilicen ante el gobierno federal de que cuentan con grupos capacitados y sin infiltraciones de la delincuencia, especialmente de bandas dedicadas al tráfico de personas y estupefacientes.
Los datos que se recaben servirán para elaborar los mapas georreferenciados de la delincuencia, y supuestamente desarrollar acciones concretas contra grupos que han desatado la violencia en zonas consideradas importantes para el acopio, trasiego y distribución de enervantes, así como áreas de seguridad para bandas de traficantes de personas que operan desde Centroamérica hasta la zona fronteriza de México y Estados Unidos.