Usted está aquí: lunes 5 de febrero de 2007 Política Protección de los manglares

Iván Restrepo

Protección de los manglares

Como era de esperarse, poderosos intereses económico-políticos de los estados que cuentan con áreas costeras se inconformaron por la entrada en vigor del decreto que prohíbe "la remoción, relleno, trasplante, poda o cualquier obra o actividad que afecte la integridad del flujo hidrológico del manglar", así como del ecosistema y su zona de influencia.

El lunes señalamos aquí que se trata de una reforma a la Ley General de Vida Silvestre, aprobada el pasado 21 de diciembre por el Legislativo. La idea central es proteger el ecosistema más productivo y vital de la franja litoral, y de salvar de la extinción a diversas especies animales y vegetales.

Destruidos sistemáticamente en México y el resto del mundo, la comunidad científica y los grupos ciudadanos defensores de los recursos naturales emprendieron hace años una campaña para convencer a gobiernos, a comunidades de pescadores, a habitantes de las zonas costeras y a los inversionistas de las características únicas, de las tareas que cumplen y de las ventajas de conservar los manglares en buen estado.

Recientemente la campaña se vio reforzada con los datos sobre el aumento del nivel de los mares y el avance de sus aguas tierra adentro como uno de los efectos del calentamiento global. En el caso de México, los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de otras reconocidas instituciones advierten, por ejemplo, que la intrusión del agua marina será de, por lo menos, 40 kilómetros tierra adentro en la península de Yucatán para el 2050. Así, lo que hoy es el emporio turístico trasnacional más importante del Caribe quedará bajo las aguas, lo mismo que puertos, asentamientos humanos y las actividades económicas que se realizan en el litoral y su área de influencia.

El reporte divulgado el viernes pasado en París sobre los efectos del cambio climático coincide con dicho diagnóstico y llama a un cambio radical, a que la comunidad de naciones modifique su actitud hacia la naturaleza. En primer término, reduciendo el consumo y dispendio de hidrocarburos, utilizando fuentes alternas de energía, con más bosques y selvas, y ocupando sustentablemente la franja costera.

Pero mientras los científicos lanzan advertencias y el gobierno federal se compromete a proteger los manglares, el gobernador de Quintana Roo, Félix González, de gira por España ofrece, al igual que el licenciado Calderón, todas las garantías a los inversionistas iberos para que sigan haciendo la América en el Caribe mexicano.

El señor González, heredero de quienes propiciaron la segunda conquista, la empresarial (los corruptos Villanueva Madrid y Hendricks Díaz), se convierte en promotor inmobiliario en vez de garante de la riqueza natural de su estado. Cree que el país es un enorme fraccionamiento puesto a la venta al mejor postor. Así, los capitales encuentran aquí ventajas que en otras partes no tendrán y exigen el respaldo oficial para seguir depredando. Mientras, los bancos españoles Santander y BBVA obtuvieron el año pasado en México utilidades sin cuento en dólares.

En Quintana Roo y en otras 14 entidades costeras, los intereses privados unidos a las instancias oficiales locales expresan su inconformidad por la entrada en vigor de la reforma que protege los manglares y piden modificarla. Destacan los casos de Campeche, Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Chiapas y Tabasco, ricos en dicho ecosistema. Hasta el nieto de El General que gobierna en Michoacán, se sumó a la presión porque la nueva legislación "impide el desarrollo económico que proporcionan los recursos naturales para garantizar la satisfacción plena de los derechos sociales". Precisamente lo que no han hecho esos gobernadores, pues la destrucción de los ecosistemas costeros y la presencia de las cadenas hoteleras trasnacionales han ido de la mano de mayor desigualdad social y económica, lavado de dinero, enriquecimiento de funcionarios. Al lado de los hoteles de lujo, miles de pobres, como en Cancún y la Riviera Maya, anunciados como modelos de desarrollo turístico sin pobreza ni depredación.

¿Está el gobierno federal preparado para hacer cumplir la nueva legislación o, como es frecuente, será madrugado por los depredadores?

 
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