Editorial
Seguridad fronteriza vs. reforma migratoria
En Estados Unidos, la tesis que vincula la migración ilegal con amenazas a la seguridad nacional cobra cada vez mayor fuerza entre los sectores ultraconservadores del gobierno del presidente George W. Bush, como lo revelan las recientes declaraciones del secretario de Seguridad Interna, Michael Chertoff.
Ayer viernes, Chertoff consideró que antes de alcanzar un acuerdo migratorio es indispensable garantizar primero la seguridad en la frontera. Para explicar esta línea de acción, el funcionario agregó: "no podemos ser tan complacientes en cuanto a las amenazas que enfrentamos; sabemos que hay amenazas reales de que pueden atacarnos", en clara referencia a los grupos terroristas -sobre todo islámicos- enfrentados con Estados Unidos en una guerra sin cuartel.
Las declaraciones de Chertoff implican de facto la vinculación, aunque sin prueba alguna, entre los migrantes indocumentados cuyo "único delito" es buscar mejores oportunidades de vida y los terroristas que atacan blancos civiles, cobrándose muchas vidas inocentes: se trata, pues, de la criminalización de la migración ilegal, una nefasta tesis que se agravó después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y que ahora ha sido incorporada a la relación bilateral.
Esta criminalización acentúa la situación de vulnerabilidad que padecen los trabajadores indocumentados en suelo estadunidense: en este contexto, los grupos antimigrantes, como los Minutmen de Arizona, encuentran un caldo de cultivo propicio, y se convierte automáticamente a los migrantes en sospechosos y sujetos de denuncia ante las autoridades. Así, una reciente encuesta de Gallup señala que 63 por ciento de los estadunidenses se opone a otorgar visas de trabajo a los indocumentados, ello sin mencionar que esta postura refuerza las acusaciones sin fundamento de que los migrantes "roban" empleos y provocan inseguridad pública.
Esta política también constituye un peligroso respaldo a los numerosos intentos actualmente en curso para limitar la libertad y los derechos de los migrantes: el Congreso federal, varios congresos estatales y hasta autoridades de nivel municipal han lanzado escandalosas propuestas de ley para castigar a quienes ayudan a los indocumentados; negarles asesoría jurídica; penalizar a quienes les dan empleo; legalizar las razzias policiacas contra los migrantes; cobrarles onerosos impuestos a las remesas y negarles o limitarles el acceso a servicios básicos, como salud, vivienda y educación. Esto a pesar de que los trabajadores ocupan puestos de baja remuneración y sin futuro que los estadunidenses no están dispuestos a aceptar.
Pero lo más incomprensible del caso es que una reforma migratoria beneficiaría principalmente a Estados Unidos. De acuerdo con Raúl Hinojosa Ojeda, investigador del Centro de Integración y Desarrollo de América del Norte, de la Universidad de California, dicha reforma aumentaría los salarios de los indocumentados, que dejan en Estados Unidos 90 por ciento de sus ingresos y sólo destinan 10 por ciento a las remesas. Si se tiene en cuenta que actualmente los migrantes mexicanos -la mano de obra que sustenta los sectores hotelero, de la construcción, restaurantero y agrícola, entre otros- aportan un billón de dólares anuales a la economía estadunidense, cabe preguntarse a cuánto ascenderían estos beneficios con una reforma.
Es claro, pues, que la postergación de la reforma migratoria es perjudicial para ambos países y que una mayor vigilancia en la frontera, además de provocar más muertes, en nada contribuirá a detener un flujo imposible de parar: según el Banco Mundial, entre 1995 y 2000 dos millones de personas abandonaron México, la mayoría cruzando la frontera con Estados Unidos, y durante el sexenio de Vicente Fox, 400 mil migrantes se sumaron anualmente a este caudal.