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Miguel Concha

Jerarquía de los tratados

Consecuente con el sistema federal por el que México optó desde hace más de 130 años, y luego de una prolongada y compleja discusión de dos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó el pasado martes el criterio de que en la jerarquía de leyes del orden jurídico mexicano se encuentra en primer lugar la Constitución, en segundo los tratados celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, y finalmente las leyes federales y estatales. Sólo que, de manera sintomática, la votación en esta ocasión fue por el estrecho margen de seis votos contra cinco, a diferencia de la tesis aislada que en este mismo sentido se aprobó en 1999 con la unanimidad de 10 votos, por lo que la determinación no sienta jurisprudencia, y su observación no será obligatoria para todos los jueces en el país.

A pesar de todas las expectativas de la comunidad nacional e internacional de los derechos humanos, que consideró la resolución de aquel año como un paso para armonizar los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos aprobados por México con la Constitución, mediante la jurisprudencia de la Corte, de manera igualmente sintomática nada tuvo que ver en la actual controversia el tema de la jerarquización de este tipo de tratados, pues por el contrario el debate en definitiva se centró en la revisión de 14 juicios de amparo que promovieron diversas empresas contra el Presidente de la República y el secretario de Economía, alegando que se les estaban aplicando leyes fiscales que van en contra de lo que se establece en tratados comerciales internacionales, especialmente en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Es decir, que en adelante, y sólo en esta materia, como lo volvió a determinar la Corte, la primera y la segunda salas pueden con este criterio decidir si las disposiciones normativas nacionales impugnadas están en contra de lo que se establece en el TLCAN. Todo lo cual confirma una vez más la falta de sensibilidad y el desconocimiento del tema de los derechos humanos por parte de la mayoría de nuestros ministros; su alejamiento de la ciudadanía, el anacronismo y los vacíos de nuestra Constitución, así como la urgencia de que el Congreso por fin se haga cargo de este asunto en su anunciado propósito de reforma del Estado, a pesar de que para vergüenza del gobierno y desgracia de los mexicanos no parece incluirlo la ley recién aprobada al respecto.

Pone por ello sobre todo de manifiesto la urgencia de que la sociedad organizada reivindique con más fuerza sus derechos adquiridos, frente al Estado, el gobierno y los partidos.

Después de meses de diálogo entre las dependencias de gobierno, sectores académicos y organizaciones de la sociedad civil, en el que se tuvieron en cuenta las Constituciones de distintos países, el derecho internacional y estudios comparados de los diferentes sistemas de incorporación de los tratados de derechos humanos a las legislaciones nacionales, el año 2004 se logró un consenso para armonizarlos de manera más rigurosa y explícita con nuestra Constitución.

La iniciativa de reforma que se sugirió ese año consistió en adicionar al artículo 133 de la Constitución, que es el que ha estado al centro de los debates en la SCJN, el párrafo siguiente: "Los derechos reconocidos en los tratados internacionales que contengan normas de derechos humanos, que sean celebrados y aprobados conforme al párrafo anterior (es decir, celebrados por el presidente de la República, con aprobación del Senado), forman parte integral de esta Constitución y complementan y adicionan las garantías individuales en ella establecidas; en caso de contradicción, dichos derechos serán interpretados de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México".

Sería muy importante para todos que nuestros legisladores retomaran esta iniciativa, pues a pesar de la satisfacción que causó en todos los participantes de la fenecida Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, el anterior Ejecutivo federal decidió no presentarla al Senado, argumentando que los mismos objetivos podrían lograrse con una serie de reformas más amplias.

En contradicción con esto, el 26 de abril de 2005 el entonces presidente Vicente Fox firmó y envió luego al Senado una iniciativa de reformas que se aleja sustancialmente de la primera de las propuestas normativas que recomienda la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas al Estado mexicano, y no a los caprichos de su gobierno: "Adoptar en el texto constitucional el principio por el cual se establece la primacía de los tratados que componen el derecho internacional de los derechos humanos en los casos en que éste concede mayor protección a las personas".

México ya no aguanta que sigamos como antes.

 
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