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Errores individuales no deben ser asumidos por las instituciones: líder del Congreso

Senadores colombianos plantean revocar el Parlamento por crisis de la parapolítica

Crece la ola de críticas al presidente Uribe por negarse a excluir del gabinete a la canciller

DPA, AFP

Santafe de Bogotá, 18 de febrero. La crisis de la parapolítica colombiana, que el viernes obligó al presidente conservador Alvaro Uribe Vélez a defender la permanencia en el gabinete de su canciller María Consuelo Araújo, se extendió hasta el Congreso este fin de semana, luego que algunos senadores propusieron la revocación del mandato de todos los parlamentarios y la imposición de sanciones a los partidos que avalaron la carrera de ocho legisladores acusados judicialmente de tener nexos con paramilitares de ultraderecha.

La propuesta de revocación del Congreso fue planteada por Gustavo Petro, de Polo Democrático Alternativo, dos días después de que la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de seis congresistas por vínculos con organizaciones paramilitares, entre quienes está Alvaro Araújo, hermano de la ministra de Relaciones Exteriores, María Consuelo Araújo. Otros dos legisladores fueron previamente detenidos por la misma causa.

Un recuento de la revista Semana, en su edición de este sábado, destacó que "hasta ahora el escándalo de la parapolítica le ha dado una patada al ajedrez político de la Costa Atlántica. (El departamento de) César se quedó sin senadores. La representación del Caribe en el Congreso cayó de 28 a 22 senadores" y "en la mira" de la Corte está el departamento de Antioquia, donde posiblemente hay otros involucrados con los paramilitares.

Tras conocer la propuesta del senador Petro, la presidenta del Congreso, Dilian Francisca Toro, fue la primera en rechazar la iniciativa con el argumento de que "los errores individuales" de los parlamentarios "tienen que ser asumidos por cada persona, no por la institución".

También el ex presidente liberal Ernesto Samper rechazó la sugerencia de Petro al señalar la medida afectaría a "70 por ciento de los parlamentarios que no tienen ningún vínculo con el paramilitarismo".

Igual manifestó que experiencias del pasado en las que se derogó el Parlamento demostraron que esa no es la solución para tratar una crisis política como la que vive el país en este momento.

Iniciativa de ley para aplicar sanciones

Aunque no respaldó la propuesta de Petro, la senadora conservadora Gina Parody informó que en respuesta a la crisis de la parapolítica presentará en marzo una iniciativa de ley para sancionar a los partidos políticos donde militan los legisladores a quienes se les comprueben relaciones con grupos armados ilegales.

"Debe anulárseles su curul, debe haber devolución del dinero de reposición de votos y no podrán volver a presentar candidatos para las regiones que representaban", explicó la legisladora, quien además confió en que los partidos "firmen esta propuesta como muestra de volundad para rechazar los vínculos con la ilegalidad".

Este domingo continuó la ola de críticas al presidente Uribe y a la canciller Araújo por su negativa a ser excluida del gabinete. "La brillante carrera de servicio público de Araújo no soslaya el hecho de que ella es la cara de Colombia", comentó el diario El Espectador en su editorial dominical.

Semana señaló que la decisión de la Corte de pedir la detención del senador Alvaro Araújo sólo agregó un caso más en la lista de familiares de la canciller que tienen problemas con las autoridades judiciales. Su padre, ex ministro en el gobierno del liberal Alfonso López Michelsen (1974-1978), su hermano Sergio (bajo investigación por el gobierno estadunidense) y un primo también han sido "convocados por la justicia".

Esta es la segunda vez en menos de un año que Araújo es protegida por el presidente Uribe ante los cuestionamientos de la oposición y la opinión pública por las relaciones de sus familiares con paramilitares.

En el gobierno de Uribe -cuyo padre Alberto Uribe Sierra fue asesinado durante un intento de secuestro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 1983- se ha desarrollado un proceso de desmovilización de algunas estas fuerzas.

 
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