Por ayuda humanitaria erogó .5 por ciento de esa cifra

En 2006, Minera México ganó $16 mil 500 millones

Toneladas de tierra y de injusticia sepultaron a los mineros

PATRICIA MUÑOZ RIOS /I

Los cuerpos de 63 de los 65 mineros que fallecieron en Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006, un año después siguen sepultados por miles de toneladas de tierra y de injusticia. Las madres, esposas, hijos y demás familiares de los fallecidos no han obtenido -salvo dos casos- ni los cadáveres de las víctimas; lo único con que cuentan es la promesa del nuevo gobierno de que, ahora sí, se castigará a los responsables.

Mientras, Industrial Minera México (IMMSA), propietaria del yacimiento, en los 12 meses transcurridos aprovechó para cancelar el contrato colectivo con esta sección del sindicato minero, despidió a todos los trabajadores en activo y cerró la carbonera a las operaciones comerciales.

La empresa, principal subsidiaria de Grupo México en el campo de la minería, pagó poco más de 48 millones de pesos por la ''ayuda humanitaria'' que dio a las familias. A los sobrevivientes les pagó 100 mil pesos; a 240 trabajadores que estaban aún en servicio los liquidó con 125 días de salario -erogación única- y 27 días por cada año de servicio. En promedio les entregó de 70 mil a 80 mil pesos por 10 años de labores, y así dio por concluida la relación laboral, como consta en los finiquitos

El grupo corporativo obtuvo en 2006 las ganancias más elevadas en su historia. Con un incremento anual de 128 por ciento, las utilidades netas ascendieron a 16 mil 523 millones de pesos. De tal manera que el pago de indemnizaciones representó menos de medio punto porcentual respecto de sus ganancias. O bien, visto de otra manera, las utilidades fueron 257 veces mayores al costo del siniestro.

Documentos del proceso de separación e indemnización que emprendió IMMSA revelan que, en total, la compañía ha erogado más de 70 millones de pesos por decenas de años de trabajo de sus mineros, la ''ayuda'' a las viudas, las multas y los sueldos que sigue entregando a los familiares. Sin embargo, la empresa de la familia Larrea, que tiene en la lista de su consejo de administración muchos nombres de empresarios metidos en la política, no ha enfrentado ninguna responsabilidad de tipo penal por el accidente.

Para ello falta un largo trecho, ya que el gobierno calderonista, por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), reabrió el caso y reinició las investigaciones sobre el accidente; en la determinación de responsabilidades están involucradas la Secretaría de la Función Pública (SFP) y las procuradurías General de la República (PGR) y de Coahuila, las cuales llevan investigaciones independientes y monitorean pruebas y avances.

La STPS inclusive puso a revisión la multa por 185 mil 705 pesos 10 centavos, que su delegación federal en Coahuila impuso a IMMSA por el siniestro en Pasta de Conchos, a finales del año pasado, ya que según un memorando de la dependencia se ordenó la ''revisión integral'' del expediente para verificar si procedía la sanción. Esta multa es independiente de los 540 mil pesos que tuvo que pagar la empresa por ''violaciones a la Ley Federal del Trabajo''.

Tras un año, los expedientes regresan a la memoria nacional las imágenes del accidente, la desesperación y angustia de madres y esposas de los mineros; el engaño en que se mantuvo desde el 19 y hasta el 24 de febrero a los parientes de los fallecidos, cuando el ex secretario del Trabajo Francisco Javier Salazar insistía en que se trabajaba para ''rescatar a los sobrevivientes''; las escenas del funcionario huyendo a toda velocidad cuando, cinco días después del derrumbe, ya no pudo mantener la mentira y visiblemente nervioso dijo que en el yacimiento ya no era posible hallar ningún ''sustento de vida''.

Al revisar los comunicados que se emitieron a los pocos días de la tragedia resaltan las declaraciones del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien desde un principio polemizó con Salazar Sáenz, cuando sostuvo que no era factible que hubiera vida en la mina por la magnitud de la explosión, y cuando denunció que los funcionarios de la delegación local de la STPS simplemente abandonaron a los trabajadores. Notables, además, las declaraciones del entonces secretario en las que hablaba de que el líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, había sido depuesto y que había otro dirigente.

De entre los comunicados emergen las promesas gubernamentales de apoyo, como becas de la Secretaría de Educación Pública, casas, seguridad social y hasta capacitación y dinero en efectivo para microempresas, así como empleos temporales y atención sicológica. De todo esto la mayor parte quedó en el aire en el gobierno foxista, cuando las viudas inclusive se trasladaron varias veces al Distrito Federal para denunciar que nada se les había cumplido.

Acabó el sexenio y el nuevo secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, sacó a colación la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentada en julio del año pasado, la cual concluía que funcionarios de esa dependencia ''incurrieron en omisiones durante la inspección que se llevó a cabo en Pasta de Conchos''. Con el número 26/2006, y dirigido al entonces titular de la STPS, el documento señalaba que ''existieron diversas conductas tolerantes y omisas de funcionarios y empleados de esa secretaría en la aplicación de reglamentos y otras normas en materia de seguridad e higiene'', e inclusive advertía que estos servidores públicos tenían conocimiento de que el yacimiento funcionaba en condiciones que contravenían las normas. Por todo ello, recomendó acciones como indemnizar a los familiares conforme a derecho; que se interviniera ante el órgano interno de control para que se integrara el procedimiento iniciado en contra de los servidores públicos, ''por acciones y omisiones''.

En respuesta a esas recomendaciones, la STPS sólo emitió un boletín, en julio del año pasado, donde señalaba que ''celebraba'' el análisis.