Política económica: ¿por dónde?
Hasta ahora, la política económica del nuevo gobierno sólo ha ido de un lado a otro, con repeticiones constantes de los mismos temas que se han discutido, sin alcance alguno, desde el inicio de las reformas en la primera mitad de la década de 1980. Mientras tanto se pierde, día con día, la capacidad de orientar la actividad productiva hacia el crecimiento y garantizar mediante el empleo los ingresos familiares y la satisfacción de las necesidades básicas de la gente.
Un problema de la política fiscal hoy, y como ha sido el caso de los recientes responsables de la hacienda pública, es la concepción sumamente rígida, prácticamente de manual, de la gestión de los ingresos y gastos del gobierno, lo que al final reduce los márgenes de acción. A lo más que pueden aspirar así es a una estabilidad financiera como la actual que, paradójicamente, está llevando a una inmovilidad con consecuencias potencialmente graves.
La estabilidad no fomenta el crecimiento de la producción, este año se prevé incluso una tasa de expansión menor a la de 2006, no provoca mayores decisiones de inversión privada, orienta la actividad bancaria comercial al negocio más rentable de corto plazo que es la concesión de crédito al consumo, especialmente, mediante tarjetas de crédito, pero no alienta el ahorro, pues reduce las tasas de interés y abarata de modo artificial el valor del peso frente al dólar.
La condición estable de las variables financieras ya llegó hasta donde puede, y como ha advertido el secretario de Hacienda, los cálculos inerciales indican claramente que el balance fiscal no podrá sostenerse y se tiende hacia el déficit. La inercia quiere decir que se mantendrán las condiciones actuales, lo que es, por ciento, poco probable. El entorno externo se va a modificar en cuanto a las tasas de expansión de la demanda, de los tipos de interés, de la creciente competitividad de otras economías en relación a la mexicana, del precio del petróleo. Internamente la situación tampoco se va sostener, pues la estabilidad no es compatible con el proceso de formación de los precios en una estructura productiva poco flexible, dominada por empresas con amplio poder de fijar sus márgenes de ganancia y, por el otro lado, una mayor presión sobre el valor real de los salarios que se deprecia permanentemente.
Antes de que se empezara a operar de lleno el nuevo presupuesto federal ya se tuvo el aviso de los precios del maíz y las tortillas que dejó al descubierto buena parte de la estructura del mercado de los bienes básicos y la debilidad de las políticas públicas de abasto y de precios. Si las tendencias actuales indican que la situación del fisco se va a deteriorar, no es casual que otra vez esté en el centro del debate la reforma fiscal.
Los términos del debate son los mismos que planteó fallidamente el gobierno anterior. El ex secretario de Hacienda, José Angel Gurría, ahora en la OCDE, ha venido al auxilio e indicado en su reciente visita que el problema de la recaudación reside en el IVA, cuya estructura actual favorece a los más ricos. En la OCDE dijo que se piensa que el IVA debe aplicarse a prácticamente sobre todo el consumo, y añadió: "Después con los recursos adicionales que se van a captar se puede compensar con creces a los más pobres, a los más vulnerables, cuyo costo de su canasta básica habría aumentado". Este es el mismo "copeteado" de Fox.
La paradoja que ve Gurría, y que ya se ha señalado, es que se subsidia a los ricos. Pero no lo es, puesto que ésa ha sido la intención expresa de la política económica desde hace muchos años y por distintos medios, ya en el sexenio de Salinas, pero sobre todo en el de Zedillo y Fox.
El discurso de la compensación sería coherente si quienes lo proponen no fueran los mismos que se han empeñado en reducir la capacidad redistributiva del Estado que juzgan completamente ineficaz. Este argumento será difícil de sostener para Carstens y Sojo y los legisladores del PAN, pues no es compatible con la idea de que en julio se votó por el libre mercado, que no admite ese tipo de interferencias.
En el caso de la tortilla, a lo más que pudo aspirar la política pública fue a pactar con quienes controlan el mercado del maíz y con los industriales de la harina y la tortilla (que en algunos casos son los mismos) un alza de precio y, luego, en una campaña publicitaria decir que el consumo básico es muy importante y que se va a defender.
En el caso de los impuestos no puede ser muy distinto el tratamiento. Un aumento del IVA puede acrecentar a corto plazo los ingresos tributarios del gobierno que en conjunto no llegan a 12 por ciento del producto, incluyendo el petróleo. Pero eso no arreglará la debilidad crónica de las finanzas, puede tener un impacto recesivo que revierta esa ganancia y, en cambio, afectará la cuestión de fondo, que es la enorme desigualdad económica y social que existe en este país.