Buscan los magistrados contrarrestar incertidumbre en la comunidad atenquense

Una comisión de la Corte investigará los abusos en San Salvador Atenco

JESUS ARANDA

La comisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que investigará los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, estado de México, en mayo pasado, deberá establecer "¿por qué se dieron esas violaciones (a las garantías individuales)?, ¿quién las ordenó?, ¿obedeció a una estrategia estatal o al rebasamiento de la situación y a la deficiente capacitación de los policías?

Lo anterior, quedó establecido en el engrose aprobado ayer en sesión privada por el pleno de ministros, en el que se precisaron los alcances de la indagatoria que iniciarán este miércoles los magistrados de circuito Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé.

En el documento aprobado por la Corte -en el que se precisó la sentencia emitida el pasado 6 de febrero- se señala que la comisión de magistrados no se centrará en determinar si hubo o no violaciones graves a las garantías individuales, "pues ya se tienen por demostradas", aunque en todo caso, podrán complementar las mismas.

El engrose elaborado por el ministro Juan Silva Meza enfatiza que la investigación tiene un doble propósito:

Que la sociedad mexicana y la comunidad internacional, y sobre todo, los habitantes de los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México, conozcan por qué ocurrieron los hechos que constituyen una violación grave a las garantías individuales y derechos humanos; con lo que se podrá contrarrestar el estado de incertidumbre y afectación en la vida de la comunidad, "que generaron los hechos y que motivaron la gravedad de las violaciones".

Todo ello, añade el escrito, dará confianza en que el Estado se interesa por la defensa de los derechos humanos fundamentales de los gobernados, al hacer que se respeten los límites que permiten la convivencia armónica de la sociedad".

El segundo objetivo, que dependerá del primero, permitirá que la Corte "establezca criterios sobre los límites de la fuerza pública; y en su caso, haga llegar a las autoridades competentes su opinión sobre las formas de reparación de la violación de garantías, ya sean jurídicas o civiles; así como también la opinión sobre posibles responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas".

Tratados internacionales

Deja en claro la responsabilidad del Estado mexicano al suscribir y ratificar tratados internacionales, ya que asumió un conjunto de obligaciones tendientes a garantizar cada uno de los derechos contenidos en esos instrumentos; lo que implica su deber de abstenerse de violarlos.

Subraya el documento que el gobierno mexicano no puede invocar "circunstancias excepcionales" como justificación de actos que impliquen tortura.

Para los ministros, el Estado tiene el deber de garantía, el cual implica obligaciones de prevenir, investigar y sancionar toda violación a los derechos humanos establecidos en instrumentos internacionales.

En este contexto, señala que, si de las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las pruebas aportadas por la abogada Bárbara Zamora, defensora de la mayoría de los inculpados, se desprende que las autoridades policiacas afectaron físicamente a un gran número de personas, en forma cruel e inhumana, "es de concluirse que sí se violaron sus garantías individuales y derechos humanos fundamentales".

El documento deja en claro que el Estado no puede argumentar que la afectación de garantías individuales "obedece al derecho de reacción ante un ataque", pues el Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, señala que los países firmantes (como México) no podrán invocar circunstancias excepcionales para justificar actos de tortura; además de que establece su obligación de capacitar a sus cuerpos policiacos, "para que al realizar cualquier tipo de detención no incurran en actos crueles e inhumanos como los que acontecieron en el caso concreto".

A diferencia del dictamen elaborado por Sergio Salvador Aguirre Anguiano, en el que rechazaba que la Corte investigara lo ocurrido en la localidad mexiquense, en el engrose sí se da cuenta puntualmente de escritos que documentan la muerte de Ollín Alexis Benhumea; testimoniales de los detenidos, de las mujeres que fueron atacadas sexualmente; así como fotografías y videos de los hechos ocurridos los días 3 y 4 de mayo del año pasado".

Por otra parte, la Corte precisó que los magistrados podrán ser asistidos por otros funcionarios y los costos serán sufragados por la el máximo tribunal.

Además de que los magistrados deberán rendir su informe correspondiente al pleno "a la brevedad que lo permitan las investigaciones", para que sea éste quien finalmente dictamine si existe la posibilidad de que existan responsabilidades políticas, penales, civiles o administrativas, que deban ser tratadas por las autoridades competentes.