Demandan que se investiguen omisiones de funcionarios
Exigen ONG el rescate de los cuerpos en la mina de carbón
Diversas organizaciones civiles demandaron ayer al presidente Felipe Calderón que se rescaten los cuerpos de los mineros que aún permanecen sepultados en la mina Pasta de Conchos; que se respeten, protejan y cumplan los derechos laborales, y que se acate la recomendación 26/ 2006 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que señala que "existen evidencias técnicas que permiten señalar la corresponsabilidad de la autoridad laboral por no hacer cumplir las normas y reglamentos, que son competencia de la Secretaría del Trabajo".
La secretaría ejecutiva de la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos dio a conocer el pronunciamiento de casi una veintena de organizaciones que manifiestan su indignación por que hasta el momento no han sido sancionados funcionarios de la Secretaría del Trabajo.
Las organizaciones civiles, entre ellas Espacio Desc, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y el Centro Pro, exigen al presidente Calderón que se sancione a los funcionarios bajo el mando de Francisco Javier Salazar Sáenz en la Secretaría del Trabajo; al ex director del Seguro Social, Fernando Flores; al ex titular de Economía, y que se retire la concesión a Industrial Minera México para la extracción de carbón mineral, por el desacato a las leyes que provocó el accidente en el que perdieron la vida 65 mineros el año pasado.
A su vez, el abogado Manuel Fuentes, del Cereal, señaló que la explosión de la mina ocho en Pasta de Conchos, y los hechos registrados durante 2006 en torno al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, resultan paradigmáticos en los mundos de trabajo del siglo XXI, sobre todo porque son una muestra clara de la regresión que existe en materia de protección, cumplimiento y garantía de los derechos laborales.
En conferencia de prensa, Fuentes refirió que ayer, al cumplirse un año de la tragedia en Pasta de Conchos, "hay muchas declaraciones y pocos resultados". Por ejemplo, el actual secretario del Trabajo, Javier Lozano, dice que no va a solapar a ningún funcionario que pudiera estar involucrado, pero en realidad la dependencia a su cargo está tratando de cerrar el caso.
"En días pasados, funcionarios visitaron casa por casa a los familiares de los mineros muertos, y les dijeron que el 19 de febrero vencía el plazo para proteger sus derechos, esto es, recibir pensiones e indemnizaciones. Algunos deudos han tenido que aceptar, otros no lo han hecho, pero con esto el gobierno de Coahuila engaña a las familias."
Explicó que de acuerdo con la ley, en el caso de que no aparezca el cuerpo de una persona "fallecida", pero que tenga la presunción de su deceso, el plazo empiezxa a correr hasta que ocurra la declaratoria de un juez.
Demandó que se investigue al ex secretario del Trabajo, al ex director del Seguro Social y al entonces secretario de Economía, porque lo que es un hecho es que no se realizaban inspecciones laborales.
Además, agregó, se cuenta con un expediente "que tuvimos que obtener por la vía del amparo" y da cuenta de la información que no querían dar a conocer y que habla de irregularidades de todo tipo, con lo que se refuerza la responsabilidad del gobierno federal, de la empresa y de la delegación del Trabajo en Coahuila.