Usted está aquí: domingo 11 de febrero de 2007 Estados Guerrero: católicos amagan con ahorcar a familias evangélicas

Guerrero: católicos amagan con ahorcar a familias evangélicas

Chiepetlan, Gro., 10 de febrero. Católicos de la comunidad de Chiepetlán, municipio de Tlapa de Comonfort, amagaron con ahorcar a tres familias evangélicas si las autoridades estatales y municipales se oponían a la expulsión de las mismas del poblado.

"Llévenselos o los ahorcamos. Ahí están ya listas las cuerdas", fue la amenaza que lanzaron los inconformes frente a la comisaría municipal de Chiepetlán, donde ataron dos sogas rojas en un roble.

El conflicto se agravó hace dos semanas, cuando las familias evangélicas fueron acusadas por los católicos de negarse a cooperar en los trabajos comunitarios.

"El pueblo ya ha dicho que no los queremos aquí", señalaron a funcionarios de los tres niveles de gobierno que acudieron para entrevistarse con los inconformes.

Las autoridades arribaron a la cita con dos horas de retraso, lo que aumentó el enojo de la gente. "Ustedes han llegado muy tarde y el pueblo ya ha decidido conservar lo más valioso de nuestra comunidad que son las costumbres y tradiciones de nuestros abuelos, y estos señores ya no tendrán una oportunidad más", dijeron.

Al encuentro asistieron el enviado de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Villagrán; el subsecretario de Asuntos Religiosos del estado, Javier Bataz y el alcalde de Tlapa, Martimiano Benítez. También acudieron el delegado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Gilberto Mora, y el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera.

Tras cuatro horas de reunión no se logró acuerdo alguno. Los pobladores ratificaron su decisión de expulsar a los evangélicos que habitan desde diciembre pasado en la cabecera municipal de Tlapa, donde se encuentra recluido Miguel Balcázar Ramírez, de 82 años, detenido por negarse a ceder un solar que el pueblo decidió otorgar a otra persona.

Mientras, los funcionarios de los tres niveles de gobierno decidieron que era improcedente la resolución de la comunidad y que buscarían solución en 30 días.

 
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